La última misión política de Ripoll

La resistencia de José Joaquín Ripoll a renunciar al acta de concejal para ser nombrado por el Consell presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante tiene, a la fuerza, una lectura política, dada la querencia del Gobierno valenciano por embadurnar políticamente un cargo que tiene más que ver con la capacidad de gestión que con el reparto de canonjías laicas. Nada que ver con los nombramientos de Rafael Aznar, al frente del puerto de Valencia desde 2004, o de Sixte Cambra, investido presidente del de Barcelona en enero de este año.

Aznar es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y hasta dimitió tras su elección como consejero general y presidente de la Comisión de Control de Bancaja por falta de tiempo para atender esos cargos. Su gestión ha convertido al puerto de Valencia en el primero del Mediterráneo y el quinto de Europa en movimiento de contenedores. Da trabajo a casi 20.000 personas. Cambra es administrador de empresas por el ESADE y aunque fue 11 años senador de Convergencia y Unió, siempre ha estado vinculado al mundo empresarial. Fue director general y consejero delegado del grupo textil Vilà y es socio fundados de Seeliger y Conde, una empresa dedicada a la búsqueda y desarrollo de talento directivo. Barcelona es el primer puerto del Mediterráneo en turismo de cruceros.

Es evidente que para la carrera política de Ripoll, presidir el puerto de Alicante significa un paso más en la deriva hacia el orillamiento de su liderazgo provincial que emprendió la dirección regional hasta finiquitarlo definitivamente a medio plazo. Ripoll se negó a dimitir de concejal hasta el último momento por no dar su brazo a torcer en el enfrentamiento que mantiene con la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo. Y, entre otras cosas, porque igual que ha sido nombrado, puede ser destituido de la dirección de puerto. Y ya solo le quedaría la presidencia del PP de Alicante, que también tiene la fecha de caducidad fijada en el otoño de 2012.

En el puerto tendrá su espacio social, vinculado a la salida de la Volvo Ocean Race, que arranca el 29 de octubre, y las actividades de la fundación de la entidad que preside. Eso sí, relativo. El organismo portuario se ha limitado al otorgamiento de la concesión administrativa a favor de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, que financia y promociona el evento, para la ocupación del edificio de una antigua estación marítima. El rédito político lo acaparará el Consell, quedando para Ripoll un papel poco menos que de figurante.

El organigrama del puerto lo forman solo media docena de cargos

Del presupuesto del puerto emana una parte de la que dispone la Fundación Puerto de Alicante, que en 2009 fue de 759.952,48 euros, de los que la práctica totalidad se consumen en explotación y gastos de personal. Comparado con el volumen que maneja la Diputación, cuyo presupuesto este año es de 208 millones de euros, una minucia. Pero la fundación tiene 55 patronos, entre los que están la CAM, Enrique Ortiz o la misma Diputación, y 88 empresas e instituciones colaboradoras. Está todo Alicante. El resto de la actividad portuaria está en manos de los agentes de aduanas, la empresa de amarradores, los consignatarios de buques, las empresas estibadoras, la corporación de prácticos, la empresa de remolcadores, las de transitarios y los transportistas. Es decir, en manos privadas.

Aunque el presupuesto del puerto es comparable al de la Diputación, el margen de maniobra que tendrá Ripoll para conceder adjudicaciones y contratar a sus afines es muy reducido. Ahora preside un consejo de administración de 17 miembros, pero las inversiones las hace Puertos del Estado y el organigrama directivo del puerto lo componen solo media docena de cargos: el jefe de gabinete de Presidencia, un director, un director económico financiero, el departamento de subdirección técnica, la secretaría general y la dirección comercial.

La adjudicación de una nueva zona

El año pasado, el puerto de Alicante movió el mismo número de contenedores que en 2003. Aunque ha doblado en siete meses la llegada de cruceristas, tiene una capacidad comercial limitada por su calado, a lo que habría que añadir el contexto de crisis que limita sus posibilidades de crecimiento. Tanto es así que el consejo de administración declaró desierto hace cinco meses los concursos públicos para adjudicar la construcción y explotación de una zona de restauración y nuevos amarres en régimen de concesión administrativa por 35 años. Ripoll también tendrá que resolver el bloqueo del acceso sur de la ciudad que afecta a terrenos del puerto y Adif y que tiene que desarrollar el Ayuntamiento del que acaba de marcharse.