Las comunidades preparan un gran tijeretazo de 5.000 millones al gasto

La crisis aprieta y las autonomías se ajustan el cinturón. La caída de los ingresos, las dificultades para endeudarse y el tabú de subir los impuestos con las elecciones generales a la vuelta de la esquina han llevado a las comunidades a hincar el diente al gasto. Con una deuda total de 121.420 millones de euros (11,4% del PIB nacional), las regiones recortarán hasta fin de año más de 5.000 millones, probablemente el mayor tijeretazo de la historia anunciado en menos tiempo: los últimos tres meses. Los ajustes acechan a infraestructuras y obras públicas y aún pasan de puntillas, en la mayoría de los casos, por las partidas sociales, el talón de Aquiles del político. “Creo que educación y sanidad no se tocarán, pero las regiones podrían comenzar a hablar de iniciativas como el copago a la italiana [abonar 10 euros por consulta]”, prevé José Ramón Pin, del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE).

Cataluña, la segunda comunidad con más deuda —34.323 millones (17,2% del PIB regional)—, encabeza la lista de la tijera. Artur Mas (CiU) sacó adelante en julio sus primeros presupuestos, que sentenciaban unos recortes de 2.860 millones. El gasto se equiparó al de 2007. Se “ahorrará” en infraestructuras y obra pública, pero también en las partidas sociales. Cataluña cerrará los servicios de urgencia nocturnos y despedirá a empleados de hospitales concertados.

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán (PSOE), anunció en julio un recorte de 752 millones. Se aplazaban inversiones (161 millones) y se reducía el gasto farmacéutico (197). Griñán se comprometía a no subir los impuestos ni rebasar el déficit, que en el primer trimestre alcanzó el 0,75%, más de la mitad del límite anual (1,3%).

Una de las primeras decisiones de Alberto Fabra, presidente de la Generalitat Valenciana, fue “sacar la tijera”, como dijo su consejero económico, José Manuel Vela. El Ejecutivo anunció un plan de ajuste, que contemplaba recortes en educación y sanidad, por valor de 680 millones. Aplazaba las inversiones en las universidades, dejaba de cubrir 704 plazas de funcionarios y suprimía el 22% de los liberados sindicales.

Su compañero de filas del PP, el presidente balear, José Ramón Bauzá, se comprometía a que su tijeretazo de 380 millones hasta fin de 2011 no afectase a los centros de salud (Bauzá es farmacéutico) ni a los funcionarios. Galicia, que reveló que recortará 130 millones de la Xunta, prometió no tocar educación y sanidad en más de un 0,5%.

Junto a las comunidades que han consignado el gasto, bien anunciando un plan de ajuste, bien reduciendo sus presupuestos, se encuentran las que prometen apretarse el cinturón. Castilla-La Mancha estima que ahorrará 30 millones con la supresión de “organismos superfluos” como el Defensor del Pueblo o el Consejo Económico y Social. La oposición socialista rebaja la cifra a seis millones. Con medidas como reducir la Administración autonómica, los populares José Antonio Monago (Extremadura) y José Vicente Herrera (Castilla y León) prevén ahorrar cuatro millones anuales, respectivamente.

Los expertos consultados auguran que la reducción del gasto público continuará en los próximos meses. Las 17 comunidades, 12 de ellas del PP, deben afrontar la caída de los ingresos. Así, el País Vasco, que ya redujo en 250 millones sus presupuestos del pasado año, podría anunciar nuevos recortes en los próximos meses. “El grueso de la tijera en las comunidades del PP podría producirse tras las elecciones del 20-N si gana Mariano Rajoy”, augura el politólogo Ignacio Urquizu.