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Iniciativa se queda sola defendiendo la ley de Urbanismo del tripartito

El proyecto elimina la obligación de los municipios de menos de 5.000 habitantes de reservar suelo público para pisos de protección oficial

Salvador Milà, en intervención en un Pleno del Parlament.
Salvador Milà, en intervención en un Pleno del Parlament.

El Parlamento catalán ha admitido a trámite hoy la cuarta ley del paquete de las 'ómnibus', que modifica la Ley de Urbanismo aprobada por el tripartito en 2010, después que se hayan rechazado la dos enmiendas a la totalidad que habían presentado Iniciviativa-Esquerra Unida (ICV-EUiA) y Solidaritat Catalana (SI). Los ecosocialistas han lamentado que el proyecto no obligue a los  Ayuntamientos a reservar suelo para viviendas públicas. Las dos formaciones se han quedado solas defendiendo sus respectivas enmiendas, ya que el resto de grupos han votado en contra (incluso los otros exsocios del tripartito, PSC y ERC), permitiendo así que la reforma continúe el proceso parlamentario.

El consejero de Territorio y Sostenibilidad Lluís Recoder ha defendido la reforma, argumentando que tiene como objetivo de agilizar y reestructurar procesos administrativos y promover la actividad económica. Una de las novedades que incluye es que las licencias de obras que ya estén otorgadas, pero que hayan quedado paralizadas por la crisis, no caducarán, como hasta ahora, de manera que los promotores podrán reprender los trabajos sin necesidad de pedir una nueva licencia de obras, si se demuestra que el proyecto continúa siendo viable económicamente. Según la reforma propuesta, estas licencias prolongan su periodo de vigencia hasta finales de 2014.

El proyecto también prevé que los municipios puedan ordenar el territorio sin necesidad de tramitar planes parciales y elimina la obligación de reservar suelo para viviendas públicas en los municipios de menos de 5.000 habitantes (siempre que no sean capitales de comarca). Desde las filas deI CV-EUiA, el exconsejero responsable de las políticas de vivienda, Salvador Milà, ha calificado la reforma de “urbanismo de imposición” y ha asegurado que supone “un atentado a la autonomía municipal”. El portavoz de Solidaritat, Alfons López Tena, se ha mostrado contrario a todas las leyes ómnibus, por haberse tramitado por vía de urgencia.

El resto de grupos se ha mostrado a favor de la simplificación de trámites y de agilizar la actividad económica, aunque han precisado que durante la tramitación de la ley en comisión presentarán las enmiendas correspondientes a puntos concretos de la reforma.

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