Fin a la legislatura del sobresalto

La legislatura de la crisis termina... y la crisis sigue ahí. Uno de los periodos más tormentosos y sobresaltados de la democracia culmina con el poder de la política —la inminente campaña— expectante ante el poder de los mercados. El Parlamento cierra sus puertas, el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero apura sus días. Han sido 43 meses de sustos y ahora se adivinan otros nuevos. Este es un resumen de tres años y medio con el alma en vilo.

LA CRISIS - “Aterriza como puedas”

El presidente del Gobierno se lo explicó a cuatro ciudadanos en junio de 2009 en La Moncloa, durante la elaboración de un reportaje para EL PAÍS: “¿Alguien podía prever que iba a caer Lehman Brothers y todos los colosos financieros? Preveíamos que la construcción estaba bajando, que eso nos iba a hacer pasar de crecer el 4% al 2,5%, un aterrizaje suave... Y aquí ha sido un aterriza como puedas. En fin, horroroso”. Él se había negado durante meses a pronunciar la palabra “crisis”: lo hizo por primera vez, y sin mucha convicción, en julio de 2008; hasta entonces solo hubo “dificultades”, “estancamiento”, “tensiones”, “crecimiento debilitado” e incluso “desaceleración acelerada”. Pero la crisis avanzaba sin pedir permiso y estalló en el primer año de legislatura. “La economía se ha dado la vuelta”, confirmó Zapatero durante el debate sobre el estado de la nación de 2009.

Ya no hubo otro debate político. “El diferencial con Alemania [la prima de riesgo] es un marcapasos que sigo día a día”, contó el presidente en marzo de este año. La crisis ha ocupado todos los espacios del mandato, determinado las decisiones e incendiado las encuestas. El PP subió como la espuma al tiempo que subía el paro. Hoy hay dos millones de desempleados más que en 2008.

EL GIRO POLÍTICO - Reforma laboral, pensiones, huelga general

La segunda legislatura arrancó con un reto: el PSOE se proponía “cambiar el modelo productivo” de España para evitar en el futuro otra bonanza envenenada como la de la burbuja inmobiliaria. Eso iba a ser la Ley de Economía Sostenible, pero se quedó en buenas intenciones. Lo que hubo fue un giro en el discurso. El Gobierno se centró en lo inmediato —la crisis como una bomba de relojería con la cuenta atrás activada— y lo hizo con una catarata de medidas de las que hasta entonces los socialistas habían renegado. Y que le costarían una huelga general el 29 de septiembre de 2010.

En mayo de 2009, el presidente le había espetado a Rajoy: “Si hay alguna propuesta para abaratar el despido o recortar derechos de los trabajadores, le digo desde aquí que no va a pasar. Yo me posiciono: no apoyo rebajar el coste del despido”. En junio de 2010, el Gobierno aprobó la reforma laboral que abarata el despido. A esa siguió la de las pensiones: se alargó la vida laboral de los 65 a los 67 años, alegando que de otra forma el sistema quebraría en breve. Y, hace solo un mes, la segunda andanada de la reforma laboral, que certificó la vuelta a la temporalidad. “Preferimos un trabajador temporal que uno parado”, asumió con pesadumbre el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.

Pero, aun antes de todo eso, Zapatero había vivido ya uno de los días más duros de su carrera política: el 12 de mayo de 2010 comparecía en el Congreso para anunciar por sorpresa un paquete de recortes que incluía la congelación de las pensiones (salvo las mínimas), una bajada de sueldos del 5% a los funcionarios, la eliminación del cheque-bebé (que él había creado en 2007), un tijeretazo a la inversión pública y otro a la ayuda al desarrollo. Aquella comparecencia supuso un antes y un después en la legislatura. La presión de “los mercados” había ocupado su asiento en el Consejo de Ministros, y ya no se iría.

MEDIDAS DE IDA Y VUELTA - Los pobres, los ricos

El 7 de octubre de 2008, el Ejecutivo inyectó 50.000 millones de euros a los bancos españoles, un “gran préstamo temporal” para “prevenir riesgos”. Solo seis días después, Zapatero anunciaba un nuevo fondo de 100.000 millones para “avalar” a la banca, sumándose a una iniciativa idéntica de los Gobiernos europeos. Aquel otoño el mundo estuvo al borde de “la catástrofe”, según dijo el presidente meses más tarde. Y la forma de frenar el cataclismo fue apuntalar los bancos.

La bajada de impuestos de 2006 y las ayudas o rebajas fiscales de 2007 (cheque-bebé) y 2008 (suspensión del impuesto de Patrimonio, devolución de 400 euros a todos los contribuyentes) se deshicieron entre 2009 y 2010. El superávit de la primera legislatura había desaparecido, devorado por la crisis —y por la rebaja de impuestos—, y la política fiscal cambió de nuevo. El discurso de que subir impuestos es progresista solo regresaría, sin embargo, con toda su dimensión en julio de este año, cuando el candidato del PSOE y exvicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, propuso recuperar el impuesto de Patrimonio para gravar a “los que más tienen”. La reactivación del impuesto —con baile de cifras hasta última hora— fue aprobada la semana pasada con la abstención de PP (que lo critica de pleno pero no aclara si lo suprimiría), CiU y PNV.

