La batalla del agua entra en política

La batalla entre las empresas públicas y privadas por el agua ha entrado en el terreno político. Izquierda y derecha defienden modelos antagónicos de gestión que los cambios en los ayuntamientos y la situación preelectoral han puesto de manifiesto. El secretario general del PP, Antonio Sanz, afirma que “un grupo de expertos” diseña para su formación “un nuevo modelo de gestión profesional y no político”. El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del PSOE de Andalucía, Antonio Pradas, defiende un sistema público de equilibrio territorial y asegura que la estrategia del PP es regional y persigue vender.

Jerez ya ha anunciado que privatiza los servicios de agua, la Diputación de Córdoba lo ha planteado como posibilidad, Málaga se ha topado con el rechazo del pleno tras una muy activa oposición de IU y en Sevilla se está reproduciendo el modelo de Huelva, donde algunos municipios abandonaron el consorcio público para terminar cediendo el servicio a empresas privadas.

El abandono de un modelo público tiene consecuencias, al margen de la calidad de servicio, que cada parte asegura ser capaz de mejorar. La principal es que los pueblos más pequeños o alejados de las grandes redes, que no interesan a las empresas, pierden garantías de abastecimiento o tienen que pagar mucho más que otros municipios, por lo que se pierde el principio de equilibrio territorial en un servicio básico.

Otro problema es cómo gestionar la próxima sequía con empresas privadas al mando de un recurso escaso y fundamental y sin ningún compromiso con la participación social en los servicios que presta, algo que las entidades públicas sí mantienen como elemento fundamental.

A esto se une la pérdida de volumen de los grandes consorcios al perder clientes, lo que supone una mayor debilidad para adquirir suministros y menor rentabilidad en las inversiones.

La venta de los servicios de agua tiene, por el contrario, beneficios para aquellos municipios bien situados geográficamente o con mayor población, que pueden ofrecer a las empresas un negocio muy estable, con ingresos regulares (el índice de impago es casi inapreciable) y a largo plazo. A cambio, se liberan de la prestación directa de un servicio y reciben dinero para hacer frente a la crítica situación financiera.

En el fiel de esta balanza es donde se han encontrado los modelos de derecha e izquierda.

El Ayuntamiento de Jerez (PP) ya ha admitido que la concesión de la gestión del agua supondría ingresar hasta 100 millones de euros. La presidenta de la Diputación de Córdoba, María Luisa Ceballos (PP), propuso privatizar la empresa de residuos Epremasa y la de agua Emproacsa si “funcionan mal” o no pueden afrontar un plan de saneamiento porque le suponen “un coste tremendo al usuario”, según recogió Europa Press en una entrevista a final de julio. Ceballos añadió un argumento similar al de Antonio Sanz al afirmar que “se ha hecho bastante uso político de las empresas públicas”.

El socialista Pradas advierte de que este discurso es similar al que llevó a los municipios onubenses de Moguer y Lepe a abandonar la empresa pública y vender sus servicios. Primero se cuestiona la sociedad pública, después se critica su supuesta politización y, finalmente, se genera el “efecto llamada” al que acuden las empresas de agua.

En Sevilla, los municipios que han asumido esta estrategia son Mairena, Bormujos, Benacazón, Espartinas, Gelves, Tomares y Palomares. Sus alcaldes, todos del PP y representantes de 130.000 vecinos de una misma comarca, el Aljarafe, se reunieron este mes con el regidor de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y el gerente de Emasesa, Jesús Maza, para solicitar la integración en la empresa de aguas desde Aljarafesa, donde ahora tiene el mayor peso la Diputación sevillana, gobernada por el PSOE. “Tenemos la sensación de que no nos quieren en la Mancomunidad del Aljarafe y cuando eso sucede lo mejor es irse”, argumentó el presidente provincial del PP y alcalde de Tomares, José Luis Sanz.

Pero esta falta de cariño no es suficiente para justificar una maniobra que obligaría a los pueblos a pagar las inversiones efectuadas, según se recoge en los estatutos de Aljarafesa. Millones de euros en plena crisis de financiación para dejar una empresa que no presenta deficiencias en la gestión ni en la prestación de los servicios ni en su balance económico.