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ANÁLISIS

La lista de bodas del soborno

Si Camps es condenado, el PP en su conjunto padecería las consecuencias en las urnas

La notificación el pasado viernes a Francisco Camps y a otros tres imputados del auto del 6 de julio dictado por el juez instructor nombrado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) solo pudo sorprender a los interesados. La revocación por el Supremo en mayo de 2010 del inconsistente y sospechoso sobreseimiento a favor del presidente de la Generalitat y de sus tres acompañantes acordado por el TSJCV en agosto de 2009 contenía ya en filigrana la fundamentación jurídica de esa decisión. El año largo transcurrido hasta el definitivo pronunciamiento del juez instructor no ha hecho sino confirmar el abundante material probatorio que ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar la celebración de la vista oral ante un tribunal de jurado por la comisión de un delito de cohecho pasivo impropio de Camps y los demás acusados.

El relato de los hechos del auto judicial mueve a la vergüenza ajena. La delegación valenciana de la trama Gürtel —una organización mafiosa político-empresarial empotrada en el PP— no solo consiguió contratas por importe de más de 13 millones de euros de la Generalitat (las ferias de turismo y la visita del Papa). También sirvió a los populares para triangular operaciones de financiación irregular realizadas en su beneficio por empresas concesionarias y destinadas a ocultar pagos publicitarios en las campañas electorales de 2007 y 2008 por encima de los topes legales. Y todavía queda por averiguar la cuantía de las comisiones percibidas por la trama Gürtel a cuenta de sus servicios de intermediación en provecho de empresas beneficiadas por la Generalitat valenciana.

Al menos por ahora, Camps y sus secuaces no serán juzgados por su eventual responsabilidad penal en esos oscuros asuntos, sino solo por haber aceptado regalos de la trama Gürtel que aceitaron objetivamente el privilegiado acceso de Orange Market —su nao capitana en Valencia— a la Generalitat aun sin responder estrictamente a contraprestaciones específicas. El auto del 6 de julio subraya que esos obsequios —“dada la peculiaridad del objeto regalado, la reiteración en la entrega y su mismo valor”— no pueden ser equiparados con “los presentes o las atenciones de cortesía o de mero reconocimiento que los usos sociales admiten como inocuos y admisibles”.

La lista de bodas cómica y hortera del cohecho pasivo impropio sumó más de 40.000 euros gastados en ropa y complementos; al presidente Camps le correspondieron 12 trajes, 4 americanas y 9 prendas de vestir. El irresistible deseo de los cuatro cargos públicos de incrementar su fondo de armario para lucir su palmito en actos públicos o en la tribuna de oradores les impidió percatarse siquiera —en el mejor de los casos— de que estaban abriendo las puertas de la Generalitat a una banda de estafadores. Este episodio mezquino, ridículo y pijo se agrava con el recurso a la mentira y la obstrucción a la justicia de los acusados. Francisco Camps se ha comportado como el Pato Donald en las películas de dibujos animados, cuyo tamaño se va reduciendo mientras enrojece su rostro a medida que sus cambiantes embustes resultan cada vez menos convincentes. Las dignas y desdeñosas respuestas iniciales según las cuales pagaba de su bolsillo todos sus trajes han ido descendiendo de tono hasta estrellarse contra el suelo con la tesis de su letrado defensor de que habría recibido los posibles regalos a título de presidente del PP regional.

Todo hace suponer que la vista oral del juicio contra Camps y sus tres acompañantes se celebrará casi en vísperas de las próximas elecciones generales. La antidemocrática teoría de que la reciente victoria del 22-M del PP valenciano implicaba su absolución en los tribunales quedará sometida a una dura prueba. Si se produjese —como parece altamente probable— una condena, el PP en su conjunto padecería las consecuencias, por muy curtida que esté la piel de sus votantes. Federico Trillo, el estratega de la defensa en las diferentes piezas del caso Gürtel, quedaría rebajado a la condición de gran organizador de las derrotas. Y Esteban González Pons, que anunció hace cinco meses su propósito de “poner las dos manos sobre el fuego” por Francisco Camps, correría el peligro de ser ingresado en la unidad de grandes quemados de algún hospital. Y a menos que el todavía presidente de la Generalidad valenciana brindase la solución de presentar la dimisión de su cargo, Rajoy se enfrentaría con una situación especialmente peliaguda si el juicio contra Camps se celebrase antes de las elecciones generales y pusiera en peligro su victoria por mayoría absoluta.