Dos directivos de Teconsa se niegan a declarar en investigación de Gürtel
Las citaciones están relacionadas con los vínculos entre la constructora y el Ayuntamiento de Arganda
Dos antiguos directivos de la constructora Teconsa, investigada en el 'caso Gürtel', se han negado a declarar esta mañana ante el juez Antonio Pedreira por delitos contra la Administración Pública y blanqueo de capitales. Los empresarios Rafael M. M. y José Luis M. P. han desfilado ante el magistrado, pero se han acogido a su derecho a no declarar. El único en prestar declaración ha sido el corredor de seguros Antonio V. L., según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Las citaciones de los exconsejeros de Teconsa, Padre e hijo, se han producido a instancias de la Fiscalía de Madrid con motivo de la estrecha relación de la constructora en el municipio de Arganda, uno de los epicentros de actuación de la red Gürtel.
Desde que se inició la investigación, Pedreira indaga la actividad de Teconsa en esta localidad madrileña, cuyo exalcalde Ginés López es uno de los imputados en la instrucción. En concreto, se investiga a la constructora en relación a la adjudicación de la construcción de una piscina municipal y de la carretera de circunvalación, que tuvo un coste de 2,6 millones de euros.
Esta empresa constructora del grupo Martínez Núñez, que está vinculada al caso, se encuentra en suspensión de pagos tras fracasar un proceso de negociación con sus entidades financieras para refinanciar su deuda.
Además, Teconsa se encuentra investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en relación a la supuesta adjudicación irregular de la construcción de un tramo de la variante de Olleros de Alba (León) a esta constructora.
Un informe de la UDEF apuntaba a que la constructora Teconsa, que ganó el concurso en Castilla y León para construir un tramo de la variante de Olleros de Alba por 2.847.959 euros, pagó supuestamente una comisión de 73.655 euros (aproximadamente el 3 por ciento del contrato, descontando el IVA) a Francisco Correa, quien a su vez repartió supuestamente el botín.
Según recoge el documento judicial, la unidad de auxilio judicial de la IGAE ha concluido tras el examen del citado expediente que en su tramitación se ha incurrido en diversas irregularidades, "vulnerando los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia".
Asimismo, destaca que la orden de inicio de este expediente es del entonces consejero de Fomento de Castilla y León José Manuel Fernández Santiago, quien fue también la persona que lo adjudica el 29 de noviembre de 2002.
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