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Dependientes y discapacitados protestan por el retraso del Consell en pagar

El mes de junio lo cobraron el 27 de julio y tras más de un centenar de quejas individuales

Participantes en la protesta convocada ayer por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Alicante.
Participantes en la protesta convocada ayer por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Alicante.

Mientras el consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, se jactaba en el interior del edificio Prop de Alicante de una inversión de 2,6 millones de euros del Gobierno valenciano en proyectos destinados a mejorar las condiciones del pueblo saharaui, unas 30 personas de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia se manifestaban en el exterior del mismo edificio solicitando percibir las prestaciones sin “sujeción a dotaciones presupuestarias”. Este colectivo defiende que tienen sus “derechos reconocidos por la Ley de la Dependencia” y que “son prioritarios a la Fórmula 1, la Volvo Ocean Race y otros eventos”.

“Es increíble que tengamos que estar en la calle para exigir el cumplimiento de una ley que el PP votó a favor”, añadió una afectada, aunque el consejero los recibió más tarde para pedirles disculpas por “el retraso en el pago de la última mensualidad”. El mes de junio lo cobraron el 27 de julio y solo después de solicitar un día antes reunirse con el secretario general de la Dependencia, Joaquín Martínez, y presentar más de un centenar de quejas individuales al Síndic de Greuges. Este retraso se suma al del pasado mes de enero y a los que ya sufrieron el año pasado. El importe mensual total es de 3,8 millones de euros en derechos ya reconocidos a 9.509 dependientes.

También ayer, la Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo (Agevalcee) denunció que la Consejería de Formación y Empleo de la Generalitat valenciana debe 3,3 millones de euros en ayudas concedidas a 24 centros especiales de empleo que ocupan a 1.387 trabajadores con discapacidad. Los gerentes de estas entidades temen llegar al cierre por falta de liquidez, ya que el Consell les adeuda órdenes de pago de hace un año.