Tres detenidos en Alicante por el cobro de comisiones por obras del Plan E

La Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal arrestó ayer a un funcionario del Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP con mayoría absoluta, y dos promotores por el supuesto cobro de comisiones relacionadas con obras del Consistorio incluidas en el Plan E. La Fiscalía Anticorrupción acusa a los arrestados, que hoy declararán ante el juez de guardia, de los supuestos delitos de cohecho y malversación.

Este supuesto escándalo de corrupción en el Ayuntamiento de Alicante se suma a la investigación, incluida en el caso Brugal, de un presunto trato de favor por parte de la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante. En esta causa hay ya siete imputados, entre ellos, Ortiz, y el fiscal acusa de cohecho a otras 14 personas, entre las cuales se encuentran Castedo y Alperi.

La investigación sobre el supuesto cobro de comisiones vinculados a las obras del Plan E se remonta a 2006, a raíz de una denuncia de la exconcejal del PSOE Carmen Sánchez Brufal ante el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. El fiscal observó indicios de delito y remitió el caso al Juzgado número 2 de Alicante, que ayer ordenó los tres arrestos y, en paralelo, acordó el registro de las empresas de los promotores implicados y reclamó los expedientes de las obras a la Concejalía de Atención Urbana, donde desarrolla sus funciones el técnico municipal detenido.

Este supuesto escándalo de corrupción en el Ayuntamiento de Alicante se suma a la investigación, incluida en el caso Brugal

Según fuentes del caso, el empleado municipal, José L. M., ingeniero técnico de obras públicas, asumía como suyos los proyectos presentados por los promotores para agilizar el expediente y asegurarse la adjudicación a cambio de dádivas.

Los dos proyectos del Plan E objeto de la investigación fueron sendas obras para remodelar la plaza de La Montañeta y el emblemático paseo de la Explanada, por un monto global de 3 millones de euros. Las firmas adjudicatarias fueron la mercantil Becsa y Civil de Construcción, Mantenimiento y Servicios S.L (CCMS).

La concejalía de Atención Urbana, que el número dos del gobierno de Castedo, el edil Andrés Llorens, ha estado implicada en el anterior mandato en tres supuestos casos de ilegalidades al adjudicar proyectos. En concreto, Víctor López, jefe de servicio de este departamento fue imputado en tres ocasiones. También estuvo imputado el propio Llorens por adjudicar una obra después de haber sido ejecutado. El juez, no obstante, archivó la causa.