El ‘caso Astapa’ acumula 150 cajas de documentos pendientes de analizar

Los investigadores no ven todavía el fondo del caso Astapa contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga). El juez Jesús Torres, instructor de la causa, que ya acumula 94 imputados, asegura en uno de sus últimos escritos que todavía quedan por analizar 150 cajas de documentación, además de numerosas diligencias “trascendentales” que hacen imposible levantar, de momento, el secreto de las actuaciones. Este caso, por el que fue detenido en junio de 2008 el exalcalde Antonio Barrientos (PSOE) y otras 24 personas más, entre concejales, altos cargos municipales y empresarios, lleva cuatro años y tres meses de instrucción.

El juez no quiere dar a conocer aún 12 tomos de los 45 que acumula el sumario para evitar intromisiones. En un auto firmado el pasado 23 de junio, explica que toda la documentación aprehendida requiere un “profundo análisis” que les ayude a “perfilar conductas, completar y depurar responsabilidades penales”. Según el juez, esta tarea puede frustrarse si los implicados, todos en libertad, tienen acceso al sumario.

En el escrito, de cuatro páginas, Torres resalta la “incesante” labor policial e instructora, tanto la realizada hasta ahora como la que sigue pendiente. El juez cita el estudio de la “innumerable” documentación intervenida, la realización de cinco informes policiales y uno tributario; además de las diligencias que él mismo tiene entre manos, como la toma de declaración de los 21 nuevos imputados, prevista para mediados de este mes. Entre los nuevos implicados hay exconcejales, empleados municipales y empresarios, según fuentes judiciales.

Los delitos que se investigan en esta nueva fase son malversación, prevaricación, cohecho y falsedad. En el caso se han investigado irregularidades en contratos de servicios, convenios urbanísticos o financiación de partidos, entre otros asuntos.

El macrosumario se está ralentizando por falta de medios para la investigación

A lo largo de sus resoluciones, el instructor ha ido dando pistas sobre cuáles son los asuntos que le interesan. Torres ha puesto la lupa sobre tres empresas, una pública y dos privadas, que considera “vértebras” de la investigación. Se trata de la sociedad pública Empladus, dedicada al planeamiento urbanístico, y de las entidades privadas Aedon y Ad Volution.

El caso Astapa es una de las causas con más imputados y que ha sufrido el secreto sumarial más prolongado de la historia judicial española, aunque los tres jueces que se han sucedido en la instrucción han ido desclasificando partes de la investigación. Este sigilo judicial tan extenso ha levantado las protestas de los abogados, que se quejan de que sus clientes sufren “indefensión” al no saber a ciencia cierta qué hechos supuestamente delictivos se les imputan. En su auto, el juez trata de apaciguar a los letrados al asegurar que cuando se levante el secreto de todas las actuaciones, las partes tendrán el “tiempo necesario” para poder estudiar y solicitar diligencias que les ayuden a defenderse en el juicio.

El macrosumario también se está viendo ralentizado por la falta de medios para la investigación. Según han manifestado fuentes de la Fiscalía de Málaga, gran parte de los documentos intervenidos no han podido ser digitalizados pese a las sucesivas peticiones realizadas a la Junta de Andalucía. Además, la Agencia Tributaria, que ha colaborado en el caso, ya no puede proporcionar más ayuda por su propia escasez de personal.