El juez decide el futuro de Camps

El futuro judicial y en gran parte político del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se decide mañana en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El juez José Flors presidirá la audiencia preliminar, un ensayo del juicio que, según todos los indicios, le espera por haber aceptado junto a los otros tres altos cargos del PP imputados, 40.000 euros en regalos de la trama corrupta Gürtel a lo largo de cuatro años, lo que constituiría un delito de cohecho pasivo impropio continuado. Flors deberá decidir al término de la audiencia preliminar o en el plazo máximo de tres días si dicta o no la apertura de juicio oral. Nunca hasta ahora un presidente en ejercicio de una comunidad autónoma se ha sentado en el banquillo de los acusados.

El probable juicio y la eventual condena pondrían a Camps en una situación muy difícil de sostener, aunque su entorno transmita que su intención es aguantar. Primero, porque una sentencia condenatoria establecería que el presidente lleva dos años y medio mintiendo. Segundo, porque el cohecho pasivo conllevaba solo una pena de multa cuando supuestamente sucedieron los hechos (entre 2005 y 2008) y esa es la normativa aplicable. Pero los socialistas y el PP pactaron el año pasado endurecer las penas contra la corrupción y ahora esa misma conducta (aceptar dádivas ofrecidas con motivo del cargo público que se ostenta) se castiga con un año de cárcel y tres de inhabilitación.

Y, finalmente, porque la Fiscalía Anticorrupción acusa a Camps de haber aceptado 12 trajes (no dos ni tres como arguyen en el PP), cuatro americanas y otras nueve prendas de vestir. Pero eso, según ha concluido la investigación y han avalado hasta ahora 10 jueces, constituyó solo la punta del iceberg de la mayor trama de corrupción política destapada en Valencia y España. Según ese relato, la red de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, utilizaba las dádivas a cargos públicos y a sus familiares (especialmente a las esposas) para engranar una maquinaria corrupta que le permitía saquear las arcas públicas.

El avance de la investigación judicial apunta a que en Valencia lograron su objetivo por importes millonarios. Y ha conducido a la imputación por un amplio catálogo de delitos de corrupción (financiación ilegal, falsificación en documento mercantil, prevaricación y cohecho) de nueve personas de la máxima confianza de Camps, que en el momento de los hechos ocupaban las principales responsabilidades en el partido y en el Ejecutivo autónomo.

En total: dos vicepresidentes (Vicente Rambla y Víctor Campos); una presidenta de las Cortes (Milagrosa Martínez, anteriormente consejera de Turismo); el portavoz parlamentario y secretario general del PPCV (Ricardo Costa); el director de la televisión pública valenciana (Pedro García, antes responsable de Comunicación de Presidencia de la Generalitat); el vicesecretario general del PPCV (David Serra); la tesorera del PPCV (Yolanda García); la administradora del PPCV (Cristina Ibáñez) y el jefe de gabinete de Turismo (Rafael Betoret).

La pena aplicable por cohecho pasivo entre 2005 y 2008 es una multa

Dos años y cinco meses después de que estallara el caso, algunos han abandonado completamente la Administración (Campos y García) y la mayoría de ellos han sido degradados por Camps a diputados rasos. Una condición que, sin embargo, les otorga aforamiento, lo que impide juzgarlos como a cualquier ciudadano (solo puede hacerlo el Tribunal Superior de Justicia).

Si, como han dicho hasta el momento los jueces, las acusaciones contra su círculo de confianza están fundadas, o bien Camps no supo que su número dos en el Gobierno y su número dos en el partido mercadeaban favores con la trama corrupta; o bien lo conocía y, al menos, lo toleró. Ninguna de las dos opciones parece muy edificante.

Los procesos por los delitos más graves de la vertiente valenciana de la trama Gürtel tardarán probablemente varios años en resolverse. Parte de ellos se enjuiciarán en Valencia y otra parte (como el supuesto reparto de tres millones de euros en comisiones de los fondos que Canal 9 destinó a la cobertura de la visita del Papa a Valencia en 2006) en la Audiencia Nacional. Si Flors dicta esta semana la apertura de juicio oral por el llamado caso de los trajes, en cambio, Camps será juzgado hacia octubre o noviembre por un tribunal del jurado.

La audiencia preliminar que se celebra mañana viene a ser un ensayo del juicio al que no es necesario que asistan los acusados. El juez analiza de forma sintética las pruebas y argumentos de las partes y a continuación decide si está o no justificado celebrar el juicio. Durante la vista, que quizá dure más de un día, se escucharán las explicaciones de los peritos; declarará una selección de los testigos (no estarán, por ejemplo, Correa, Crespo ni El Bigotes); se oirán las conversaciones grabadas que figuran en el sumario; los abogados presentarán sus conclusiones y se practicará alguna prueba.