Los alcaldes piden más tiempo a Hacienda para hacer las cuentas
“Retenernos ingresos es quitar comida al pobre”, dice la FEMP
Los alcaldes quieren otra prórroga. La ha reclamado por carta al Ministerio de Economía y Hacienda la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que amplíe el plazo antes de retener los ingresos de los impuestos a los municipios que no liquidaron el ejercicio fiscal de 2010 antes de agosto: 2.514, en total.
La FEMP alega que muchos Ayuntamientos no han liquidado las cuentas “porque no han podido” y pide un estudio municipio por municipio. El Gobierno, entretanto, ratifica que dejará de pagar ya en octubre a todos los incumplidores. 2.514 medianos y pequeños municipios de toda España se quedarán en un mes sin el ingreso del Gobierno central, con el que cubrían entre un 25% y un 30% del presupuesto.
“Pedimos que se distinga entre los que no pueden y los que no quieren cumplir. Lo contrario sería meterlos a todos en el mismo saco”, protesta Pedro Arahuetes, alcalde socialista de Segovia y a la vez, presidente de la Comisión de Hacienda de la FEMP. “Es como quitar la comida a los pobres. Sin ese dinero, los alcaldes van a dejar de pagar a proveedores, de sufragar actividades y ejercer sus competencias, y alguno no podrá asumir las nóminas”, se queja.
Boadilla, epicentro del Gürtel, en la lista
Entre la lista de perezosos a la hora de entregar las cuentas, figura el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, epicentro del escándalo Gürtel, que obligó a dimitir a sus dos anteriores alcaldes, ambos del PP: Arturo González Panero, imputado como presunto autor de los delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias y cohecho; y Juan Siguero, imputado como presunto autor de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación y tráfico de influencias, que no abandonó su cargo hasta dos meses antes de las pasadas elecciones, fueron desalojados por su relación con la trama.
En las elecciones de mayo, otro Gobierno del PP revalidó la mayoría absoluta, encabezado por Antonio González Terol. Pese a que la ley de Economía Sostenible fijaba en el 30 de marzo el ultimátum para liquidar las cuentas y de que en la carta remitida a los Consistorios el Ministerio citaba expresamente que la prórroga remataba el 31 de julio, la edil de Hacienda, Isabel Martín Castellá, discrepó ayer con el ministerio acerca de los tiempos.
Tras ser consultada por este diario, la concejal aseguró que su Gobierno aún está en plazo. Una llamada posterior del alcalde, González Terol, alegó que ese trámite se efectuó de forma telemática el pasado 22 de julio, y culpó al Ministerio de traspapelar la documentación.
En Torredolones, municipio en el que gobierna ahora Vecinos por Torrelodones, tras desplazar al PP, la alcaldesa, Elena Biurrun, se enteró ayer por El PAÍS de la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento: “Estoy a la espera de conocer los motivos por los que el anterior Gobierno, del PP, no ha presentado las cuentas. Es un grave perjuicio para el municipio”, protestó.
Lo más que espera obtener del ministerio, sin embargo, es una interpretación laxa de la norma, de forma que hasta octubre las administraciones locales puedan seguir presentando sus balances de 2010. A pesar de que la ley de Economía Sostenible fijaba el primer plazo en marzo y de que el Gobierno ha abierto la mano hasta agosto, en la FEMP cunde la esperanza de que así sea. Su intuición no es del todo descabellada, según fuentes del ministerio, que avisan de que en octubre se cerrará el grifo.
¿Qué pasará con quienes no cumplan? El alcalde de Ponteareas, un municipio de 23.000 habitantes en el sur de Pontevedra, el popular Salvador Fernández Solla, lo conoce de primera mano. Defiende que sin los 200.000 euros que recibe cada mes de Madrid, los 200 trabajadores de su Administración no cobrarán. “Ha llegado la hora de bajar la verja. O de que venga a gestionar el ministerio”. Su queja es compartida: la lastimada tesorería municipal ya no resiste más, lamentan la docena de alcaldes consultados por este diario.
Ponteareas es uno de los 10 municipios de más de 20.000 habitantes que figuran en la lista negra del ministerio, junto a Boadilla del Monte, Torrelodones y Villaviciosa de Odón, en Madrid; Alzira, en Valencia; San Javier, en Murcia; Ames, en A Coruña, y Marín, en Pontevedra. También hay 2.500 pequeños pueblos, que según la FEMP se verán abocados a la asfixia financiera en octubre. “Debería haber una prórroga y es la hora de que las Diputaciones demuestren que están para ayudar a los municipios pequeños y les ayuden con los trámites”.
