200.000 folios de Gürtel permanecen aún sin investigar

El caso Gürtel, el mayor escándalo de sobornos y amaños de contratas públicas que azota a España desde el advenimiento de la democracia, no se ha acabado. Cuando el juez Antonio Pedreira lo deje el próximo mes de junio para inhibirse a favor de la Audiencia Nacional o de los juzgados de la plaza de Castilla, el juez que asuma la causa no sólo recibirá un asunto con medio centenar de imputados, 270.000 folios y 640 tomos. Le espera, además, una sala abarrotada de cajas con documentos de la trama Gürtel (aún sin analizar) que ocupan 170 metros cuadrados en las instalaciones de la Dirección General de la Policía, sede la UDEF, la brigada de blanqueo de Capitales que durante casi tres años ha destinado a 80 de sus agentes para investigar los delitos de una red que se calcula ha podido robar en la última década más de 100 millones de euros de las arcas de instituciones autonómicas y municipales gobernadas por el PP. Es decir, al nuevo instructor de Gürtel (una vez que Pedreira deje el caso en junio tras haber renunciado a sus actas los tres diputados de la Asamblea de Madrid implicados en la recepción de sobornos), le aguardan otros 200.000 folios más de pruebas que la policía aun no ha tenido tiempo de examinar. Son documentos y legajos decomisados a la trama que dirigía Francisco Correa en una nave de Alcorcón (Madrid) y que, entre otras materias, aluden a la boda de Alejandro Agag con Ana Aznar, la hija del expresidente del Gobierno,  y a cuentas sobre actos que organizó la red para el PP y algunos de sus dirigentes, como José María Aznar y Esperanza Aguirre.

Tras casi tres años de pesquisas, la instrucción ha franqueado su ecuador, pero faltan por llegar a España comisiones rogatorias enviadas por Pedreira a paraísis fiscales de tres contienes, Europa, Asia y América, en lo que se hay fundadas sospechas de que la red corrupta esconde parte de los millones que sustrajo. De momento, Pedreira ha podido bloquear unos 30 millones en Suiza y Mónaco, e inmuebles en Colombia y Estados Unidos. Pero queda mucho dinero oculto. El juzgado que ahora deba proseguir con la investigación recibirá un aluvión de diligencias sin precedentes. “Un auténtico marrón para el que le toque, y no sólo por su cariz político”, describía recientemente un magistrado de la plaza de Castilla, al tiempo que tocaba madera. "Para que no me toque", dice.

Pedreira se despedirá de Gürtel con un auto en el que hablará de la situación procesal de los imputados, cerca de 60, y lo que aún queda por tramitar. Tras el goteo de desimputaciones de los últimos meses, no es previsible que haya ninguna más. La Fiscalía Anticorrupción no quiere. El nuevo juez tendrá la última palabra.

Pero Gürtel no se circunscribe solo a la trama de Madrid, donde ha salpicado al extesorero nacional del PP, a un exdiputado, a cinco alcaldes de grandes municipios de esta comunidad (Boadilla, Arganda, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón), a un exeurodiputado y a tres exdiputados del PP en la Asamblea de Madrid, entre otros altos cargos. Nada más estallar el escándalo, la presidenta Esperanza Aguirre forzó a los cargos que dependían de ella a dimitir, aunque la corrupción la tuvo muy cerca, en cada uno de los actos que le preparó su exconsejero de Deportes, Alberto López Viejo.

Los tentáculos de Gürtel se han extendido a otras tres comunidades, Valencia, Castilla y León y Andalucía. En los dos primeros casos, Pedreira ya se ha inhibido a favor de sus tribunales superiores puesto que afecta a aforados. En Andalucía se han investigado adjudicaciones a la red corrupta en el Ayuntamiento de Jerez (Cádiz), en la época en que su alcaldesa era María José García Pelayo, del PP, hoy aforada al estar en la mesa del Parlamento de Andalucía (existe un informe pericial que destaca irregularidades en adjudicaciones de Jerez a la trama,  aunque, a diferencia de Valencia y Castilla y León, aún no hay un pronunciamiento judicial al respecto).

En Valencia, Gürtel no es únicamente la ingente cantidad de regalos en trajes y joyas que la trama repartió a diestro y siniestro entre altos cargos y sus familiares de una institución, la Generalitat, de la que la trama obtuvo, solo en contratos a dedo, ocho millones, sin contar los casi tres millones en comisiones que se repartió la red de Correa con la visita del Papa Benedicto XVI a esta ciudad en el verano de 2006. Aparte de la imputación del presidente valenciano, Francisco Camps, por cohecho pasivo por aceptar trajes de El Bigotes, Gürtel ha destapado en la ciudad del Turia una trama de financiación ilegal del PP. Es decir, la constatación de la existencia de grandes empresas de la región beneficiarias de contratas de la Generalitat que pagaban cifras millonarias a Correa y adláteres a cambio supuestamente de que éste organizase gratis para el PP una parte de los actos del partido en esta región. El próximo día 19, el Tribunal Superior de Valencia decidirá si, como le han pedido sus colegas de Madrid, asume la investigación de un delito electoral que salpica a 16 altos cargos del Gobierno y el PP en Valencia, empezando por Camps, quien está a punto de sentarse en

el banquillo para responder del asunto de los trajes que le regaló, según sus propias palabras, su "amiguito del alma”, el Bigotes.

El otro frente abierto por Gürtel es el de Castilla y León, con la lupa enfocando al presidente del Parlamento de esta comunidad, José Manuel Fernández Santiago, alias Toti; al exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas y al exdiputado por Segovia Jesús Merino. A instancias de Pedreira, deben ser los jueces del Tribunal Superior de Castilla y León quienes decidan si las iniciales de nombres (“L.B.” “S”, “J.M.”, “G.G.”, por ejemplo) halladas en la caja B de Correa como receptoras de sobornos (al menos 74.000 euros, por la adjudicación de una carretera en Olleros de Alba (León) se corresponde con los citados altos cargos del PP. La Fiscalía Anticorrupción y la UDEF tienen claro que sí, que les pertenecen.