El ponente de la causa contra Garzón por el franquismo deja el Supremo
El juez Adolfo Prego fue uno de los cinco magistrados apartados por falta de imparcialidad objetiva
El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Adolfo Prego, ha obtenido del Consejo del Poder Judicial la excedencia voluntaria para dedicarse a la profesión de abogado. Prego accedió al Tribunal Supremo en 1998, pero estuvo siete años en situación de servicios especiales como vocal del Consejo General del Poder Judicial, entre noviembre de 2001 y septiembre de 2008.
De vuelta a la Sala Penal del Supremo, Prego fue el magistrado ponente de la admisión de la primera querella contra el juez Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo. Patrono de honor de la fundación Defensa de la Nación Española (Denaes), próxima a Manos Limpias, la querellante contra Garzón, sus vinculaciones con organizaciones revisionistas de la memoria histórica, su cercanía a historiadores y comunicadores de ultraderecha y sus conferencias en la Hermandad del Valle de los Caídos, han empañado su trayectoria y cuestionado seriamente su imparcialidad como magistrado en la causa contra Garzón.
El pasado mes de junio, la Sala Especial del Supremo estimó su recusación y la de otros cuatro magistrados por Garzón, por falta de imparcialidad objetiva. En consecuencia, Prego quedó apartado como ponente del tribunal que tiene que juzgar la investigación de los crímenes del franquismo.
La excedencia de Prego deja una segunda vacante en la Sala Penal del Supremo, que se añade a la dejada por la jubilación del magistrado Enrique Bacigalupo. Esta vacante lleva tres años sin poderse cubrir, ya que los distintos sectores ideológicos del Consejo se han disputado la plaza que quieren para sus candidatos, el fiscal Antonio del Moral por parte de los conservadores, y el catedrático Gonzalo Quintero Olivares del lado de los progresistas. Sin embargo, ninguno de los dos puede optar a la plaza de Prego, ya que ésta de magistrado, y ninguno de los dos candidatos lo es, mientras que la de Bacigalupo está reservada a juristas de reconocida competencia.
Es la segunda ocasión en que un magistrado del Supremo pide la excedencia voluntaria, después de que lo hiciera Federico Carlos Sainz de Robles en 1986 poco después de finalizar su mandato como presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.
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