El PSOE denuncia que el PP rechaza pactar 26 cargos institucionales

Los populares demoran los nombramientos hasta después de las generales

“No quiero dejar de lamentar la experiencia de la última renovación tardía del Tribunal Constitucional en el Senado y que ese retraso se pueda repetir en esta Cámara, un retraso ya excesivo, inadmisible (...) Espero que en los próximos días, o en pocas semanas, seamos capaces de asumir nuestra responsabilidad y alcancemos un consenso suficiente para la renovación del Tribunal Constitucional”, aseguró el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el discurso con el que abrió el debate sobre el estado de la nación el 18 de junio.

Poco después hubo solo una llamada del responsable de Justicia e Interior del PP, Federico Trillo, al vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba. En la breve conversación no se avanzó ni un milímetro de los contactos que han mantenido Gobierno y PP para intentar renovar el Constitucional desde noviembre.

En este momento, la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP mantiene bloqueadas cuatro instituciones constitucionales desde hace meses, y todo parece indicar que seguirán así hasta la siguiente legislatura. Al menos así lo creen fuentes del Gobierno y del PSOE, resignados a que dichas renovaciones, que afectan a 26 cargos, no se produzcan hasta después de las elecciones. Además de los cuatro magistrados del Constitucional que debía haber nombrado el Congreso el pasado noviembre, quedan pendientes de renovación la mitad del Consejo de RTVE, la totalidad del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. La situación se agravó la semana pasada con la dimisión de Alberto Oliart como presidente de la corporación de RTVE. Todos esos nombramientos requieren el acuerdo de los dos grandes partidos, porque precisan mayorías cualificadas de dos tercios. En esta legislatura solo ha sido posible renovar el Consejo General del Poder Judicial —aunque con dos años de retraso—, a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional en el Senado y al presidente de RTVE.

La candidatura  de Enrique López bloquea todos los demás cargos

El caso más evidente es el del Constitucional, que está pendiente del nombramiento de cuatro magistrados por parte del Congreso de los Diputados. El acuerdo se ha entorpecido hasta ahora por el interés del PP en mantener las actuales mayorías en la resolución de recursos contra leyes clave de la anterior legislatura. Por ejemplo, el Estatuto de Cataluña en su momento, y ahora la ley del aborto y la de matrimonios entre personas del mismo sexo, entre otros textos legales.

El PSOE sospecha que además el PP pretende retrasar ahora todas las renovaciones para después de las elecciones generales, ya que las expectativas muestran que tendrá mayoría suficiente para imponer un reparto favorable a sus intereses. Y, además, reservarse la posibilidad de utilizar en las negociaciones de posibles acuerdos de Gobierno con CiU, PNV y CC la presencia de estos partidos en esas instituciones.

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Para ello, los populares han utilizado como clave de bóveda el nombre de Enrique López como candidato al Tribunal Constitucional, sabiendo que el PSOE no puede aceptarlo, y como fórmula para bloquear todos los demás nombramientos. Por ejemplo, el del Defensor del Pueblo, vacante desde hace un año, quedó pendiente de una conversación entre Zapatero y Rajoy de la que nadie en el entorno del presidente y el líder de la oposición tiene constancia. Fuentes del PP, por ejemplo, niegan que el Gobierno les hubiera sondeado sobre el nombre de Francisco Vázquez, aunque el exalcalde de A Coruña y antiguo embajador en el Vaticano dijo públicamente que fue vetado por sectores del PSOE.

El PP se reserva para negociar en el futuro con CiU, PNV y CC

Fuentes del Gobierno aseguran que siguen rechazando a López y que para el Constitucional ha estado sobre la mesa el nombre del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, pero se inclinan por no proponerlo ya que tendría que abstenerse en asuntos en los que ha participado, como los relacionados con la Ley de Partidos. Además, el Gobierno no quiere abrir en este momento el melón de la fiscalía, a pocos meses de las elecciones, aunque el nombre de Conde-Pumpido se ha barajado también para la Secretaría General de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, IberRed.

Cuatro organismos constitucionales en precario

El PSOE y el PP tienen pendiente cumplir con su obligación legal y consensuar 26 nombres para cuatro instituciones, en la recta final de la legislatura.

Tribunal Constitucional.

Desde mayo de 2008 el Congreso tiene pendiente cubrir la vacante del fallecido Roberto García-Calvo. Y desde noviembre de 2010 tiene que cubrir las de los magistrados Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera. En teoría, correspondería proponer dos magistrados al PSOE y otros al PP, lo que en el fondo decantaría la mayoría en favor del bloque progresista. La anterior renovación, la del Senado, les llevó tres años, y terminaron pactando una reforma de la ley para adaptar el mandato de los nuevos magistrados a la situación de interinidad. Ese cambio legal se hizo de tapadillo, en enmiendas a la reforma de la Ley Electoral que cambiaba las papeletas del Senado.

El presidente del Congreso, José Bono, ha ido ampliando los sucesivos plazos para la renovación. Finalmente, ante la imposibilidad del acuerdo entre el PSOE y el PP, ha dado hasta septiembre.

Si lo pidieran el Gobierno o la mayoría de la Cámara, podría convocarse la Comisión de Nombramientos que debe examinar a los candidatos en julio y podría culminarse la renovación en cualquier momento.

Defensor del Pueblo.

Enrique Múgica terminó su mandato hace un año y fue sustituido por su segunda, María Luisa Cava de Llano. La ley, en este caso, sí prevé el cese inmediato al terminar el plazo legal establecido.

Se ha planteadobarajado el nombre de Francisco Vázquez, pero el PP asegura que en el tramo final de la legislatura, salvo que fuera un nombre muy próximo a sus tesis, preferiría esperar para ser quien lo proponga, con un nuevo Parlamento.

Consejo de RTVE.

En septiembre del año pasado tenían que haber sido sustituidos seis miembros del Consejo: Francesc Bellmunt (ERC), Manuel Silva (CiU), Mari Cruz Llamazares (PSOE), Jesús Andreu (PP), Manuel Esteve (PP) y Santos Miguel Ruesga (UGT).

Ni siquiera ha habido contactos para la renovación y el PP sostiene que prefiere esperar, para que el reparto tenga que ver con el nuevo mapa político. Es decir, para incrementar su presencia y poder utilizar esos puestos en las negociaciones con los partidos nacionalistas, cediéndoles algún puesto.

Tribunal de Cuentas.

El pasado mes de noviembre terminaron su mandato los 12 miembros, incluido su presidente, Manuel Núñez. Han terminado su mandato: Ramón Álvarez de Miranda, Luis Martínez Noval, Ana María Pérez Tórtola, Juan Velarde Fuertes, Ciriaco de Vicente, Lluis Armet, Rafael Corona, Felipe García Ortiz, Javier Medina, Ubaldo Nieto y Antonio de la Rosa.

Los dos grandes partidos tampoco se han sentado a negociar estas vacantes, y los vocales siguen en situación de interinidad.

Organismos reguladores.

La Ley de Economía Sostenible estableció una nueva regulación de la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Todas ellas fueron renovadas, tras años de interinidad, sin acuerdo entre el PSOE y el PP que, en estos casos, no es preciso.

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