Paralizada la expulsión a Siria de dos islamistas del 11-S

Mohamed Needl, sirio de 46 años, cumplió ocho años y medio de prisión por pertenencia a banda armada, una célula yihadista a la que se vinculó con los atentados terroristas del 11-S, pero al salir de la cárcel le entregaron una orden de expulsión durante 10 años por razones “de seguridad nacional”. Nayat, su mujer, ceutí, era la dueña de la casa de Morata de Tajuña donde los terroristas montaron las bombas que acabaron con la vida de 192 personas en los cuatro trenes de Atocha el 11 de marzo de 2004. “La hemos vendido por debajo de su precio para poder pagar al abogado”, asegura él.

La expulsión de Needl la acordó el pasado mes de febrero la Delegación del Gobierno de Madrid, pero su abogado ha conseguido paralizarla mediante la presentación de un recurso contencioso administrativo en el juzgado número 31 de Madrid en el que advierte de que “en Siria le está esperando primero la tortura y la cárcel, y luego la muerte, como ha ocurrido con tantos de sus compatriotas”. El juez todavía no se ha pronunciado.

El expreso es un hombre bajo, educado y vivaracho que habla un perfecto español. Vive en España desde hace 19 años, aunque no tiene la nacionalidad, y tiene cuatro hijos españoles. Antes de ser detenido en 2001 era el dueño de una empresa de reformas y decoración en la que trabajaban ocho empleados. “Las cárceles en Siria son centros de tortura. En seis por seis metros meten a un montón de personas. Allí me espera la muerte. Ya me advirtió el jefe de seguridad de la embajada en Madrid: ‘Tú te vas directamente a la cárcel nada más llegar a Damasco”, asegura mientras toma un café en un bar cercano a su domicilio en el distrito madrileño de Ventas.

Mohamed Needl fue juzgado y condenado junto a los miembros de la célula del también sirio Imad Eddin Barakat, Abu Dahdad. Su abogado, José Luis Abascal, recuerda en el recurso que ha paralizado la expulsión que entonces fueron acusados de pertenecer a los Hermanos Musulmanes, un hecho “que ni en España ni en Inglaterra es constitutivo de delito pero que conlleva una casi segura sentencia de muerte en Siria, tal y como viene advirtiendo desde hace tiempo Amnistía Internacional (AI)”.

AI hizo una campaña para detener la expulsión de Mohamed Zaher, de 44 años, otro sirio condenado a la misma pena que Needl y miembro de la misma célula juzgada en la Audiencia Nacional en el primer macrojuicio contra el terrorismo islamista celebrado en España tras los atentados del 11-S. “Llegamos juntos a España en 1991”, recuerda Needl. A los dos se les acusó de viajar a un campo entrenamiento terrorista en Bosnia, algo que ambos niegan.

Zaher es carpintero, su mujer Habiba es ceutí y tienen un hijo. “En mi país si entras a la cárcel no ves la luz. Si tienes suerte, mueres, si no, puedes perder una mano o un ojo en la tortura”, declaraba a este periódico hace un año.

El pasado mes de abril un juzgado de Granada acordó paralizar su expulsión, también por “motivos de seguridad nacional”.

La situación que se vive en Siria y la persecución del Gobierno de Bashar Asad a los Hermanos Musulmanes ha sido determinante en la decisión, según fuentes cercanas a la familia de Zaher.

La ley sobre libre circulación y residencia en España de ciudadanos de la UE y de otros Estados establece que cuando la expulsión se adopte por razones de orden público o de seguridad ciudadana deberá estar basada en la conducta personal y constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave. Para la policía, autora de los informes en los que se argumenta la orden de expulsión, Needl y Zaher constituyen un peligro. “Solo quiero rehacer mi vida y sacar a mis cuatro hijos adelante”, afirma el primero.