El impuesto ‘para ricos’ recaudó 2.121 millones en 2007
Rubalcaba propone recuperar una tasa que el Gobierno socialista eliminó en 2008 como una de las medidas del primer paquete anticrisis
"Tal vez, si hubiéramos previsto esta crisis, no hubiéramos eliminado el Impuesto de Patrimonio". Así reconocía la ministra de Economía, Elena Salgado, el “error” de haber suprimido en 2008, después de 30 años en vigor, una tasa que en su último ejercicio –el correspondiente a 2007- supuso un ingreso a las arcas del Estado de 2.121 millones de euros. El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, tiene ahora la intención de recuperarla.
El 19 de abril de 2008, apenas un mes después de haber ganado las elecciones generales, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunciaba su primer plan anticrisis, un paquete de 11 medidas, con un impacto de 24.200 millones de euros entre 2008 y 2009, destinado principalmente a estimular el consumo. Dos de sus medidas estrella, o al menos las que más afectaban al bolsillo del ciudadano, fueron la deducción de los 400 euros para los 16,4 millones de contribuyentes del IRPF y la supresión del impuesto de patrimonio, que afectaba a un millón de personas.
Lo que en la práctica suponía dejar de recaudar 7.800 millones - 1.800 por el impuesto sobre patrimonio y 6.000 por el IRPF - fue presentado como un ahorro para los españoles. La filosofía de la iniciativa era clara: bajar los impuestos para aumentar el consumo. En primer lugar, porque la supresión del impuesto de los ricos favorecería a las clases medias, las más perjudicadas por esta tasa, y en segundo lugar, porque la deducción del IRPF contribuiría a crear, según los cálculos del Ejecutivo, unos 100.000 empleos.
Sin embargo, cuando la “desaceleración económica” se transformó en crisis económica, el Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás. En enero de 2010 se suprimió la deducción del IRPF, que supuso una reducción en las nóminas de 33 euros mensuales. Y ahora Alfredo Pérez Rubalcaba ya ha anunciado su propósito de reinstaurar el impuesto sobre patrimonio, en una nueva versión que solo grave a los más ricos, con la promesa de destinar la recaudación, unos 1.400 millones, a la creación de empleo.
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