Alcaldes-consejeros en lugar de diputados

En lugar de diputaciones, “consejos de alcaldes”. Con menos competencias y menos presupuesto. Cambiar una institución por otra nueva, pero que salga más barata. Es el resumen de la propuesta del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, para eliminar las Diputaciones Provinciales de régimen común, un organismo intermedio entre Comunidades Autónomas y Ayuntamientos presente en 38 de las 52 provincias de España. Rubalcaba compareció ayer en rueda de prensa para precisar un plan que, según calcula el PSOE, ahorraría a las arcas públicas 1.000 millones de euros cada año. El plan no suprime ese estrato intermedio de la Administración local que proviene del siglo XIX; el objetivo es adelgazarlo.

Las 38 diputaciones de régimen común (todas menos las forales vascas y navarras, y los cabildos insulares) emplean a 1.037 diputados —más todo su personal de confianza, asesores y funcionarios o personal laboral— y manejan cada año 6.000 millones de euros; de ese dinero, según las cifras del PSOE, un 30% se va a pagar nóminas y gastos de personal, el 15% es de puro funcionamiento de la institución (luz, agua, gastos corrientes) y un 23% se lo comen las transferencias que la diputación hace cada año a Ayuntamientos, asociaciones, fundaciones o eventos. De esos tres sitios se puede recortar, dijo Rubalcaba.

La propuesta —que el candidato llevará en septiembre a la Conferencia Política del PSOE encargada de cerrar el programa electoral— consiste en sustituir cada diputación por un “consejo de alcaldes”, formado por todos los alcaldes de la provincia y presidido por uno de ellos. Ese consejo, que “carecerá de estructura política”, según Rubalcaba —aunque está formado por políticos—, se ocuparía del “gobierno y administración de la provincia”. Y tendría muchas menos competencias que ahora, porque buena parte de sus funciones pasaría a la comunidad autónoma correspondiente.

Entre las competencias que serían asumidas por los gobiernos autónomos estaría todo lo referido a servicios sociales, cultura, deportes, gestión de bibliotecas, archivos, conservatorios y teatros, políticas de igualdad, competencias educativas y de salud, medio ambiente, agricultura y pesca, políticas de empleo, desarrollo tecnológico e innovación, consumo o vivienda. Todo eso ya lo hacen las comunidades autónomas y muchos Ayuntamientos; el objetivo es que no lo hagan también las Diputaciones.

¿Qué competencias quedarían entonces en manos del consejo de alcaldes? Rubalcaba solo mencionó una: la extinción de incendios (que también prestan muchas comunidades). Aunque habría más. Un portavoz del PSOE subrayó que los detalles se cerrarán en septiembre.

Los 1.037 diputados desaparecerían; sus sueldos también, y los de sus cargos de confianza. Pero serían sustituidos por los alcaldes, que son muchos más: hay 8.116 Ayuntamientos en España (de estos habría que restar los de las comunidades uniprovinciales, que no tienen diputación, y las forales). Aunque el candidato no lo aclaró, un portavoz del PSOE explicó más tarde que esos alcaldes-consejeros no cobrarían un segundo sueldo, ni dietas: el trabajo del consejo lo harían gratis. Y aseguró que no tendrían personal de confianza ni asesores. “El plenario se reuniría dos o tres veces al año, con competencias mínimas. La gestión ejecutiva la tendrían el alcalde-presidente y los órganos rectores que elija el consejo”, matizó.

Los socialistas sostienen así que, de los 1.000 millones de ahorro que promete su plan, unos 200 millones saldrían de la supresión de sueldos públicos. El resto se recortaría por dos vías: primero, los “gastos corrientes prescindibles”, que desaparecerían: protocolo, coches oficiales, publicidad y propaganda, compra de prensa, revistas y libros, reuniones, congresos y jornadas, estudios y trabajos técnicos, gastos de asistencia a ferias, vestuario, dietas y seguridad. Según el PSOE, los alcaldes-consejeros no tendrían necesidad de nada de eso. Y segundo, el “gasto prescindible en las transferencias corrientes”, esto es, las subvenciones “discrecionales” que ahora hacen las Diputaciones a asociaciones, eventos deportivos, fundaciones, etc.

Lo que no se tocaría sería la plantilla de funcionarios y personal laboral de las Diputaciones provinciales, porque esos trabajadores pasarían, con su sueldo íntegro y sus funciones, a la comunidad autónoma que se hiciera cargo de las competencias.

Rubalcaba señaló que su propuesta no requiere una reforma de la Constitución —como ha venido repitiendo el PP en los últimos días— porque el artículo 141, que habla de la gestión de las provincias, la encomienda a “las diputaciones u otras corporaciones”. “Esa ‘u’ marca el debate en términos constitucionales”, afirmó. Solo sería necesario, según dijo, modificar la Ley de Bases de Régimen Local para regular el nuevo órgano: el consejo de alcaldes.

En 2006, el entonces ministro de Administraciones Públicas, el socialista Jordi Sevilla, llevó al Consejo de Ministros un plan para modificar las funciones de las Diputaciones provinciales y restarles competencias, que fue rechazado. “Admito que ha habido un cambio”, respondió ayer Rubalcaba cuando se le preguntó por qué ahora sí y entonces no. “Las cosas cambian, y las políticas también deben cambiar”, dijo.

El PP, por su parte, presentará el próximo mes de septiembre en un foro del partido en Zaragoza su propia propuesta para reformar las funciones y la composición de las Diputaciones provinciales, según adelantó la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, informa Europa Press. Será parte de un plan de reforma de todas las Administraciones, para dotar al conjunto de mayor “eficiencia y eficacia” y evitar que distintas instituciones “incidan en las mismas competencias”.

“Hay que hacer una Administración más ágil, más eficiente y más barata para el contribuyente”, defendió la portavoz del PP, que en la última semana ha arremetido con dureza contra el plan del candidato socialista. Ayer volvió a hacerlo, sin dar más detalles de su propia propuesta.

Según Sáenz de Santamaría, las Diputaciones pueden reformarse pero sin dejar de reforzar “la prestación de servicios a los municipios más pequeños”. Los populares sostienen que, si las Diputaciones provinciales se suprimen, 15 millones de habitantes de municipios pequeños quedarían “abandonados”. En las comunidades uniprovinciales, sin embargo, no hay diputaciones provinciales y los servicios en los pueblos con menos infraestructura municipal los presta la comunidad autónoma.

Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid —donde no hay Diputación provincial—, se declaró “partidario” de mantener esas instituciones pero convirtiéndolas en una “estructura administrativa de gestión”, con carácter “técnico” y sin “componentes políticos”, que trabajen “bajo la supervisión política de los Ayuntamientos a los que se deben”.

Los pequeños Ayuntamientos “necesitan unas instituciones supramunicipales [para prestar servicios]”, dijo Gallardón en Onda Cero, pero esas instituciones “no tienen que tener necesariamente el carácter político que ahora tienen”, porque eso genera “duplicidad de cargos públicos”.