Expolio

Según el diccionario de la RAE, el expolio es el "botín del vencedor" (2ª acep.), que se queda con todos los despojos del vencido. Y también puede ser una traducción posible del spoil system anglosajón (sistema de despojos), decimonónica "práctica por la cual los partidos políticos del Gobierno distribuyen a sus miembros y simpatizantes cargos institucionales y posiciones de poder" (Wikipedia), tras arrebatárselos a sus rivales vencidos en las urnas. Es el lamentable espectáculo que estamos viendo estos días, cuando los nuevos equipos municipales y autonómicos del PP y de CiU (el caso vasco es rancho aparte) se disponen a repartirse los tristes despojos de los derrotados socialistas que abandonan en desbandada sus poltronas endeudadas.

Un expolio particularmente humillante en Castilla y León, experimento piloto de linchamiento simbólico donde se acosa a los vencidos con acusaciones escandalosas para añadir vergüenza y oprobio a su expulsión, haciendo extensible tan ignominioso auto de fe a las demás Administraciones del partido en el poder para desacreditarlo todavía más ante sus menguantes electores. Y mientras tanto las redes clientelares de los electos victoriosos se frotan las manos, prometiéndoselas muy felices al saber que se van a repartir un ingente botín sin fondo en forma tanto de puestos y poltronas como de contratos y comisiones, según el absuelto modelo Gürtel. Así regresamos al liberalismo del siglo XIX, en un eterno retorno del caciquismo territorial que vuelve por sus fueros a la vieja política donde sólo imperan los intereses locales acogidos al patrocinio de los notables que controlan Consistorios, Diputaciones, comunidades autónomas y cajas de ahorros.

PP y CiU se reparten los despojos de los socialistas que abandonan sus poltronas en desbandada

No obstante, y más allá del expolio de cargos y subvenciones, este masivo desembarco en la Administración territorial también persigue otros objetivos simultáneos, centrados en la próxima conquista del poder estatal que se pretende alcanzar por mayoría absoluta. Para ello se van a esgrimir todos los poderes locales y autonómicos que ya controla la derecha para estrechar el cerco al Gobierno de Zapatero, en una operación de acoso y derribo que utilizará como piezas estratégicas el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y la Conferencia de Presidentes autonómicos, instituciones ahora en manos del PP que van a utilizarse para condicionar, cuando no boicotear, la acción del Gobierno. En esta línea parece prepararse una operación de desobediencia institucional que buscaría incumplir los objetivos de déficit marcados por la vicepresidenta Salgado para comunidades y Ayuntamientos con la excusa de que los agujeros fiscales recibidos en herencia de sus antecesores socialistas lo haría imposible, emulando así la iniciativa de la Generalitat que ya ha anunciado formalmente que incumplirá su techo de déficit con lo que eso acarrea de descrédito para la solvencia externa de España.

Una maniobra de seguimiento emulador de la iniciativa catalana (café para todos hasta en el incumplimiento del objetivo de déficit) que revela una curiosa convergencia estratégica entre el PP y CiU. Pues para el caso de que Rajoy no obtuviera su esperada mayoría absoluta, parece estar preparándose una sorprendente alianza entre los intereses políticos del PP y de CiU tanto en Cataluña como en España. En Cataluña para conformar mayorías estables tanto en el Parlament (donde se disponen a aprobar en común rebajas fiscales, reformas sanitarias y presupuestos) como en diputaciones y ayuntamientos (destacando la pieza mayor de Barcelona). Y en España para bloquear las iniciativas legislativas que proponga el Gobierno (desde las reformas estructurales en curso hasta los Presupuestos de otoño) y para amagar con el posible anuncio de una futura mayoría parlamentaria.

Entretanto la izquierda en el poder se va hundiendo cada día más, desautorizada y desobedecida por doquier y ahogándose en el mar de su extrema debilidad. En estas condiciones, ¿qué sentido tiene prolongar una legislatura que cada vez resulta más agónica? ¿Cabe resistir así hasta marzo, con la ilusa esperanza de que ETA se rinda o se inicien indicios de reactivación? Pero eso equivale a hacerle el juego a la derecha, que así se ahorra el trabajo sucio de unas medidas de ajuste contra la crisis cuyo coste electoral sólo está pagando hasta ahora el PSOE. Una crisis que además se está pudriendo hasta convertirse en crónica, dado el fracaso de los rescates de Grecia, Irlanda y Portugal. Por todo lo cual, al PP le conviene dejar que el tiempo pase hasta que la legislatura se agote y el PSOE culmine su caída, a la espera de que la mayoría absoluta le caiga del cielo como fruta madura.