El juez volverá a interrogar a Ripoll por el supuesto soborno del ‘caso Brugal’

El presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, tendrá que volver a declarar por segunda vez ante el juez del caso Brugal que indaga un supuesto soborno por la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja, adjudicada en enero de 2008 por la Diputación. En ese fecha Ripoll ocupaba la presidencia de institución. El juez investiga un supuesto cohecho de dos pisos (o su equivalente en metálico, un millón de euros) a Ripoll por parte de los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll a cambio de la contrata.

Ripoll, actual presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, fue arrestado por esos supuestos hechos delictivos el 6 de julio de 2010. Un día después compareció ante el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, que acordó su libertad con cargos por cinco delitos (cohecho, tráfico de Influencias, revelación de secretos, fraude y negociaciones prohibidas a los funcionarios). San Martín ha citado a Ripoll para el próximo día 1 de diciembre.

El juez investiga un supuesto cohecho de dos pisos a Ripoll por parte de los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll a cambio de la contrata

Junto a Ripoll, la policía también arrestó a Fenoll, Ortiz, en el empresario de la automoción Rafael Gregori, Angel Luis Bracho Pacheco, gerente de la firma Sufi, José Candel Martínez, empleado de Ortiz, y Antonio Ángel Fenoll. Estos siete últimos también quedaron en libertad con cargos y al igual que el líder del PP e, igualmente, tendrán que comparecer por segunda vez ante el magistrado instructor a lo largo de las próximas semanas.

La nueva tanda de interrogatorios a detenidos e imputados en esta pieza de caso Brugal se produce a instancia del fiscal anticorrupción, Felipe Briones, dado que cuando comparecieron por primera vez ante el juez el sumario era aún secreto.

Ripoll cerró la adjudicación de la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja a primeros de enero de 2008. El contrato lo ganó Enrique Ortiz, en una UTE con la firma Cespa. Pero incluía una cláusula: la planta tenía que levantarse en una finca previamente comprada por el empresario Ángel Fenoll, industrial hegemónico en el negocio de la basura en La Vega Baja.

Un informe policial, realizado a instancias del instructor, concluye que entre enero de 2008 y junio de 2010 la familia Ripoll tuvo un incremento patrimonial sin justificar de 1.292.658 euros. “Podría considerarse que el origen de dicha cantidad, que constituye el incremento patrimonial no justificado, puede tener una relación directa con la adjudicación del plan zonal a la UTE Cespa-Ortiz y con la ubicación de la planta de gestión, que tienen como beneficiarios a Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, respectivamente, a tenor, como se ha apuntado en informes anteriores, de una posible compensación de un millón de euros a través de Rafael Gregori, en pago a los servicios prestados a Ángel Fenoll y Enrique Ortiz en relación al acuerdo de adjudicación”, señala la policía.

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo del PP, acusada por el fiscal en ese sumario, rechazó ayer que “esos posibles indicios de delito” que ve el juez recaigan sobre ella

San Martín ha citado a los imputados en el sumario del plan Zonal, cuando un está pendiente un recurso sobre un auto suyo que anulaba parcialmente las escuchas telefónicas, que dieron pie a la investigación. El magistrado consideró nulos parte de los pinchazos realizados a Ripoll, Fenoll, Ortiz y Gregori. La decisión sobre la legalidad o no de las intervenciones está en manos de la Audiencia de Alicante.

En contra del criterio del juez oriolano, el magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante, que dirige la instrucción de la rama del caso Brugal sobre un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, sí ha validado las escuchas. Tejada observa, además, “indicios de delito” de tráfico de influencias en los hechos investigados.

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo del PP, acusada por el fiscal en ese sumario, rechazó ayer que “esos posibles indicios de delito” que ve el juez recaigan sobre ella. “Claro que aprecia indicios de delito pero no específica sobre quién”, precisó. “El día que se acabe esto quiero que mi nombre quede limpio y no porque se anulen las escuchas, sino porque se demuestre que no ha habido nada”, dijo.