Camps informará sobre las mismas leyes que aprobará desde el escaño

Francisco Camps no quiere renunciar a su escaño en las Cortes valencianas. Pese a que su dimisión como presidente le ha desplazado a la tercera fila de la bancada popular, Camps se aferra al acta de diputado, que le permite mantenerse en la política activa y disfrutar de la condición de aforado ante el juicio al que se enfrentará en otoño por aceptar supuestamente regalos de la trama Gürtel. La situación incomoda a los propios dirigentes populares, que no dejan de repetir que su renuncia sería una decisión “personal”.

Además, al tiempo que mantiene su escaño, Camps se ha acogido a algunos de los privilegios reservados a los expresidentes. Desde ayer tiene secretaria, chófer y dos guardaespaldas, y está ultimando los trámites para ingresar en el Consejo Jurídico Consultivo, órgano asesor del Gobierno valenciano y de las Cortes, donde cobraría unos 57.000 euros al año. Camps puede compatibilizar ambos cargos, según aseguraron ayer fuentes oficiales del organismo alegando que accede a la institución en calidad de miembro nato por ser expresidente del Gobierno valenciano.

Desde dentro del organismo, sin embargo, han trascendido dudas sobre esa compatibilidad, ya que Camps será miembro de una institución que informa de leyes de las Cortes que él mismo podrá votar como diputado. Además, en el supuesto de que Camps resultara condenado, se plantearía “una discusión importante en el Derecho Administrativo” por tener antecedentes penales, según fuentes del Consejo.

Sin precedentes

La situación, aparte de inédita, es insólita. Camps es el primer expresidente que se acoge a los privilegios previstos para los antiguos responsables del Consejo, y lo hace sin apartarse de la política activa. El socialista Joan Lerma optó por el Senado; y los populares José Luis Olivas y Eduardo Zaplana, por la presidencia de Bancaja y el sector privado, respectivamente. Ninguno se acogió al estatuto de expresidentes, que prevé que sean miembros del Consejo Jurídico, con voz pero sin voto, durante 15 años.

En la sede de la institución se está habilitando un despacho para Camps, y solo faltan algunos trámites para que ingrese de forma “automática” en el Consejo Jurídico. La institución la preside Vicente Garrido Mayol, al que Camps confirmó en el cargo solo cinco días antes de dimitir y que dirige su tesis electoral.

El portavoz socialista en las Cortes, Jorge Alarte, cree que “es ilegal” que compatibilice ambos puestos y, en cualquier caso, lo considera “absolutamente inaceptable en términos democráticos, en términos políticos y de honorabilidad”. “Es evidente que se quiere quedar en las Cortes para autorizar a [Alberto] Fabra [nuevo presidente de la Comunidad Valenciana] y para ser aforado porque tiene miedo de los jueces y los tribunales”, señaló Alarte.

El PSOE recordó que en el Consejo de Estado la situación de Camps no sería posible. La exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega dejó el acta de diputada en el Congreso al ingresar en el organismo. La pretensión de ocupar los dos puestos también le pareció “fuera de toda lógica” al grupo Compromís, que ha pedido un cambio de la ley para que los expresidentes condenados por corrupción no puedan gozar de esas prerrogativas.

La vicepresidenta del Consejo Jurídico, Paula Sánchez de León, calificó de “privilegio” que la institución pueda contar con la “experiencia” de Camps y destacó que no cobrará el sueldo de diputado (32.200 euros de sueldo base), algo previsto en la ley. También preguntado por la cuestión, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, afirmó que Camps tiene derecho por ley a asesora y chófer. Sobre la compatibilidad, señaló: “Es algo que deben decir los letrados de la Cámara valenciana”.