Compartir los costes

LA CRISIS económica está resultando ser el revulsivo más eficaz para movilizar la vocación reformista de algunos Gobiernos. Desde luego, de su afán por revisar aspectos fundamentales en las finanzas públicas. Es el escrutinio, no siempre racional y eficiente, de los mercados financieros el que se sobrepone a los programas de los partidos políticos, gobiernen o no. El caso de España es uno de los más ilustrativos.

En apenas una semana el Gobierno y el principal partido de la oposición han superado el tradicional desencuentro para convenir una reforma de la Constitución sin precedentes en la que inscribir una importante limitación al déficit de todas las Administraciones públicas. Es probable que el Gobierno acabe importando igualmente otras iniciativas tendentes a elevar la carga fiscal que soportan las personas con mayor renta y riqueza. Si así lo hiciera, este histórico verano también dejaría como legado una alteración significativa de la estructura impositiva española, aportado por el mismo Gobierno que no hace tanto reducía la presión fiscal sobre las rentas y eliminaba el impuesto sobre el patrimonio.

En la valoración de iniciativas tendentes a elevar la presión fiscal de los más ricos no es fácil sustraerse a esa suerte de precipitación que está orientando decisiones fundamentales de política económica. Esta, en todo caso, sería oportuna. La razón de ese aumento de las cargas fiscales a los que más ganan o a los que más tienen no debería ampararse en esa inusual, aunque inteligente, propuesta de algunas grandes fortunas estadounidenses, francesas o alemanas. En España no se ha producido, a pesar de la sugerencia que les hacía a los ricos españoles el popular González Pons. Sin embargo, existen fundamentos para llevar a cabo esa imposición adicional en un país donde la distribución de la renta y de la riqueza es mucho más desigual que en el promedio de las economías avanzadas de la Unión Europea. Una razón adicional no menos relevante es que la economía española dispone de un grado de desarrollo, de modernización y de capital público muy inferior a aquellas otras en las que todavía el sistema tributario es más progresivo que el nuestro. También encuentra justificación esa contribución de las rentas más elevadas en el hecho de que la distribución de costes de esta crisis y, en todo caso, las posibilidades de superación de sus efectos, son muy desiguales en nuestro país. La excepcional tasa de paro alcanzada, y las muy serias dificultades para reducirla en el corto plazo, habla por sí sola.

Sería muy razonable que la misma diligencia con que se acuerdan restricciones presupuestarias, que seguirán afectando a los gastos sociales y de inversión pública, se aplicara a la elevación de la fiscalidad a las fortunas y a las transacciones financieras. Una revisión de la distribución de las cargas impositivas en nuestro país no debe impedir en todo caso la mejora de la eficacia en la persecución de las distintas formas de fraude y ocultación, en la que España también ocupa una posición destacada.