Debate de despedida

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pronunció ayer el único discurso que le permitían las actuales circunstancias económicas y políticas, incluyendo las de su propio liderazgo. El jefe de la oposición, Mariano Rajoy, se atuvo, por su parte, al mismo que ha venido repitiendo durante el último año. El resultado fue un debate sobre el estado de la nación en el que, de nuevo, se reafirmó la divergencia entre los aspectos marginales en los que se suele enredar la política institucional y las decisiones que reclama cada vez con mayor urgencia la realidad del país. En esta ocasión, sin embargo, la previsibilidad de los discursos dentro del Congreso no pudo ocultar la radical transformación del contexto fuera de él: la crisis griega está acarreando profundas consecuencias para la economía española y, por primera vez desde que comenzaron las dificultades, empieza a aflorar la contestación social.

En su último discurso como presidente en este género de debates, Zapatero estaba obligado a enumerar las reformas emprendidas por el Gobierno a lo largo de los últimos meses y, al mismo tiempo, a describir sus efectos, todavía tímidos o inexistentes, bajo la perspectiva del optimismo. El objetivo no era solo justificar el trabajo realizado, sino también, y sobre todo, legitimar su propósito de agotar la legislatura. Salvo los anuncios de una regla de gasto para que las comunidades autónomas contribuyan a la reducción del déficit, y de una iniciativa legislativa para mejorar la protección de las familias que pierden sus casas por desahucio, Zapatero se limitó a glosar el pasado inmediato, intentando establecer una relación causal entre los escasos datos positivos que ofrece el panorama económico y la gestión de su Gobierno. El estado de las cuentas públicas no concedía margen para iniciativas sorprendentes y, consciente de ello, Zapatero no trató de forzarlo.

Rajoy disponía de una excusa formal para seguir escamoteando —solo hizo propuestas sobre leyes poco esenciales— el programa que aplicará si, como auguran las encuestas, llega a La Moncloa: ayer se examinaba la gestión del Gobierno, no los planes de la oposición. Pero su margen para pronunciar un discurso distinto del que realizó era tan estrecho como el de Zapatero para anunciar nuevas medidas: el líder de los populares sabe que su política no puede ser radicalmente distinta de la que está desarrollando el Gobierno, y de ahí que se vea obligado a centrar sus críticas en la credibilidad. En este terreno juega con una ventaja relativa, puesto que él no se la ha ganado en las dos legislaturas que ha ejercido la oposición, pero es cierto que el Gobierno la ha perdido y no parece en situación de poder recuperarla de aquí a las próximas elecciones generales.

El debate de ayer dejó sin despejar las dos incógnitas mayores que siguen pesando sobre la situación política. Aunque Zapatero anunció un crecimiento del 1,5% para el último trimestre del año, no resulta fácil predecir cuál será el comportamiento de la economía española en el caso de que la crisis griega continúe agravándose, y más si en las próximas horas el Parlamento de aquel país no aprueba el duro plan de ajuste propuesto por el Gobierno de Papandreu. Tampoco se despejaron las dudas acerca de un adelanto electoral. Una cosa es que Zapatero desee agotar la legislatura y otra que cuente con los apoyos suficientes para hacerlo. El grupo catalán no parece dispuesto a pagar coste alguno para aprobar los próximos Presupuestos. Y, aunque falta por conocer la posición oficial de vascos y canarios, las contrapartidas que podrían exigir a cambio de sus votos podrían resultar tan excesivas para un Partido Socialista que atraviesa las horas más bajas de su historia, como para ellos mismos, obligados a entenderse con un Partido Popular asomándose a la cima de su poder.