El Gobierno logra el apoyo de PNV y CC y saca adelante todas sus iniciativas

El pleno del Congreso ha aprobado esta mañana 51 resoluiones en el cierre del debate sobre el estado de la nación, entre ellas una pactada entre PSOE, PP y CiU para proteger a los hipotecados. El grupo socialista ha conseguido sacar adelante todas sus iniciativas y ha ganado la votación de las 90 resoluciones por primera vez en un debate parlamentario gracias también al apoyo del PNV y de Coalición Canaria (CC).

La moción presentada por el grupo popular para exigir al Ejecutivo que extreme la "vigilancia" sobre Bildu en los Ayuntamientos donde gobierna no ha sido aprobada, pese a que el PP pactó una transacción con UPyD y UPN, insuficiente para sacarla adelante, debido al rechazo del resto de la Cámara. El grupo socialista ha conseguido la ratificación en la votación celebrada en la Cámara Baja de 15 propuestas de resolución, mientras que el PP solo ha visto aprobadas tres, frente a 13 del PNV y ocho de CiU. 

El presidente el Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha mostrado satisfecho del balance del debate a la salida del Congreso de los diputados. El jefe del Ejecutivo ha presumido de la capacidad del Gobierno para tener "respaldo parlamentario suficiente".  

Esbozo del programa de gobierno

Nuevas recetas contra la crisis, la presencia de Bildu en las instituciones y un conjunto de acusaciones al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Estos han sido los ejes de la intervención de una de las protagonistas de la tercera jornada del debate sobre el estado de la nación, Soraya Sáenz de Santamaría. Casi todos los focos estaban hoy centrados en la portavoz del PP en el Congreso y, sobre todo, en las 87 medidas presentadas por su partido y que con toda probabilidad pasarán a formar parte del programa de gobierno de Mariano Rajoy.

Sáenz de Santamaría ha detallado estas iniciativas, que abarcan el sistema de financiación de las administraciones locales, la recuperación de la línea ICO, una ley de apoyo a los empresarios, con menos trabas administrativas y una reducción fiscal de 3.000 euros por la contratación del primer trabajador, la rebaja del IVA o un nuevo pacto sanitario.

Si el Partido Popular gana las próximas elecciones generales, en definitiva, bajarán los impuestos a los empresarios, se subvencionará con 3.000 euros la contratación de trabajadores en determinadas circunstancias, se volverá a primar la compra de vivienda con desgravaciones fiscales y se apoyará la natalidad con una paga anual de 500 euros a los padres por cada hijo menor de tres años, entre otras iniciativas para intentar hacer frente a la crisis económica.

La "vigilancia" de Bildu

Soraya Saenz de Santamaría ha recordado a propósito de la formación abertzale Bildu que no se puede "pasar por alto la situación creada por su entrada en las instituciones". "Es nuestro deber", ha proseguido Sáenz de Santamaría, "pedir al Gobierno que extreme la vigilancia". El PP, UPyD y UPN, sin embargo, no han conseguido apoyos suficientes para que prospere esta iniciativa sobre la conducta de Bildu en las instituciones vascas y navarras con el fin de evitar que las utilice para continuar con la "estrategia marcada por Batasuna-ETA".

Éste era el eje de la propuesta de resolución consensuada por las tres formaciones, que solo ha logrado el respaldo de sus votos (152 escaños) y ha sido rechazada por resto del hemiciclo (194).

Con esta iniciativa, los tres partidos querían también instar al Gobierno que adoptara "todas las medidas legales" para impedir que Bildu u otras formaciones debiliten la seguridad y la libertad de acción de los concejales y ciudadanos amenazados por ETA o su entorno, "recurriendo si es necesario a emplear las herramientas que impidan la utilización de las instituciones por ETA-Batasuna".

Ley de Transparencia

El pleno del Congreso ha aprobado también la resolución presentada por el Grupo parlamentario socialista sobre transparencia y gobierno abierto, por la que se insta al Ejecutivo a presentar el proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública y a impulsar una estrategia de gobierno abierto.

El pleno ya pìdió la semana pasada al Gobierno que presente antes de agosto un proyecto de ley y desde el Ministerio de Presidencia se comprometieron a hacerlo.