España amplía su causa sobre el genocidio maya a los crímenes de género

Los delitos de genocidio, terrorismo, lesa humanidad, torturas, asesinatos y detenciones ilegales no fueron los únicos que presuntamente se produjeron durante el genocidio maya perpetrado por el Ejército guatemalteco y las ultraderechistas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) entre 1979 y 1986. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ampliado su investigación a los crímenes de género. El magistrado considera que las 1.465 violaciones, en su inmensa mayoría de mujeres mayas, perpetradas durante ese período, además de otras atrocidades sexuales, tenían como objetivo acabar con ese grupo étnico "no solo a través del exterminio físico sino también del quebrantamiento de su estructura social".

En su resolución, el juez Pedraz recuerda como, durante esos años, las mujeres mayas sufrieron formas específicas de violencia "especialmente de tipo sexual" por parte del Ejército, las PAC así como comisionados militares. El juez constata 1.465 violaciones de las que el 97% serían imputables a estos últimos. En el 88,7% de los casos, las víctimas eran mujeres mayas. El 62% de ellas tenía entre 18 y 60 años en el momento de los hechos, y otro 35% fueron menores de 18 años. "Muchas de ellas fueron sometidas a esclavitud sexual", relata el magistrado. "Mientras duraban los asedios, a algunas mujeres las mantenían con vida para ejercer sobre ellas continuas agresiones sexuales y, en otras ocasiones, eran trasladadas a cuarteles y destacamentos militares a tal fin".

El juez Pedraz considera que las violaciones entre 1979 y 1986 tenían como objetivo acabar con la etnia

La resolución señala la "extrema crueldad" con la que se perpetraron algunos de esos crímenes. Habla de mutilaciones como hemorragias vaginales y empalamientos que luego se mostraban a la población en lugares públicos. También se produjeron "atroces y brutales actos sexuales" contra mujeres embarazadas, niñas que fueron violadas sucesivamente por varios agentes incluso en presencia de otros miembros de la comunidad maya o de familiares, feticidios, aperturas de vientres... En muchos casos, estas agresiones provocaron la muerte de las víctimas. En un 35% de los casos se las ejecutó sumariamente después.

"Toda esa violencia de género fue planificada desde el entrenamiento militar, en el cual las agresiones sexuales se constituían en una práctica habitual, siendo incluso ordenada por los mandos superiores en forma previa al ingreso [en el Ejército] señalando la forma precisa de hacerlas", afirma el magistrado. Su finalidad era demostrar poder como parte de una estrategia de terror y "asegurar el fin de la transmisión de la cultura maya y la desaparición del grupo" provocando desplazamientos de mujeres, rupturas de matrimonios y lazos sociales, aislamiento, vergüenza comunitaria y evitación de matrimonios y nacimientos dentro del grupo. Unos 500.000 mayas, en su mayoría mujeres y niños, tuvieron que desplazarse a otras comunidades y después a las montañas. Muchos murieron de hambre y frío.

Toda esa violencia de género fue planificada desde el entrenamiento militar

Para evitar que estos delitos sexuales queden impunes, el juez amplía su investigación a ellos. Recuerda que el artículo 607.1.2 del Código Penal considera genocidio "la agresión sexual cuando tiene el propósito de destrucción total o parcial de un grupo". Dos apartados después, ese mismo precepto, establece que son actos genocidas todos los actos encaminados a generar "un desplazamiento forzoso" o a "impedir el género de la vida o la reproducción". En total, los delitos de género imputados a los supuestos agresores son cuatro: tres de genocidio (por las agresiones sexuales, el desplazamiento forzoso y por impedir la reproducción) y uno de torturas por las mutilaciones y violaciones.