País Vasco recortará un 7% las ayudas sociales en 2012

Quienes más necesitan una ayuda económica por la crisis también van a tener que ajustarse el cinturón en el País Vasco. Si no resultaba suficientemente doloroso tener que solicitar ayudas sociales para mantener a sus familias o simplemente para sobrevivir, el próximo año van a ver cómo la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda, así como las ayudas a la familia, merman un 7%. Las Ayudas de Emergencia Social están excluidas de la rebaja, aunque sí se reduce un 7% la partida general.

La portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia, salió ayer en defensa de la titular de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, quien sostenía una y otra vez en los últimos meses que esas ayudas no se iban a tocar. “Estamos ante un año excepcionalmente duro y, por lo tanto, excepcionalmente tendremos que tomar medidas excepcionalmente duras”, sostuvo, tras asegurar que el recorte es “compatible” con el discurso de Zabaleta.

Es la segunda vuelta de tuerca que Asuntos Sociales a la Ley de Garantía de Ingresos, después de endurecer las condiciones de acceso. El recorte adicional del 7% en las ayudas para hacer frente a un 2012 en el que prevén un aumento sustancial del número de solicitantes de ayudas, se produce tras exigir cinco años de cotizaciones a la Seguridad Social, además de un año en el padrón para tener derecho a ellas, o en su defecto tres años de empadronamiento.

El proyecto de Presupuestos Generales para 2012 que presentó ayer el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, y que mañana iniciará su tramitación parlamentaria, modifica las cuantías de la renta básica después de conocer que la recaudación de las diputaciones va a ser de 800 millones de euros menos de lo previsto, y que la reactivación de la economía no va a suceder con el ritmo inicialmente diseñado. De hecho, el Ejecutivo ha modificado a la baja la previsión del crecimiento del 1,4% al 0,8%.

Aguirre aseguró que mantienen la partida inicial de 281 millones para la renta básica, y su carácter de ampliable, como este año que han sido necesarios 60 millones adicionales para ese capítulo (340 millones en total). Esta subida muestra la peor cara de la crisis.

Asuntos Sociales se defiende asegurando que “no es un recorte, es un ajuste”, y recuerda que la situación general ya ha llevado a otras comunidades a clausurar camas de hospital, a cuestionar el mantenimiento de algunos servicios públicos o a dejar de pagar gastos de farmacia. “Seguimos siendo de lejos la comunidad autónoma que más dinero dedica a las ayudas sociales”, quiso atajar la consejera portavoz, Idoia Mendía. El de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, calificó el ajuste como una medida “excepcional y transitoria regulada en una disposición transitoria para 2012”, pero necesaria.

Una medida que se suma a la congelación salarial de los funcionarios después del recorte del pasado año, y de la congelación, al menos temporal, de algunas inversiones. “Los ingresos no llegan al nivel de 2006”, dijo el consejero, “y eso hay que tenerlo muy en cuenta”.

Si la RGI asciende ahora al 87% del salario mínimo interprofesional (557 euros en el caso de una unidad familiar sin ingresos y sin hijos), el próximo año será del 81,85%, es decir, 525 euros en ese mismo escenario.

Para quienes reciben esta prestación de forma parcial, porque pese a tener un empleo no llegan al salario mínimo interprofesional, la rebaja del 7% se aplicará al complemento.

El segundo capítulo que se verá afectado es el complemento de vivienda. Destinado a sufragar el alquiler, va a quedar fijado en 250 euros al mes por vivienda con independencia del número de personas que integren la unidad convivencial. Todavía este año esa partida aumenta a medida que hay más miembros en la familia.

El tercer grupo de ayudas que verá caer su cuantía en ese mismo 7% es el de las que se conceden por el nacimiento de hijos.

Muy cuestionado por numerosas organizaciones sociales y políticas, el departamento de Asuntos Sociales del Ejecutivo vasco argumenta que el objetivo de la senda de recortes que ha iniciado es evitar que nadie que pueda necesitar las ayudas se quede descolgado, aunque vaya a recibir algo menos de dinero. “Se trata de extender la solidaridad a todo aquel que lo necesita. De garantizar que la ayuda llegue a todo el mundo”, defendió Mendía.

En Euskadi hay más de 140.000 demandantes de empleo, según datos del Ministerio de Trabajo. De los 140.729 desempleados, 78.791 están en Bizkaia, 40.082 en Gipuzkoa y 21.856 en Alava.

El PP, socio preferente del Ejecutivo, aseguró ayer que tenía un conocimiento parcial del recorte propuesto por Asuntos Sociales, pero criticó que “se podía haber recortado de otros sitios”. Su portavoz parlamentario para temas económicos, Antón Damborenea, dijo: “A bote pronto se me ocurren dos, algunas embajadas en el exterior que no tienen sentido y algunas corresponsalías de ETB que tampoco”. El PP va a esperar a que el Gobierno defienda en el Parlamento el recorte para decidir si lo respalda o si se une a otros grupos de la oposición para impedir que las ayudas sociales lleguen afeitadas a los ciudadanos.

El duro ajuste de las cuentas autonómicas no solo afecta a las subvenciones, prestaciones de servicios y ayudas, sino prácticamente a todas las partidas de casi todas las secciones y departamentos.

Caen los presupuestos de todas las consejerías (excepcionalmente en el caso de Medio Ambiente y Cultura), salvo los de Lehendakaritza y Transportes, debido al aumento del fondo de innovación en el primer caso y, de nuevo, por las inversiones para el trazado ferroviario de alta velocidad en el segundo.

Las áreas que se ven menos afectadas por los ajustes son Educación, que apenas si cae un 0,9%, y Sanidad, que baja un 0,5%.

La inversión pública ya sufrió un importante descenso en los presupuestos de este año y volverá a caer en los del próximo. Concretamente, las inversiones disminuirán el 2,1%, aunque si se descuenta el efecto de la Y ferroviaria, la bajada superaría el 9%. Una reducción que, como dijo Aguirre, lleva aparejada la paralización de proyectos de inversión no iniciados, el retraso de algunas obras, y la aplicación de un plazo de ejecución más largo para otras.

La caída de los ingresos fiscales va a obligar al Gobierno vasco a endeudarse el año que viene en 1.038 millones de euros (endeudamiento neto).

Los gastos financieros crecen un 57% hasta los 256 millones de euros. El Ejecutivo está intentando vender parte del patrimonio. Una de las desinversiones que está negociando es la venta de las 3.000 viviendas de promoción pública.

Aunque a primera vista sorprende que los gastos de personal suban un 1,9%, en el proyecto de cuentas, la explicación es que esa subida corresponde al impacto que ha tenido el personal asociado a la transferencia de las políticas activas de empleo.

El Gobierno ha presupuestado el déficit máximo del 1,3% que le exige el Ejecutivo central para cumplir los límites de que le impone Europa. Con este 1,3% también va a cerrar el presente ejercicio desde el 3,87% con el que llegaba en 2009.

En cuando al ahorro bruto, el presupuesto prevé un escenario de 130 millones de ahorro, cuando en 2009 fue negativo, 1.196 millones de euros. El endeudamiento será de 1.038,31 millones, cuando en 2012 era de 1.914,35.