El candidato Rubalcaba se impulsa con otro decreto anticrisis y 27 leyes

El silencio de rigor del candidato Alfredo Pérez Rubalcaba durante los tres días que duró el debate sobre el estado de la nación obedecía a un respeto a las formas democráticas, el protagonista esas jornadas fue su jefe, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, pero también a un perfectamente calculado reparto de papeles. El candidato Rubalcaba aprovechó ayer de nuevo su campo de juego como portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros para vender los objetivos sociales de un nuevo decreto anticrisis del Ejecutivo, sobre todo encaminado a salvar situaciones dramáticas entre los hipotecados a los que persigue embargar sus inmuebles, entre los Ayuntamientos en situación económica desesperada y para favorecer a los nuevos empresarios emprendedores. Para reforzar esa idea de que al Gobierno de Zapatero, en el que sigue Rubalcaba, aún le queda mucho por hacer en esta agónica fase de la legislatura, el Consejo de Ministros estudió ayer un calendario de aprobación de hasta 27 leyes. Todas esas medidas no aseguran que la legislatura se agote, pero sí conceden aire al menos al presidente y al nuevo candidato para planificar lo mejor para sus intereses políticos. Es decir les da un poco de margen.

El candidato Rubalcaba volverá hoy mismo al contraataque con el máximo protagonismo en un acto público que el partido le ha preparado para mayor lucimiento en su sede de Ferraz con los barones provinciales. Uno de esos encuentros entre el candidato Alfredo y dirigentes que le plantean preguntas y le escuchan más o menos en privado. Es cuando Rubalcaba encuentra el momento idóneo para arremeter contra su futuro rival en la próxima campaña, Mariano Rajoy.

El Gobierno trata con su iniciativa de rebatir la tesis de adelanto electoral

Mientras tanto, el vicepresidente primero se multiplica para ejercer todas sus funciones. Ayer aprovechó el primer Consejo de Ministros posterior al debate del estado de la nación, para lanzar el mensaje inequívoco de la voluntad política de José Luis Rodríguez Zapatero de agotar su mandato hasta marzo. El Gobierno aprobó un decreto ley, de contenido social y vinculado a paliar los efectos de la crisis económica en hipotecados, ayuntamientos y emprendedores. A la par, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, presentó en la reunión del Gobierno un paquete de 27 proyectos, pendientes de tramitar de julio a fin de año.

Este nuevo grupo de medidas fueron presentadas ayer por el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, el nuevo candidato del PSOE para las elecciones generales, apenas dos días después de finalizado el debate de la nación, en el que se mantuvo en un segundo plano. Ayer no. Era su plataforma y su momento. Rubalcaba aprovechó tras el Consejo de Ministros para subrayar la capacidad del Gobierno para agotar la legislatura por los apoyos parlamentarios con que cuenta —PNV, Coalición Canaria y UPN—, manifestados en el debate sobre el estado de la nación. Y también para colocar el mensaje político de que al Gobierno “no le faltan las ideas”, en contraste con el líder de la oposición, su futuro rival Mariano Rajoy, que “no parece tenerlas”.

Frente a la insistencia de Rajoy durante el debate sobre el estado de la nación de considerar que el Gobierno ya está agotado, la Moncloa ayer quiso desmentirlo y mostrar su capacidad de iniciativa política. En 36 horas y con un manifiesto esfuerzo de coordinación entre ministerios puso en marcha las medidas que Zapatero anticipó en el debate.

Jáuregui recuerda al Consejo de Ministros las 27 leyes pendientes

Las mejoras para los hipotecados habían sido pactadas con el PP y CiU el jueves, al final del debate. Pero el Consejo de Ministros también introdujo en el decreto otras, como el alivio de la morosidad de los ayuntamientos con las empresas, debido a la crisis, y el establecimiento de unas reglas de contención del déficit para municipios.

El Gobierno pretende trasladar esas reglas de austeridad a las comunidades autónomas por la vía del acuerdo político en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este mismo mes se celebra una sesión de dicho consejo, a la que el Gobierno concede mucha importancia. Confía en contar con la buena disposición de las comunidades gobernadas por el PP, mayoritarias desde el 22-M.

El paquete se completó con otra iniciativa de apoyo a los emprendedores, con la intención política de contribuir a cambiar el modelo económico al incentivar la inversión productiva en detrimento del ladrillo. El PP de Rajoy anunció una ley de emprendedores durante el debate.

En la misma sesión del Consejo de Ministros, el titular de la Presidencia, Ramón Jáuregui, presentó un paquete con una treintena de proyectos para culminar la legislatura. El Gobierno tiene previsto aprobar en julio un primer grupo, como la Ley concursal; del Registro Civil; del dinero electrónico; del depósito legal y de la agilización procesal. Otra veintena de leyes, entre las que figuran la de Víctimas del Terrorismo; la de Inspección del Trabajo; la reforma del mercado de valores y de telecomunicaciones, quedan para el último cuatrimestre del año.

Más allá de estas leyes, uno de los objetivos claves de la permanencia del Gobierno hasta marzo es culminar, en el último trimestre del año, el saneamiento del sistema financiero. La Moncloa cree prioritario, en este momento, ese objetivo para alejar el riesgo de las turbulencias financieras sobre España y lograrlo antes de convocar las elecciones en enero. Fue precisamente este argumento el que utilizó el jueves el ex presidente socialista Felipe González para defender que no se adelanten las elecciones.

El otro objetivo clave del Gobierno es asegurarse la aprobación de los Presupuestos de 2012. Ayer, Iñigo Urkullu, presidente del PNV, el partido que tiene la llave de dicha negociación, una vez que CiU se aproxima al PP, confirmó su disposición a hablar en septiembre.