La crisis no solo hizo oscilar como un péndulo la política fiscal: afectó también al discurso de lo público. En 2010 el Ejecutivo socialista anunció la privatización del 49% de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), de la gestión de los dos aeropuertos más rentables (Barajas y El Prat) y del 30% de Loterías y Apuestas del Estado. El PSOE subraya que, a pesar de todo, el Gobierno no ha llegado a tocar cuestiones “sagradas”, como la sanidad o la ayuda a dependientes.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL - Un pacto insólito en 48 horas

Apenas dos días de agosto necesitaron PSOE y PP para acordar la primera reforma de la Constitución pactada por los dos partidos desde 1978: Zapatero la anunció un martes, ante el desconcierto del hemiciclo, y el texto se cerró en la madrugada del viernes. Dos semanas emplearon en aprobarla en las Cámaras, con el único apoyo de Unión del Pueblo Navarro.

Los nacionalistas de CiU acusaron al presidente de romper el consenso constitucional; IU lo acusó de entregarse al discurso liberal de “los mercados”; la urgencia de la medida, y la ausencia de un referéndum, irritó a buena parte del grupo socialista (que, sin embargo, solo sufrió una fuga en la votación: la de Antonio Gutiérrez). Y todo eso se hizo en nombre de algo que parecía haber adquirido tintes dramáticos: la lucha contra el déficit público.

El principio de la estabilidad presupuestaria —limitar el déficit, no gastar más de lo que se ingresa— entró así en la Ley Fundamental, como habían reclamado Francia y Alemania (y, en España, el PP). La reforma constitucional, un tabú durante años, resultó fácil, aunque no indolora.

El día de la votación en el Congreso, el pasado 2 de septiembre, una escena abracadabrante resumió la negociación exprés de la reforma y, también, el tono de sobresalto de la legislatura: ante la falta de consenso se concedió un receso y allí, sobre la marcha, diputados de varios grupos negociaron a toda prisa para intentar cerrar un acuerdo que calmara a “los mercados”. No hubo consenso. Los diputados de ERC, BNG, NaBai e ICV abandonaron el salón de plenos como forma de protesta; Gaspar Llamazares (IU) se quedó pero no votó; tampoco lo hicieron CiU y PNV. PSOE y PP sacaron adelante la reforma porque suman el 92% de los escaños.

LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA - Cambio de modelo

La nueva Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, una norma imprescindible para decidir el reparto del dinero y la solidaridad entre regiones, la diseñó el Ejecutivo en 2009 negociándola primero con Cataluña y extendiendo después el modelo al resto de comunidades. Las autonomías obtuvieron más participación en los impuestos estatales y 11.000 millones de euros más, a repartir. El sistema de solidaridad fue recortado. El PP votó en contra, aunque sus presidentes autonómicos tomaron el dinero.

LAS OTRAS LEYES - Aborto, tabaco, extranjería

Tras el torrente legislativo del primer mandato, las leyes no económicas del segundo pasan más de puntillas. Pero las hay, y de calado (otras se quedaron por el camino, como la de muerte digna o la de libertad religiosa). En 2010 fue aprobada la nueva Ley del Aborto: la interrupción del embarazo es ahora un derecho en las primeras 14 semanas —también para las chicas de 16 y 17 años, previa información a sus padres—; aunque, por otro lado, la ley restringe el coladero del “riesgo para la salud psíquica de la madre”.

La Ley Antitabaco de 2006 fue endurecida en 2011: desde enero está prohibido fumar en cualquier local de uso público y en espacios abiertos como parques infantiles o marquesinas. También hubo vuelta de tuerca en el Código Penal, que agravó las penas por terrorismo (incluida la fórmula de “libertad vigilada” tras salir de prisión), pederastia y corrupción. Y en la Ley de Extranjería, que en 2009 restringió la agrupación familiar y alargó a 60 días el tiempo de internamiento de inmigrantes sin papeles.

LUCHA CONTRA ETA - El fenómeno Bildu

La irrupción de Bildu —la coalición montada por la izquierda abertzale que no pasó el filtro del Tribunal Supremo pero sí el del Constitucional— y su éxito electoral el pasado mayo —el entorno de la exBatasuna tiene ahora más poder en Euskadi del que tuvo nunca— ha marcado la política vasca después de que, en enero, ETA declarara un alto el fuego “permanente, general y verificable”. La refriega parlamentaria por la política antiterrorista —muy aplacada en esta legislatura— permaneció viva a cuenta del caso Faisán —la investigación del chivatazo policial a ETA en 2006—; un caso que la Audiencia Nacional ha desinflado considerablemente (aun afirmando que hubo chivatazo) al revocar la pasada semana el auto de procesamiento contra tres mandos policiales.

CAMPAÑA Y CIERRE - El enigma Rubalcaba

El fin de la legislatura contiene un elemento nuevo: Alfredo Pérez Rubalcaba, hombre fuerte del Gobierno hasta el pasado julio, es ahora el candidato electoral del PSOE. Ha pasado de defender sin matiz las políticas de Zapatero a desmarcarse abiertamente de algunas de ellas. Y a intervenir en la acción de Gobierno, reclamando la recuperación del impuesto de Patrimonio o exigiendo, por ejemplo, que el límite al déficit público introducido en la Constitución no contuviera cifras concretas. El efecto Rubalcaba es aún una incógnita cuando el mandato de Zapatero encara su recta final.