Jueces, policías y ecologistas rechazan la reforma

La reforma de la Constitución para introducir el principio de equilibrio presupuestario no solo inquieta a sindicatos e indignados. También ha generado rechazo entre sectores de la judicatura, los ecologistas, los consumidores y la policía.

Jueces. Jueces para la Democracia, la asociación progresista y minoritaria, rechaza la reforma al considerar que se ha hecho “por sorpresa, en periodo estival y de forma precipitada, marcando plazos imposibles y con negociaciones opacas”. El colectivo se opone a que se “juegue” con la Constitución “para imponer una orientación de política económica con el objetivo de contentar los intereses concretos que se esconden detrás de los mercados”. Por su parte, la moderada y también minoritaria Francisco de Vitoria reclama un referéndum sobre la reforma, al entender que “rompe el equilibrio entre el modelo de economía de mercado y de economía social que se estableció en 1978” y no cuenta con el apoyo de todos los partidos.

Ecologistas. Ecologistas en Acción también se opone al considerar que PSOE y PP, “en lo que concierne a los gastos, apuestan por el recorte en lo social y lo ambiental frente a otras partidas, como podrían ser las militares o las ayudas a la banca”. Para el colectivo, el problema no es el déficit público, sino “la deuda privada, sobre todo la ligada al mundo del ladrillo”, afirmó en un comunicado. Por eso se opone a la modificación y pide que se someta a referéndum “para forzar a PSOE y PP a dar marcha atrás en sus propósitos antisociales, antiambientales y antidemocráticos”.

Consumidores. La asociación FACUA ha llamado a los ciudadanos a sumarse a la manifestación convocada por los sindicatos para el próximo 6 de septiembre con el fin de “oponerse a una medida que favorece todavía más los intereses de los poderes financieros y puede ser la excusa para traer en el futuro más recortes en los derechos sociales”. La organización reclama, además, un referéndum, porque “no supondría un sobrecoste adicional y respondería a las reivindicaciones de los ciudadanos”.

Policía. “Plantear un cambio de la Constitución que no entrará en vigor hasta dentro de nueve años y hacerlo con urgencia y sin referéndum es no conocer la realidad social en la que se mueve este país”, afirmó el Sindicato Unificado de Policía en un comunicado, en el que añade que la ausencia de una consulta “no hace más que alejar a los ciudadanos de la política y las leyes que regulan la convivencia”.