El TSJA avala la polémica reforma de las empresas públicas

La “necesaria reordenación” del sector público de Andalucía no vulnera derechos constitucionales como los de la negociación colectiva, ni el derecho a la igualdad ni el acceso a la función pública. Esta posición es la que mantuvo y mantiene el Gobierno andaluz en lo que ha sido su mayor traspié político de la legislatura al acometer la reforma del sector público.

Y esta tesis es la que suscribe la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una sentencia del 16 de septiembre pasado. El fallo desestima el recurso del sindicato CSIF contra el acuerdo del Consejo de Gobierno del 27 de julio de 2010 por el que aprobó el decreto ley de reforma del sector público.

El PP cree que la ley es “un atentado” y un “ataque brutal” a los derechos de los funcionarios

Esta normativa provocó el rechazo unánime de todos los sindicatos, hasta que en octubre de ese año, el Gobierno y las organizaciones UGT y Comisiones Obreras pactaron un nuevo decreto, que a su vez fue también recurrido. Para quitarle la etiqueta de decretazo con el que la oposición del PP bautizó la reforma, los socialistas reabrieron la negociación, pero ya en el Parlamento, para tramitar la reordenación como ley, aprobada en febrero de este año.

Todos y cada uno de estos pasos han sido recurridos por los sindicatos corporativos ante los tribunales. La Junta de Andalucía desconocía ayer cuántos recursos acumula este proceso, aunque reconoció que son “multitud”. El Partido Popular, además, registró el pasado mes de mayo un recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que la ley es “un atentado” y un “ataque brutal” a los derechos de los funcionarios y al Estatuto, así como “un intento de escapar del control del Derecho administrativo”.

La reforma persigue la reducción del número de entidades instrumentales. Se han eliminado 111 empresas públicas del total de 350 inventariadas por el Estado, que se han agrupado en 14 grandes agencias. El ahorro estimado por la Junta con esta medida es de 118,3 millones de euros en tres años. Los trabajadores de la Junta afectados por esta decisión son 23.476, de los que 2.069 son funcionarios, 1.474 personal laboral de la Junta y 19.933 personal laboral de las entidades instrumentales. Los sindicatos sostienen que esta norma equipara a los trabajadores de los entes instrumentales, que no han pasado por una oposición, con los funcionarios. El Gobierno lo niega de manera categórica.

La sentencia del TSJA, de la que ha sido ponente Manuel López Agulló, afirma que del acuerdo impugnado “no se desprende vulneración alguna del derecho a la negociación colectiva laboral, ni efecto personal discriminatorio contrario al derecho a la igualdad, ni al de acceso a la función pública”. Estima el tribunal que las “vulneraciones constitucionales” que denuncia CSIF sobre las condiciones de trabajo de los empleados públicos no se concretan en el acuerdo del Consejo de Gobierno. Y eso es así, porque el mismo “no regula las condiciones de trabajo del sector público andaluz, sino que sienta las bases maestras para su necesaria reordenación”. Dicho esto, remite al desarrollo normativo posterior para ver si hay omisión de la intervención sindical en el proceso.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, mostró su “satisfacción” por la sentencia que consideró “clarificadora” en cuanto a la “legitimidad” de la reforma.