Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

La propuesta de desalojar a Bildu puede abrir la primera brecha entre PP y PSOE

Los dos partidos, aliados en Vitoria, discrepan sobre la respuesta legal a los independentistas

Varios dirigentes de Bildu. Ampliar foto
Varios dirigentes de Bildu. EUROPA PRESS

El Pleno del Congreso de los Diputados votará hoy resoluciones sobre la presencia de Bildu en las instituciones sin que fuera posible ayer que el PSOE y el PP llegaran a un acuerdo. La votación puede escenificar una importante ruptura entre los partidos mayoritarios, aliados en Euskadi.

El PP presentó una propuesta que pide que “se extreme la vigilancia sobre la conducta y las manifestaciones de los representantes electos de Bildu a fin de evitar que utilicen las instituciones democráticas para continuar la estrategia marcada por Batasuna/ETA”. Pero en el preámbulo el PP asegura que ya hay motivos suficientes para actuar contra Bildu e instar al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional a intentar sacar a la coalición de las instituciones. “A la vista de los últimos acontecimientos, sobran argumentos para recurrir a las previsiones a posteriori que la ley establece. Porque, con la ley en la mano, el Gobierno dispone de instrumentos para que la presencia de Bildu en las instituciones no sea irreversible”, asegura el preámbulo de la propuesta del PP.

Añade que “en los últimos días, se vienen acumulando indicios que avalan la tesis de que los electos independientes de Bildu no son sino una continuación de la ilegalizada Batasuna”. PSOE y PP pactaron una reforma legal que permite retirar de las instituciones a los cargos de formaciones ilegalizadas que no condenen la violencia.

El PSOE presentó al PP una enmienda que asegura que “desde la unidad y consenso en la lucha contra el terrorismo, y en defensa de la dignidad de las instituciones vascas y navarras, de las libertades de los ciudadanos y, dentro del respeto a las opciones políticas elegidas por éstos, así como a las sentencias del Tribunal Constitucional, impida cualquier tipo de amenaza, coacción o presión por parte de los representantes de Bildu a los concejales de las ciudades y municipios del País Vasco y Navarra que dificulte o imposibilite el libre ejercicio de sus funciones constitucionales y asegure, siempre y en todo lugar, el respeto contemplado en las leyes a las víctimas del terrorismo”.

Anoche el PP no había aceptado esa enmienda del PSOE. Si se mantuviera el desacuerdo no saldría el texto de los populares y supondría una gran divergencia en la siempre delicada materia antiterrorista. Sí está asegurado que se apruebe una del PSOE en la que se pide respeto a las resoluciones judiciales, con referencia implícita a la del Tribunal Constitucional sobre Bildu. Los socialistas tienen apoyos suficientes del resto de partidos para sacar adelante una breve que asegura que “en relación con las últimas decisiones de las más altas instancias jurisdiccionales, el Congreso manifiesta el máximo respeto y acatamiento de todas las resoluciones judiciales, así como la obligación que a todos los poderes públicos corresponde de cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes”.

En la presentación del texto, el número dos del grupo Socialista, Eduardo Madina, habló expresamente de las críticas lanzadas desde la derecha al Constitucional por haber permitido la presencia de Bildu en las instituciones, tras las elecciones municipales y forales del pasado 22 de mayo. Coincidiendo con el pleno de hoy también terminará el plazo dado por el presidente del Congreso, José Bono, para que PSOE y PP lleguen a un acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional. Fuentes de ambos partidos aseguran que no hay acuerdo, aunque formal y públicamente muestran su intención de proceder al nombramiento de los tres magistrados pendientes de ser renovados desde noviembre.

El PP mantiene el nombre de Enrique López y el PSOE lo rechaza de plano, según han constatado en sus contactos en las últimas semanas. Si persistiera el desacuerdo, la renovación empieza a correr el riesgo de quedar aplazada hasta septiembre. Al menos, el presidente de la Cámara no podrá convocar la comisión de nombramientos hasta entonces y sólo se podría hacer a instancias del Gobierno.

Más información