Bruselas sigue sin noticias de Euskadi

Las Diputaciones vascas no logran convencer a la Comisión Europea (CE) de que han hecho los deberes en el caso de las vacaciones fiscales. Pese a la insistencia con que siguen asegurando que la totalidad de las ayudas declaradas ilegales ya han sido reintegradas por las empresas beneficiadas, el Ejecutivo comunitario señala que “no tiene los detalles” de la recuperación de los incentivos fiscales que se concedieron en la década de los 90. Y por ello, sigue en pie la demanda interpuesta por Bruselas ante el Tribunal de Justicia de la UE solicitando una multa multimillonaria para las instituciones vascas que rebasa ya los 40 millones de euros.

“Las autoridades españolas deberán recuperar sin demora la totalidad de las ayudas ilegales e incompatibles. La Comisión no tiene datos sobre el número de empresas, el montante de las ayudas concedidas, ni las cantidades devueltas por las empresas”, declaró a este diario un portavoz de la Dirección General de la Competencia de la CE.

Después de más de 10 años de pleitos, resueltos siempre en contra de los intereses de las tres Diputaciones, estas continúan a día de hoy sin hacer públicos los datos referidos a la cifra total de empresas bonificadas, la cuantía de los incentivos entregados y, sobre todo, la suma de las cantidades recuperadas. En medio de este hermetismo institucional, nunca se han dado como erróneos los cálculos extraoficiales que se han venido manejando: 300 empresas beneficiadas y unos 700 millones en ayudas concedidas.

Los únicos datos oficiales que han aflorado constan en las auditorías que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha realizado a las cuentas generales de las tres Diputaciones. De acuerdo con estos informes, se han recuperado 275,3 millones, de los que 134,8 corresponden a Bizkaia, 86,7 a Álava y 53,8 a Gipuzkoa.

Bizkaia ha recuperado 134,8 millones de 21 empresas, de las 16 han recurrido ante el Tribunal Superior vasco. Otras 22 sociedades no devolvieron las ayudas porque estas no superaban el límite establecido para ser compatible con el mercado común. Otras 21 empresas de este territorio no hicieron uso de las bonificaciones y 33 renunciaron a las ventajas. Dos beneficiarias alegaron no verse concernidas por tratarse de siderúrgicas.

En Álava, 61 empresas bonificadas han devuelto 86,7 millones. Además, otras 59 no lo han hecho porque la cuantía recibida no excedía el importe conforme a las directrices comunitarias. Y Gipuzkoa ha ingresado nueve millones de 16 millones y otras 28 no se vieron obligadas. Existe un caso al que se le reclamaron 44,8 millones y 60,1 millones por sendos expedientes.

Los gobiernos provinciales siempre defendieron la legalidad de las ayudas y adujeron errores de derecho cometidos por los tribunales europeos durante el largo trasiego judicial, argumentos que fueron, uno a uno, desmontados por la Corte de Luxemburgo. En sus últimas sentencias, conocidas en junio y julio pasados, los jueces declararon ilegales las ayudas y rechazaron la alegación de que el proceso no había sido justo. Además, el máximo tribunal comunitario no tuvo reparo en amonestar la actuación de las haciendas por su falta de transparencia y obstruccionismo ante los continuos requerimientos de la Comisión.

En julio pasado se cumplieron 10 años desde la primera vez que Bruselas exigió la recuperación de las ayudas, una petición que fue ratificada por los tribunales europeos en sendas sentencias de 2006 y 2007, que obligaban a reintegrar las vacaciones fiscales, minivacaciones y el crédito fiscal del 45%. Fue a partir de 2007 cuando las Diputaciones empezaron los trámites para recobrar los incentivos, pero nunca cumpliendo a rajatabla las exigencias de Bruselas. En marzo de 2010, la Comisión llegó incluso a entregar al Gobierno vasco un non paper (comunicación no oficial, según la terminología diplomática) con “consejos y pistas” sobre lo que tendrían que hacer las Diputaciones “para recuperar las ayudas y así evitar una sanción pecuniaria”. Tampoco aquella recomendación surtió efectos. El escapismo de las Diputaciones llevó finalmente a la CE a presentar en abril de este año una demanda para multar al Reino de España con 25.817,4 euros diarios hasta la fecha en que los tribunales ratifiquen la sanción.