Cómo ‘colocar’ a un líder corrupto

Puertos del Estado reconoce que la mayoría de los presidentes de las 28 autoridades portuarias españolas son de filiación política conocida, incluso con carné del partido que gobierna la comunidad autónoma que los nombra. En lugares como Canarias hasta se reparten los puertos personas afines a Coalición Canaria y el PSOE como una porción más del pacto entre ambos. De hecho, desde que en 1996 Aznar y Pujol firmaran el llamado pacto del Majestic por el que, entre otras muchas cosas, las comunidades autónomas consiguieron la gestión de los puertos, ningún ministro ha puesto objeciones a la propuesta de nombramiento portuario. Pero no hay precedente alguno de que el presidente de un puerto lo sea también del partido político que lo propone, y mucho menos de que un imputado por el juez por la supuesta comisión de cinco delitos haya accedido a un cargo de tal rango.

 Es así como la semana pasada el recientemente nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, José Joaquín Ripoll, que también lo es del PP alicantino, pudo recibir a las puertas de la sede provincial a Alberto Fabra, presidente de la Generalitat y a la sazón del PP regional. Fabra inició la mañana del jueves pasado como jefe del Consell en La Vega Baja y la concluyó presidiendo una reunión del comité electoral de su partido en Alicante. Sin embargo, el viernes no acudió a la toma de posesión de Ripoll en la estación marítima de cruceros del puerto.

No hay precedente alguno de un presidente portuario y de partido a la vez

El presidente concedió más importancia a la normalización de las relaciones con el PP alicantino que a su presencia en un acto al que acudió la práctica totalidad de la sociedad civil alicantina, incluyendo al presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, reelegido para el cargo 48 horas antes, que se las tendrá que ver tarde o temprano con el caso Brugal, en el que está imputado Ripoll por su actuación durante su etapa de presidente de la Diputación.

En su discurso ante más de 200 personas, recordó sus dos periodos de ocho años en el Gobierno valenciano y la Diputación de Alicante para dejar claro al auditorio que impulsó la primera dirección general de Puertos de la Generalitat, la fundación Feports. También recordó su presencia durante siete años en el consejo de administración del Puerto de Alicante. Es decir, sus méritos para el cargo. "Un reto en el que voy a volcar todos los conocimientos y capacidad de gestión que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida política", dijo para intentar justificar que la Ley de Puertos del Estado, en vigor desde agosto de 2010, exige que el presidente sea designado "entre personas de reconocida competencia profesional e idoneidad". Contrariamente, la misma ley demanda que el consejo de administración nombre al director de cada puerto "entre personas con titulación superior, reconocido prestigio profesional y experiencia de, al menos, cinco años en técnicas y gestión portuaria".

Ahora Ripoll se enfrenta a un desafío más propio de la empresa privada que de la gestión de organismos o instituciones públicas. Los puertos españoles no dependen de los presupuestos del Estado, que únicamente reflejan sus inversiones anuales. Tienen total autonomía de gestión en el día a día y se financian mediante las tasas que recaudan y los ingresos por las concesiones de su suelo, con lo que pagan a los empleados, mantienen las instalaciones y ejecutan las inversiones. De hecho, hasta que se modificó la Ley de Puertos el año pasado, el peso de la gestión recaía en el director del puerto. El cargo de presidente era casi testimonial, eso sí, bien retribuido. "Si el puerto funciona bien, da igual quién sea el presidente", aseguran en Puertos del Estado, entidad dependiente del Ministerio de Fomento. Pero no es el caso de Alicante, cuyo puerto lleva varios años perdiendo dinero porque ha pasado de manejar 3,7 millones de toneladas en 2007 a 2,2 el año pasado, de 370.000 a 308.000 pasajeros y de 179.000 a 148.000 contenedores TEU en el mismo periodo.

Ripoll esgrimió méritos y experiencia para ocupar el cargo

La relación de cada Autoridad Portuaria con Fomento se limita a presentar en el segundo semestre de cada año en Madrid un plan de empresa para ese ejercicio y los tres siguientes, que deberán autofinanciarse. La propuesta se consensúa desde la lógica y entre ambos se decide su viabilidad. Lo cierto es que las inversiones en infraestructuras han caído en picado. Por la crisis, pero no solo. Puertos del Estado confirma que las grandes obras ya están finalizadas, excepto las de los puertos de La Coruña y La Granadilla, en Tenerife, aunque admite que "todos quieren tener muelles para todo y hacer de todo en su puerto".

Está por ver qué se deriva de la inédita doble condición de Ripoll los mismos días y a las mismas horas de presidente del PP y del puerto de Alicante. De momento, lo que sí ha conseguido Ripoll es que aparentemente nadie se acuerde en Alicante de las conversaciones telefónicas y los informes policiales que lo delataron como un supuesto corrupto y acuda todo el mundo a jalearlo el día de su toma de posesión. Ya ha colocado una primera hornada de gente de su confianza. Por supuesto, del PP.