¿Solo cada cuatro años?

La democracia es un sistema político que inflama nuestras expectativas; nos hace creer en cosas tan irrenunciables e imposibles como que una sociedad libre se gobierna por sí misma, que son idénticos los que gobiernan y los gobernados. Este ideal de autodeterminación forma parte de las ficciones útiles para la democracia, lo que no significa que sea un ideal del que debamos prescindir, pero que tampoco refleja un hecho cierto o un derecho literalmente exigible. Es, como tantas propiedades por las que definimos una democracia, un horizonte, un principio crítico o normativo, o sea, como siempre, algo más complejo de lo que pudiera dar a entender su mera formulación.

Buena parte de los debates que ha suscitado el movimiento del 15-M han puesto de manifiesto las paradojas de la soberanía popular. Se trata de una tensión que atormenta desde sus inicios a las teorías de la democracia. Por un lado, el ideal de una democracia plena (para muchos, pensada sobre el modelo de una democracia directa), el deseo de participación, la exigencia de una ratificación popular de las decisiones, que la representación refleje con la mayor precisión posible a lo representado, mandatos más rígidos por parte de los electores, reivindicación de que los representantes cumplan lo que prometen… Desde esta aspiración, votar parece muy poco.

Estas pretensiones no son nuevas y frente a ellas hay posiciones más realistas que sostienen, con distintos matices, que la mayor democracia a la que podemos aspirar es una oligarquía competitiva. Al mismo tiempo, no es fácil adivinar cómo puede ser una democracia sin organismos que intervienen en las decisiones políticas y que no hemos elegido o solo de manera muy indirecta (como los jueces, las autoridades independientes o determinados organismos internacionales). Por otro lado, la experiencia nos enseña que la democracia no está hecha siempre por demócratas, sino por jacobinos y férreos aparatos, defendida por leyes de excepción y sostenida por una opinión pública que detesta a los partidos, pero especialmente a aquellos que no están unidos, es decir, en los que hay crítica y libertad de expresión.

Para comprender la inocencia de las primeras formulaciones de la autodeterminación democrática hay que tener en cuenta que la democracia representativa surgió en un momento en el que era pensable la armonía de intereses y valores en la sociedad. La democracia moderna se concibe con anterioridad a los grandes conflictos sociales de la era contemporánea y al actual pluralismo político. De ahí el antipartidismo de los fundadores de la democracia inglesa y americana, que ha tenido su continuidad en las democracias orgánicas del XX y en los actuales populismos (o en la generalizada aversión hacia los partidos). Supuesta la posibilidad y la conveniencia de que todos quieran vivir bajo las mismas leyes, los partidos eran entendidos como facciones, artificios que rompían la unidad natural de las sociedades. Incluso la idea misma de oposición carecía de sentido. Si el autogobierno del pueblo es literal, si coinciden los que gobiernan con los gobernados, no existe derecho de oposición. La idea de que la gente pueda oponerse a un gobierno elegido mayoritariamente tardó en abrirse paso.

¿Cómo definimos el ideal de autodeterminación en sociedades grandes, complejas y con preferencias heterogéneas, en las que no parece posible evitar que, al menos algunos y durante algún tiempo, vivan bajo leyes que no les gustan? La solución a este dilema ha sido la idea de representación, condensación institucional de una experiencia que nuestra retórica tiende a ocultar: que la democracia es un sistema representativo significa que los ciudadanos no gobiernan, que es inevitable ser gobernados por otros. No hay elecciones todos los días y en lo que elegimos hay cosas que nos gustan menos, los mandatos son vagos, los electores dejamos ciertos márgenes de maniobra a los elegidos, la exigencia de unanimidad (en la que se realizarían los deseos de todos) es imposible y bloquea...

