Cataluña y Andalucía exploran nuevos recortes farmacéuticos

Cataluña y Andalucía, las dos comunidades con mayor gasto en farmacia (lógico, porque son las más pobladas), buscan reducir la partida para este capítulo, que en 2010 les supuso 1.800 y 2.000 millones respectivamente. Después del fracaso de la Xunta gallega, cuyo catálogo de productos con precio mínimo fue recurrido por el Ministerio de Sanidad —y paralizado por el Constitucional—, exploran otras propuestas.

La Junta trabaja en una batería de medidas que ha tensado las relaciones con el sector farmacéutico (oficinas y proveedores) hasta dejarlas prácticamente rotas. La medida más controvertida es sacar a concurso público algunos principios activos y adjudicar el suministro al laboratorio que haga la oferta más barata. Siempre que un médico prescriba ese principio activo, el farmacéutico estará obligado a dispensar esa marca. Ya no serán las farmacias las que compren la mercancía para luego pasarle la factura al Servicio Andaluz de Salud (SAS), sino que la compra la hará el SAS, lo que le permitirá negociar rebajas con los laboratorios.

El sector farmacéutico en pleno, desde los boticarios a la industria del medicamento, se opone a la medida por entender que invade competencias del Ministerio de Sanidad —responsable de fijar el precio de referencia de los fármacos— y genera “inequidades” entre unas comunidades y otras. Esos fueron los argumentos que usó el ministerio para recurrir la norma gallega. De hecho, el ministerio ha mostrado también sus reticencias a esta medida, pero ha optado por esperar a que la Junta la concrete.

No es la única iniciativa que ha anunciado la Junta para reducir su factura farmacéutica. En enero, Salud optó por dispensar en los hospitales alrededor de 250 medicamentos oncológicos y de fertilidad que hasta entonces se dispensaban en las boticas. Con ello, espera ahorrar alrededor de 19 millones de euros al año. En La Rioja una iniciativa similar ha sido declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia. Además, ha intensificado la vigilancia para que se cumplan a rajatabla los precios de referencia, que obligan a dispensar una de las marcas de principio activo que tengan un precio igual o inferior al que el Gobierno ha establecido. La norma está vigente desde hace años, pero Salud asegura que algunos boticarios dispensan marcas más caras.

En Cataluña se ensaya un sistema de precio variable que también es vigilado con recelo por el Ministerio de Sanidad. El método se aplicaría a los nuevos medicamentos que se incorporen al catálogo de prestaciones. Lo que quiere Cataluña es imitar el sistema de “riesgo compartido” italiano, según ha anunciado el Departamento de Salud de la Generalitat. Para ello, se llegaría a acuerdos con laboratorios para adquirirles un producto nuevo de dispensación hospitalaria (la que se ofrece a los pacientes ingresados o tratados en el hospital) a un precio que variará en función de los resultados obtenidos. “En el caso, por ejemplo, de un nuevo tratamiento que ofrece, respecto a uno ya existente en el mercado, mayores índices de supervivencia a enfermos de cáncer de colon, abonaremos al laboratorio el precio pactado si observamos este resultado en los pacientes, pero le pagaremos menos si el éxito terapéutico es inferior al prometido”, explica Antoni Gilabert, gerente de Atención Farmacéutica del Servicio Catalán de la Salud.

Gilabert señala que las novedades farmacológicas salen al mercado con unas condiciones de eficacia y de seguridad probadas en ensayos clínicos. “Sin embargo, no existen evidencias de los resultados fuera del grupo controlado de enfermos en los que se ha probado el medicamento”, agrega. Ello genera recelo entre los sistemas de salud a la hora de adquirir novedades terapéuticas, sobre todo si son muy caras.

Con la fórmula del riesgo compartido, la compañía farmacéutica se “corresponsabiliza” de las decisiones que el sistema sanitario debe tomar “para garantizar el acceso de los pacientes a los medicamentos innovadores y a la vez asegurar su sostenibilidad”. La Generalitat asegura que tiene ya casi listo un acuerdo con un laboratorio farmacéutico para adquirir un nuevo medicamento oncológico bajo la fórmula del riesgo compartido. El programa se iniciará en un hospital de Barcelona y el objetivo es hacerlo extensivo a otros centros.

Este sistema, sobre el que el Ministerio de Sanidad no se ha pronunciado, tiene una ventaja para solventar las suspicacias del departamento que dirige Leire Pajín. Al aplicarse a productos hospitalarios, el precio que fija el ministerio es solo una referencia, ya que las consejerías negocian con los proveedores. Además, al ser fármacos nuevos, no implican restringir la oferta ya existente.