El 15-M pide en el Parlamento andaluz “democracia real”
Una comisión del movimiento habla por primera vez ante los diputados Opinan, como agentes sociales, sobre el Escaño 110 que debate la Cámara
Desde el pasado mes de mayo, cuando surgió el Movimiento 15-M, no era extraño ver a algunos de sus miembros en el Parlamento andaluz. Pero fuera, no dentro y, mucho menos, sentados en una imponente mesa ovalada, mientras un puñado de diputados circunspectos les escuchan con gesto de atención. Ayer se pudo ver esta imagen: los portavoces de la comisión de Iniciativa Legislativa Popular 15-M de Fomento para la Participación Ciudadana, y Rafael Palomo y José Cosín, explicaron a los parlamentarios sus propuestas para alcanzar una “democracia más participativa, directa y real”.
Han comparecido en calidad de agentes sociales para opinar sobre la reforma de la Ley de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, que debate la Cámara andaluza, y que ha sido apodada como Escaño 110. Este nombre alude a que los ciudadanos podrán (cuando se apruebe) defender desde la tribuna de oradores sus iniciativas y participar en los debates de la tramitación completa como un diputado más. El Parlamento autónomo tiene 109 escaños.
El grupo presenta su propuesta sobre Participación Ciudadana
La comisión del 15-M ha presentado, precisamente a través de una iniciativa legislativa popular, su propia modificación de la ley, que llaman de Participación Ciudadana. Tras varios tira y afloja, la Cámara admitió a trámite el pasado septiembre la propuesta, que se encuentra ahora en fase de recogida de firmas —necesitan 75.000—. También, después de una negativa inicial, los grupos han consentido escuchar a la comisión del 15-M, junto con los agentes sociales habituales: empresarios, sindicatos, asociaciones de vecinos y de consumidores.
Los portavoces del 15-M han considerado insuficiente la reforma en curso, planteada por el PSOE y apoyada por PP e IU, que califican de “simple barniz” a un sistema representativo “carente de legitimidad democrática”, si bien reconocieron que el Escaño 110 es un paso. Rafael Palomo explicó a este periódico que la nueva redacción que defienden los partidos políticos no resuelve los obstáculos burocráticos con los que ellos mismos se están enfrentando para completar su iniciativa. “Además de la enorme cantidad de firmas necesarias, la principal dificultad es encontrar a los fedatarios de las rúbricas. Por ejemplo, mañana [por hoy] tienen que ir a Sevilla desde Málaga o Almería, reclamados por la Junta Electoral de Andalucía, para jurar el cargo, cuando debería hacerse en la propia provincia”, dijo.
Califican el Escaño 110 de “simple barniz” a un sistema representativo “carente de legitimidad democrática”
Palomo y Cosín pidieron a los diputados que, independientemente de los plazos, la iniciativa que promueven se pueda acoger con carácter retroactivo a la nueva norma en trámite, de forma que se requieran solo 40.000 firmas, tengan la posibilidad de intervenir en los debates y que se acepten firmas digitales.
Los portavoces resumieron en un decálogo sus propuestas, entre las que destacan: participación de los mayores de 16 años y residentes en Andalucía, aunque no tengan la nacionalidad española; una iniciativa mixta que conjugue el apoyo individual con el de las asociaciones que se quieran adherir; que no prohíban materias [la nueva redacción mantienen la la exclusión de las iniciativas de naturaleza tributaria, planificación económica u organización de las instituciones]; y financiación para sufragar gastos. Rafael Palomo aclaró que la comisión no es la representación del 15-M, sino un grupo de este movimiento que trabaja por la “democracia directa y real”.
Los indignados impiden un desahucio en Granada
Varias decenas de personas convocadas por la asamblea del Movimiento 15-M en Granada se movilizaron ayer ante la denominada Casa del Aire, ubicada en el barrio del Albaicín, para impedir el desahucio judicial de una de las inquilinas del inmueble previsto para las diez de la mañana. Los concentrados permanecieron desde primera hora y hasta pasado el mediodía en el número 7 de la calle Zenete impidiendo el desahucio ordenado por el Juzgado de Primera Instancia 18 por segunda vez. El pasado 22 de junio consiguieron también su suspensión. Según fuentes policiales, pese a que el Cuerpo Nacional de Policía había recibido el auto de desahucio para ejecutar el desalojo, finalmente recibieron la orden de suspenderlo, aunque no precisaron los motivos.
Además de la concentración, en la que se leyó un comunicado para denunciar las pretensiones “especulativas” de la inmobiliaria propietaria del edificio, un grupo de indignados acompañó durante la noche en el inmueble en apoyo a los dos últimos inquilinos del mismo, en el que llegaron a vivir 12 familias. Uno de los abogados del movimiento 15-M explicó que, una vez suspendido este desahucio, el juzgado deberá volver a notificar a la mujer una nueva fecha para el desalojo, una vez que la inmobiliaria vuelva a solicitarlo.
Clara Martínez, que ha residido 22 años en el edificio, y el otro inquilino, que lleva 31, denuncian que la inmobiliaria no se ha hecho cargo de los desperfectos del inmueble, en el que se acumulan escombros y aseguran que han sido los vecinos los que han tenido que hacer frente al mantenimiento y a los cortes de luz y de agua.
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