La casilla en blanco

Es un hecho adquirido en sociología que las actitudes se configuran en función de las expectativas. Ahora, las expectativas, anticipadas por todas las encuestas, señalan un triunfo arrasador del Partido Popular de Mariano Rajoy en las elecciones legislativas del domingo 20 de noviembre. Así que, previa deliberación del Consejo de Ministros a celebrar el próximo lunes, día 26, y bajo la exclusiva responsabilidad del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tendrá lugar la disolución de las Cámaras —Congreso y Senado—, que decretará el Rey conforme establece el artículo 115 de la Constitución. Ese mismo artículo preceptúa que el citado decreto fije la fecha de los comicios, fecha anticipada antes de las vacaciones por ZP en un compromiso insólito adoptado en aras de reducir la presión que le exigía determinar con certeza el calendario político.

Viene Mariano, se pronostica que con una mayoría absoluta que podría rebasar los 210 diputados. Es decir, los 3/5 preceptivos para la reforma de la Constitución y los nombramientos del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, de Radio Televisión Española y de las Comisiones Nacionales del Mercado de Valores, de la Energía, de las Comunicaciones, de la Competencia y de todo lo que se mueve. Viene Mariano, sin despeinarse. Sin promesas que al día siguiente del escrutinio empiezan a pasar factura. Sin compromisos programáticos. Sin propuestas. Sin soluciones. Prefiere sin más presentarse a sí mismo como la solución, en una línea de resonancia mesiánica que se cifra en aquello de “yo soy la solución”.

El advenimiento de Mariano está generando una actitud de deferencia hacia el ganador pronosticado en cuyo despliegue rivalizan toda suerte de corporaciones y núcleos de la sociedad civil e incivil. Asistimos al abierto despliegue de esos ejercicios de idoneidad que antes se exigían al candidato favorito y que ahora le son ofrecidos por los votantes mientras él se limita a decidir si le conviene darles su aprobación.

Nadie quiere indisponerse, todos quieren dejar constancia de que acudieron en socorro del vencedor cuando todavía la suerte era indecisa. Pero dejemos a las cuadrillas especializadas la construcción del pedestal y sepamos que llegado el momento se convertirán con el mismo entusiasmo en mulillas de arrastre. Abominemos del grito disolvente de ¡abajo el que sube! Pero apliquémonos al examen exigente de quien nos quiere gobernar antes de que sea investido. Está en la mejor tradición de los países donde se ha consolidado la democracia.

Sepamos también que, como nos enseña Heisenberg, no conocemos la realidad, sino la realidad sometida a nuestro modo de interrogarla y que, de acuerdo con el amigo Wagensberg, a más cómo, menos por qué. Empecemos por la página web del Congreso de los Diputados, donde desde hace unos días se publica la “declaración de intereses” de sus Señorías. Los medios de comunicación han preferido centrarse en los datos patrimoniales carentes de significación a falta de una secuencia cronológica de cómo se obtuvieron. Pero han pasado por alto la “declaración de actividades”. Su examen contiene una revelación interesante sobre Mariano Rajoy por lo que omite más que por lo que declara.

En efecto, Mariano Rajoy ha dejado en blanco la casilla correspondiente al punto 36 de la declaración referente a la incompatibilidad. Es decir, ha dejado sin responder una pregunta tan elemental como la de si es funcionario o presta servicios o realiza alguna actividad por cuenta directa o indirecta de: (Especifique, en caso afirmativo, si es funcionario y su situación administrativa respectiva; si presta servicios en virtud de contrato laboral, o en virtud de contrato administrativo, civil o mercantil). La casilla está en blanco y a la derecha no existe referencia alguna a su situación administrativa registral. Parecería que a Mariano Rajoy se le hubiera olvidado declarar que es registrador titular del Registro de la Propiedad de Santa Pola y de su Oficina liquidadora, en situación de “servicios especiales”, según resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 7 de marzo de 1990 (Boletín Oficial del Estado de 24 de marzo de 1990, nº 7.528).

Recordemos que Mariano Rajoy, siendo diputado al Congreso entre 1987 y 1990, llevaba directamente ese registro y percibía todas sus ganancias. Lo mismo que cuando era diputado gallego, concejal de Pontevedra y vicepresidente de la Xunta como titular de sucesivos registros y perceptor de sus beneficios, sin que le fuera posible atenderlos. Así, hasta la citada resolución, nombró a Francisco Riquelme, titular de Elche, condenado a trabajos forzosos.