De entrada, si en las sociedades complejas los ciudadanos no gobiernan —no gobiernan todo, ni continuamente, ni todos los detalles— es porque hay una dimensión de delegación: los Gobiernos deben ser capaces de gobernar. Si los Gobiernos únicamente hicieran aquello a lo que están autorizados expresamente por las elecciones, esto supondría muchas limitaciones a la hora de gobernar. Cualquier liderazgo tiene costes inevitables en términos de autorización democrática, distanciamientos exigidos por la adopción de decisiones (especialmente de algunas, que solemos llamar “impopulares”). O justificamos democráticamente esa “distancia” o no tenemos argumentos para oponernos al populismo plebiscitario, que cuenta, a derecha e izquierda, con impecables defensores.

La noción de autogobierno no es incoherente ni impracticable salvo que se formule de una manera débil: una democracia no es un régimen en el que se hace lo que todos queremos sino un régimen en el que las decisiones individuales tienen alguna influencia en la decisión colectiva final. La democracia es el sistema que mejor refleja las preferencias individuales, nada más y nada menos.

Toleramos que otros nos gobiernen porque es posible la alternancia, que es el procedimiento que permite realizar el ideal de autogobierno en sociedades complejas. Aunque estemos gobernados por otros, podemos estar gobernado por otros diferentes si así lo queremos. Como dice Bernard Manin, la libertad democrática no consiste en obedecerse únicamente a uno mismo, sino en obedecer a alguien en cuyo lugar puede encontrarse uno mañana. Por eso las elecciones son el instrumento fundamental del autogobierno. En ellas se trata de elegir a quien gobierna por mandato del pueblo. Entre todos los instrumentos de participación política, las elecciones son el más igualitario. Aunque la participación electoral no sea perfecta, son un mecanismo político más importante que cualquier otro procedimiento de participación, que privilegian frecuentemente a quienes tienen más recursos para participar.

En virtud de las elecciones, quienes tienen el poder se enfrentan a la posibilidad de ser expulsados de él mediante unos procedimientos establecidos; quien está en el Gobierno se ve obligado a anticipar esa amenaza. En ese momento se visualiza que la política nos introduce en un mundo en el que hay que responder y dar cuentas, que el poder no es absoluto porque está obligado a revalidar, que la política no da más que oportunidades a plazos.

Por supuesto que las elecciones, siendo muy importantes, no deberían ser idealizadas como si la democracia no tuviera ninguna otra exigencia. Pero gracias a esa institución se mantiene viva y se reitera la promesa de autodeterminación democrática. Al final va a resultar que algo tan corriente y poco extraordinario, que nos sabe a poco y que apenas interesa a una mitad de la población, es lo que mejor refleja el ideal de autogobierno y nos protege frente a la apropiación del nosotros por cualquier mayoría triunfante.

Nuestra condición política es algo que nos permite a los seres humanos hacer un gran número de cosas pero que plantea no pocas limitaciones. Ahora bien, ser conscientes de los límites es fundamental para poder empujar esos límites todo cuanto se pueda; así no criticaremos a la democracia por no proporcionar lo que no debemos esperar de ella y estaremos a salvo de los llamamientos demagógicos que prometen lo que no se puede prometer.

Habrá quien considere que esta disquisición es poco ilusionante y que arroja un jarro de agua fría sobre nuestras mejores expectativas en relación con la calidad de la democracia. Pero estoy convencido de que la experiencia política incluye una cierta desmitificación de la democracia, lo que no nos impide ni apreciarla, ni defenderla ni abandonar el trabajo por mejorarla. Más bien al contrario: son las expectativas desmesuradas lo que más puede cegarnos frente a las reformas posibles. La cuestión es distinguir qué insatisfacciones corresponden a defectos que deben corregirse y cuáles son consecuencia de la limitación de la condición humana y de nuestras formas de organizarnos. Saber en qué, cómo y cuándo no existen alternativas es fundamental para desenmascarar a quienes apelan interesadamente a que no hay alternativas cuando puede y debe haberlas.

Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía, investigador en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática.