La ley de Cajas de Andalucía limita el sueldo de los directivos a 69.000 euros
La norma autonómica impide ser político y miembro de los órganos de gobierno de la entidad El PP propone la reprobación de Salgado y otra investigación de la Consejería de Empleo
Los directivos que formen parte de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro en Andalucía no podrán cobrar más que el presidente de la Junta, cuyo sueldo en la actualidad es de 69.000 euros. Así lo va a aprobar hoy el Parlamento autonómico, que debate la nueva Ley de Cajas para adaptarla a la ley orgánica reguladora de las cajas de ahorro (Lorca), que prohíbe la percepción de dietas y sueldos o de indemnizaciones dobles. Los sueldos pasarán a ser aprobados por las asambleas generales de las cajas.
La nueva norma también refuerza la “profesionalización de la gestión”, según la Junta, al establecer la imposibilidad de simultanear un puesto en los órganos de gobierno de las entidades con un cargo político electo o un alto cargo en la Administración.
La ley andaluza regula las figuras de Sistemas Institucionales de Protección (SIP), el ejercicio indirecto a través de bancos y las fundaciones que gestionen la obra social. Sobre este último aspecto, las cajas foráneas que operan en el territorio andaluz mediante un SIP o banco, la norma contempla la obligación de reinvertir en obra social en Andalucía en proporción con los recursos captados o depósitos en la Comunidad.
El pleno debatirá también la propuesta de crear una comisión de investigación sobre los presuntos "fraude, irregularidades e impagos en incentivos a centros especiales de empleo y a la contratación de personas con discapacidad en la presente legislatura". La propuesta, del PP, será rechazada por la mayoría socialista.
También lo será otra proposición no de ley del PP para la reprobación de la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, por su "política económica y financiera contraria a los intereses generales de Andalucía".
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, también tiene previsto explicar el proceso de “racionalización de las estructuras y funcionamiento del sector público administrativo, empresarial y fundacional de la Junta de Andalucía y la reordenación del sector público andaluz”, uno de los aspectos que ha supuesto un duro enfrentamiento entre los funcionarios y el Gobierno autonómico.
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