Interior expedienta a tres policías por brutalidad contra manifestantes laicos

Los golpes propinados por la policía a una menor y a un fotógrafo que participaron en la manifestación contra la violencia policial celebrada el pasado jueves —en protesta por supuestas agresiones de agentes a manifestantes durante la marcha laica de la víspera— podrían tener consecuencias graves para el agente que protagonizó la agresión y para sus dos superiores inmediatos. La información interna ordenada por Interior la pasada semana —apoyada por el equipo del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, después de que el vídeo en que se grabó la escena fluyera por las redes sociales— ha ascendido un escalón más.

El director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, ordenó ayer la apertura de un expediente disciplinario por falta grave contra tres de los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) —los antidisturbios— que aparecían en las imágenes. El motivo es una posible extralimitación en el ejercicio de sus funciones el pasado día 18 en las inmediaciones de Sol.

En la grabación, un fenómeno viral en internet, aparece un grupo de agentes protegidos con cascos y armados con sus defensas, que transitan por la calle de Atocha, en las cercanías de la Puerta del Sol. Al cruzarse con una joven vestida de blanco —Katerina M., de 17 años—, uno de ellos le propina una bofetada sin mediar palabra. La menor cae hacia atrás desequilibrada y se golpea conmocionada contra el escaparate de una tienda. Acto seguido, un amigo se la lleva en volandas mientras la chica grita a sus agresores. Antes del golpe se escucha a una mujer gritando: “¡Violentos, que sois unos cabrones!”. La propia Katerina reconoció anteayer a este periódico que los increpó.

Después, varios policías golpearon con sus porras al fotógrafo Daniel Nuevo, que estaba tomando imágenes de los golpes que recibieron Katerina y su compañero. Nuevo, que ha denunciado los hechos en los juzgados de Madrid, asegura que se identificó como periodista. En caso de que el juez admitiera a trámite su denuncia, la investigación interna quedaría paralizada hasta que el proceso judicial concluya. El régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía recoge en su artículo 8 como falta grave “el abuso de atribuciones”. Ese tipo de faltas están sancionadas con la suspensión de funciones del agente de cinco días a tres meses. Esa misma conducta se consideraría muy grave —lo que podría acarrear la expulsión del cuerpo del agente— en caso de que se hubiera causado “un grave daño” al ciudadano.

La apertura del expediente supone el inicio de un procedimiento que incluye la toma de declaración de los policías investigados y la práctica de cualquier otra prueba que se considere necesaria. Después, el instructor del expediente, conforme a los hechos probados en la investigación, establecerá la infracción que considera cometida, así como la sanción que en su opinión corresponda. La última palabra la tendrá el director general de la Policía y la Guardia Civil, el cargo que ordenó el inicio de la investigación interna.

Tras conocer la noticia, los sindicatos policiales salieron en tromba contra la decisión de Interior y en defensa de sus compañeros. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Felipe Brihuega, aseguró que el ministerio había cedido “a la presión mediática” y afirmó que también hubo manifestantes que se “extralimitaron con los agentes”, informa Europa Press. Para Brihuega, “no es justificable, pero sí entendible” la agresión, que pudo cometerse al haber estado sometidos los agentes “a insultos, vejaciones, escupitajos...”. “Quieren acallar a la opinión pública”, añadió el dirigente del sindicato.

“Los políticos nunca son responsables de nada. Siempre pagan los que están en la calle y obedecen”, señaló el portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Alfredo Perdiguero. “Por su inacción, por no mandar, por no aplicar la ley, somos nosotros los que al final lo pagamos, a los que nos sancionan”, prosiguió. “Lo fácil es sancionar a la buena de Dios, aplicar el régimen disciplinario por las presiones sociales y según a qué gente”. “En cuatro meses, con todo lo que hemos aguantado y con 40 agentes heridos, nadie del ministerio o la dirección general nos ha defendido”, concluyó.

Aún más duro fue el número dos de la Confederación Española de Policía (CEP), Lorenzo Nebrera, que acusó a Interior y al PSOE de haber tomado “una decisión de cobardes” y de iniciar “una caza de brujas”. “Duele que unos profesionales que han estado sometidos a una presión tremenda puedan ser sancionados a causa de unas imágenes”, continuó Nebrera.

Katerina, la menor agredida, se mostró, sin embargo, satisfecha. “Ahora quizá nos hagan más caso y no van a quedar impunes las agresiones”, dijo. “Espero que a los que se ha identificado les caiga el marrón”, afirmó la agredida, que aunque no ha denunciado los hechos, tiene intención de hacerlo en los próximos días. Daniel Nuevo, el fotógrafo, consideró el expediente “un buen paso”, aunque espera que se actúe de la misma forma con el resto de agresiones, “no solo con las grabadas”. “Si solo es una falta grave pegar a una menor sin agresión previa, yo no entiendo nada”, concluyó.