Dos comunidades del PP rechazan ahora las competencias de Justicia

Murcia guardará en el cajón su objetivo de asumir las competencias de Justicia hasta que amaine la crisis. El Ejecutivo que preside Ramón Luis Valcárcel, del PP, no asumirá los traspasos del Gobierno, que debían sellarse el próximo 31 de julio y exigían un desembolso de 70 millones euros, así como un pago único de 5,5 millones, según el diario La Verdad. La irrupción de un eventual adelanto de las elecciones generales y la situación financiera de la autonomía, con una deuda de 2.106 millones (7,4% del PIB regional), justifican el frenazo.

Murcia aparca los traspasos tras dos años de negociaciones con el Ministerio de Justicia. “El trabajo está hecho para que se ejecute más adelante”, explica Manuel Campos, consejero de Presidencia e interlocutor con el Gobierno en esta materia. Al margen de los pagos, las competencias contemplaban que la Región de Murcia abonase la factura de 40 nuevos funcionarios y un coste económico anual que la comunidad todavía no ha evaluado.

El principal escollo, según Campos, ha sido la creación de la oficina judicial y el pago único de los 5,5 millones. “El problema es que este desembolso está condicionado por cumplir los objetivos de déficit", explica el consejero, que insiste en que la comunidad pasa los exámenes sobre ratios judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Ministerio de Justicia ha invertido desde 2006 70 millones de euros en reforzar su plantilla judicial, de 1.360 funcionarios y 149 plazas judiciales.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, calificó de “prudente” la decisión del Ejecutivo regional. “La Justicia es una cuestión de Estado y hay que tener en cuenta las circunstancias [económicas], que son las que son”, expresó. El PSOE de Murcia, que esta mañana se había reunido para debatir el frenazo a las competencias, pedirá explicaciones al consejero Campos en la Cámara autonómica, según fuentes socialistas.

Teniendo en cuenta la situación económica del país y de Castilla-La Mancha, entendemos que este proceso va a tener que ir en sus tiempos. No lo descartamos, pero no son tiempos los de ahora de hacer mudanzas” DOLORES DE COSPEDAL

"No es tiempo de mudanzas"

También la nueva presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que además es la secretaria general del PP, ha anunciado hoy en Toledo que no es el momento “más apropiado" para consumar el traspaso de las competencias de Justicia a la región. "Teniendo en cuenta la situación económica del país y de Castilla-La Mancha, entendemos que este proceso va a tener que ir en sus tiempos", ha afirmado. "No lo descartamos, pero no son tiempos los de ahora de hacer mudanzas”.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no gestiona la Justicia, porque hasta ahora el Gobierno del socialista José María Barreda no había logrado alcanzar un acuerdo económico con el Ejecutivo central para asumir nuevas responsabilidades. En el contexto de precariedad económica que viene denunciando la nueva presidenta castellanomanchega, asumir nuevas competencias, que van unidas a sedes judiciales, funcionarios y otros capítulos de gasto, supone reducir el ya de por sí magro presupuesto, agravado por la crisis.

Con el anuncio de estas dos regiones, las comunidades del PP ponen ahora en cuestión las competencias de Justicia. Después de haber utilizado la supuesta opacidad en las cuentas regionales como ariete contra el PSOE, ahora Castilla-La Mancha y Murcia se escudan en la crisis para exigir que se eche el freno a los traspasos de la gestión en materia de Justicia. Madrid y Aragón ya reclamaron a principios de mes el recorte en las responsabilidades autonómicas y, la propia presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, pidió devolver la responsabilidad regional sobre los tribunales. La novedad estriba en que ahora lo exigen dos autonomías que aún no habían asumido estas competencias.

Aguirre da la salida

La petición de reducir las competencias regionales no es nueva, pues ya la hizo el pasado 8 de julio, en una conferencia de FAES, la fundación que sirve de vivero de ideas políticas al PP, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, a la que se sumó su homóloga en Aragón, Luisa Fernanda Rudi. Allí Aguirre citó expresamente las competencias de Justicia como materias que debería volver a asumir el Gobierno, pero aseguró entonces que su petición era una mera declaración de intenciones.

"Yo he multiplicado por cinco el presupuesto de Justicia durante estos años, sin que eso haya supuesto más eficacia en la gestión", afirmó Aguirre. La Comunidad de Madrid tuvo que paralizar la Ciudad de la Justicia, el macroproyecto que tenía previsto centralizar los juzgados de la capital en una misma sede, por falta de fondos para sufragarlo. El exconsejero de Justicia madrileño Francisco Granados, secretario general del PP en esta región, fue más allá en marzo al tildar los traspasos de “caros y complicados” y calificó las competencias de “carajal”. Unas declaraciones que provocaron la queja de nueve jueces que ejercen en Madrid.

Los problemas para gestionar la justicia los ha señalado también la Comunidad Valenciana (con una deuda de 16.634 millones de euros, el 16% del PIB regional). La Generalitat valenciana, gobernada por Francisco Camps, del PP, renunció en junio a abrir 15 nuevos juzgados pese a tener transferidas las competencias y a ser la segunda autonomía con más necesidades judiciales (cada juzgado registra una entrada de 1.500 asuntos, cuando el CGPJ recomienda 950, y asume una carga de trabajo que supera el 70% de lo recomendado). La Comunidad Valenciana necesita 63 juzgados, según el máximo órgano de gobierno de los jueces.