Cataluña amenaza con devolver el traspaso de Cercanías al Estado

La Generalitat dice que el Gobierno incumple la inversión pactada

Un tren de cercanías, en la estación de La Sagrera-Meridiana (Barcelona).
Un tren de cercanías, en la estación de La Sagrera-Meridiana (Barcelona).MARCE.LÍ SÀENZ

Cataluña no quiere devolver ninguna transferencia. “Al contrario, queremos que nos traspasen todo lo transferible y un poco más”, asegura el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell. ¿Ninguna? Una sí planea sobre la mesa: Cercanías. La gestión de las líneas de tren que en Cataluña toman el nombre de Rodalies, y que según el consejero de Territorio, Lluís Recoder, son solo una “transferencia espiritual”, que no les deja “margen de maniobra”. Por eso la Generalitat se ha planteado devolverla si no se cumple el traspaso como se pactó en 2009. Es decir, vinculado a un plan de inversiones de 4.000 millones y con cambios legislativos que permitan, si el Gobierno catalán lo deseara, sustituir a Renfe por otro operador.

“La única transferencia que en algún momento hemos podido insinuar que podríamos devolver es Cercanías. Es una transferencia mal hecha, casi virtual. No se traspasan vías, ni estaciones ni trenes”, señaló a este diario el titular de Economía, Mas-Colell. El titular de Territorio y Sostenibilidad, Recoder, reconoce que el tema de la devolución se ha tratado en la mesa de trabajo que mantiene con el secretario de Estado de Infraestructuras, Victor Morlán, sobre Rodalies. “Nosotros nunca hubiéramos aceptado un traspaso como el que pactó el tripartito”, se defiende Recoder. “Solo tenía dos puntos positivos, y no se están cumpliendo. Por eso estamos reflexionando qué hacer”, explicó ayer.

El problema, señala el consejero, no es que Cataluña no quiera la competencia de Cercanías, sino que en el traspaso no se ha desarrollado como se acordó en 2009 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Con la transferencia de la gestión ferroviaria (solo se traspasó la gestión, y no trenes ni vías, que siguen en manos del Estado), se firmó también un plan de inversiones en Rodalies de 4.000 millones de euros hasta 2015 para mejorar la red, que arrastra graves deficiencias. Además, el Gobierno central se comprometió a llevar a cabo un cambio legislativo que permitiera al Gobierno autonómico elegir operador para la red, y no estar atado a Renfe Operadora. Este último compromiso se plasmó en el Estatut.

El Ejecutivo catalán exige cambiar la ley para poder sustituir a Renfe

Sin embargo, según cifras de la Generalitat, solo se han ejecutado obras por valor de un 10% de lo pactado. Y el cambio legislativo sigue pendiente. El director general de Transporte, Ricard Font, señaló en una entrevista con el semanario El Temps, que a título personal, “si Madrid no retira las trabas”, él renunciaría a la competencia. “El cuerpo me pedirá envolver el traspaso y devolverlo”, apuntó.

El Ministerio de Fomento no quiso comentar ayer la amenaza de devolución de competencias por parte de la Generalitat. Un portavoz señaló que ese asunto “se está discutiendo donde toca”. En la última visita del ministro José Blanco a Cataluña, el secretario de Movilidad catalán, Damià Calvet, le echó en cara la falta de financiación, y el ministro le recordó que Cataluña es “la primera comunidad en inversión ejecutada”, con 15.000 millones de euros desde 2004.

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Según Recoder, si el Ministerio no cumple con el compromiso en Rodalies es porque no quiere. “Morlán nos dice que no hay dinero, pero luego vemos que sí lo hay para las infraestructuras que ellos quieren. Y en cuanto al cambio legislativo, yo he sido diputado en Madrid y sé cómo se hace un cambio así. Las leyes de acompañamiento de los Presupuestos están plagadas de este tipo de reformas. Así que, si desde 2009 no se han preocupado de hacer la reforma, es porque no han tenido ningún interés”, critica.

La Generalitat no quiso ayer poner plazo a la amenaza de devolución de transferencia: exige que se impulse el cambio de ley y que Fomento se comprometa públicamente a alguna inversión de peso en la red cuanto antes. “Pero no nos hemos planteado un mes concreto para poner Rodalies sobre la mesa. No queremos pensar eso. Queremos reflexionar sobre cómo solucionar el problema, porque lo que no puede ser es que cuando 400.000 usuarios sufren el mal estado de Rodalies, la Generalitat solo pueda agachar la cabeza al no tener capacidad de incidencia”, apuntó el consejero. “Que el Estado cumpla lo pactado, porque si no, no podremos confiar en ellos”, zanjó.

De “transferencia plena” a “virtual”

Cataluña tiene la gestión de la red de Cercanías desde el 1 de enero de 2010. El Gobierno catalán se convirtió en la autoridad ferroviaria y el entonces consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, destacó que la transferencia de Rodalies era la “culminación” de meses de negociaciones. Defendió el “carácter pleno” de la operación, a pesar de que las vías, estaciones y catenarias seguirían en manos de Adif, propiedad del Estado. Nadal defendió que la Generalitat tenía “plenas facultades” para intervenir y gestionar el sistema ferroviario de las Cercanías de Barcelona. El actual Gobierno de CiU, sin embargo, califica la misma transferencia ahora de “virtual” y “espiritual”.

La transferencia de la discordia está plasmada en el Estatuto de Cataluña, que establece que la Generalitat tiene “la competencia exclusiva sobre los transportes terrestres de viajeros y mercancías por carretera, ferrocarril y cable”. Además, indica que puede establecer qué operador se ocupa del servicio y que si la Generalitat decidiera no renovar el contrato con Renfe Operadora a partir de 2011, podría cambiar de empresa y se negociaría “la valoración de los medios materiales y personales” a transferir. Es decir, que Cataluña podría elegir otro operador ferroviario y Renfe debería transferirle sus 900 trabajadores y sus trenes.

Para lograr todo esto, sin embargo, hacía falta impulsar un cambio legislativo, que el Gobierno central se comprometió en 2009 a tener listo en un año. Pero que no se ha materializado. Según señaló en junio Victor Morlán, secretario de Infraestructuras, modificar la ley es “un proceso largo”, y “no hay tiempo para un cambio legislativo antes de las elecciones generales”.

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