El Gobierno subirá de 94.000 a 150.000 los ricos que pagarán patrimonio

El ruido político se va despejando poco a poco para dejar paso al Boletín Oficial del Estado, donde se publicará la recuperación del impuesto de patrimonio que el Gobierno tiene prevista para este viernes. La cúpula del PSOE empezó a desgranar ayer las líneas maestras de ese nuevo impuesto, que contiene una modificación clara respecto al que el Gobierno socialista eliminó en 2008, cuando estaba en dura pugna política con el PP para prometer rebajas de impuestos. La reforma principal, confirmada ayer tanto por José Blanco como por Alfredo Pérez Rubalcaba, consiste en subir el mínimo exento casi diez veces, desde poco más de 100.000 euros hasta un millón, para gravar solo a grandes patrimonios. Con ello se espera recaudar mil millones de euros y se pretende eliminar la principal crítica política que le hace el PP: la de que este impuesto afecta a la clase media.

Los técnicos de Hacienda están en pleno proceso de remate de los cálculos y nada es definitivo hasta el viernes, pero fuentes gubernamentales sitúan en unas 150.000 las personas afectadas que tendrían bienes de forma individual —no familiar— por más de un millón de euros, excluida gran parte de la vivienda habitual. Se trata de una reducción importante de los afectados, ya que el último año en que se cobró, 2007, eran más de 900.000.

En cualquier caso, tanto antes como ahora, y pese a las críticas de que afecta a la clase media, se trata de un impuesto que solo grava a una minoría. 150.000 personas suponen solo un 0,7% de los más de 19 millones de contribuyentes que declaran IRPF en España, por ejemplo.

Blanco y Rubalcaba protagonizaron una confusión con los datos de las personas a las que afectará el impuesto. Mientras el candidato hablaba de 200.000 o 300.000 en Tele 5, el ministro de Fomento y número dos del PSOE aseguraba en la COPE que afectará a 90.000 personas. En realidad, según su entorno, Rubalcaba se limitaba a poner un ejemplo para dar una idea de que es minoritario, sin conocer aún las cifras, y Blanco hablaba de los datos antiguos, los del impuesto de 2007.

Aquel año hubo 94.000 personas que declararon un patrimonio por encima de un millón de euros. El hecho de que ahora esa cifra pueda alcanzar los 150.000 no quiere decir que haya aumentado el número de millonarios en estos años de crisis, sino más bien, según fuentes del Ejecutivo, que cambiarán los criterios para incluir a más contribuyentes.

Hacienda no aclara qué cambiará, pero los expertos coinciden en que una de las principales críticas que se le hacían a este impuesto es que permitía que se libraran de él muchas grandes fortunas en empresas familiares a través de una exención llamada de inversión productiva.

En cualquier caso, tanto Blanco como Rubalcaba insistieron ayer en que no se puede hablar de clase media con personas que tienen más de un millón de euros. Y, sobre todo, pidieron al PP que justifique si está en contra de que los grandes patrimonios hagan un esfuerzo para ayudar a salir de la crisis después de que pensionistas o funcionarios ya lo hayan hecho con los recortes.

El ministro admitió en la COPE que fue un error suprimir el impuesto en su momento, aunque recordó que entonces había superávit, y se mostró partidario de remodelar “a futuro” todo el sistema fiscal, lo que incluiría modificar el sistema impositivo de las Sicav, donde se refugian los mayores patrimonios.

Ante la crítica de que se recauda poco dinero, Blanco espetó: “No sabe usted lo que yo puedo hacer como ministro de Fomento con mil millones de euros”, y pidió al PP que explique su rechazo “mientras echa profesores a la calle”, en referencia al conflicto de la enseñanza en Madrid.

El PP rebajó ayer sus críticas. El extremeño José Antonio Monago lo apoya, y el gallego Alberto Núñez Feijóo dijo que está “a favor de que las rentas altas hagan un mayor esfuerzo fiscal”, aunque no respaldó el impuesto. Los consejeros de economía del PP, reunidos ayer en La Rioja, analizaron la compleja situación financiera y concluyeron, entre otras cuestiones, que habrá que hacer una “revisión fiscal general” ante la crisis económica.

“Las comunidades del PP no negamos la crisis y desde 2007 hemos tomado medidas, pero llega un momento en que las medidas de ajuste ya no dan más de sí”, sentenció Concepción Arruga, la consejera de La Rioja, que actuó como portavoz.