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OPINIÓN

Pacto, ¿qué pacto?

Un acuerdo solo podría referirse a la toma de decisiones no regladas ante iniciativas de los terroristas

¿Existe un pacto antiterrorista entre el Gobierno y el principal partido de la oposición? Si se atiende solo a los hechos, habría que concluir que no, puesto que la idea de pacto parece incompatible con la presencia de unos dirigentes populares en manifestaciones en las que se pide prisión para el ministro del Interior, y con la insistencia de otros en el infundio de una quimérica negociación entre el Ejecutivo y la banda terrorista. Pero si se atiende solo a las declaraciones, la respuesta se vuelve confusa, puesto que puede ser afirmativa o negativa dependiendo de los protagonistas y las circunstancias. Mientras que unos dirigentes populares aseguran en las ruedas de prensa que sí, que existe pacto, otros actúan en las calles dando por descontado que no. Algunos, como Federico Trillo, llegan incluso más lejos, proclamando al mismo tiempo una cosa y la contraria, tanto en las calles como en las ruedas de prensa.

Declarar que el principal partido de la oposición mantiene un pacto con el Gobierno para detener terroristas es tanto como no decir nada, por más que, como resulta habitual entre los distintos portavoces populares, se envuelva en un tono solemne. ¿O es que es concebible un pacto para hacer lo que exige la ley? El pacto, de existir, solo podría referirse a aquellos asuntos en los que el Gobierno se enfrenta a la necesidad de adoptar decisiones no regladas ante iniciativas de los terroristas y de su entorno. En el caso de los planes de la izquierda abertzale para presentarse a las elecciones municipales de mayo, si existiera un pacto, el Partido Popular habría apoyado al Gobierno cuando este recurrió a la Fiscalía y la Abogacía del Estado para comprobar que no existe continuidad entre las nuevas marcas electorales y las anteriores. Pero esta es la hora en que los dirigentes populares siguen pasando de puntillas sobre la decisión de ir a los tribunales adoptada por el Gobierno mientras que, por el contrario, no cesan de acosar al Gobierno por las decisiones adoptadas por los tribunales. ¿Qué hubieran hecho ellos, con o sin pacto antiterrorista? ¿Denegar la inscripción de Sortu o, llegado el momento, la proclamación de las listas abertzales, mediante una orden del Ejecutivo y no de un auto de la justicia?

Un acuerdo solo podría referirse a la toma de decisiones no regladas ante iniciativas de los terroristas

Ante la excarcelación de Antonio Troitiño, la actitud del Partido Popular no ha sido menos equívoca con respecto a la división de poderes, siempre con el propósito de que algunos de sus dirigentes puedan mantener con palabras que existe pacto antiterrorista para que otros lo nieguen con hechos. A tenor de las contradictorias declaraciones de los populares, parece que el Gobierno debería, o bien haberlo mantenido en la cárcel a pesar del auto judicial que ordenaba dejarlo salir, o bien colocarlo en una zona gris en la que ni quedara libre del todo ni tampoco detenido del todo. Se trataría, en resumidas cuentas, de regresar al derecho penal de autor, en el que los tribunales castigan de acuerdo con las leyes, no los delitos terroristas que cometen algunos ciudadanos, sino a los ciudadanos que son terroristas. Una sentencia, según esta siniestra visión, no castiga una acción sino que estampa un estigma. Si existiera pacto antiterrorista, el Partido Popular habría apoyado al Gobierno cuando este ordenó a la Fiscalía recurrir el auto por el que se puso en libertad a Troitiño sobre la base de una doctrina jurídica acerca del cómputo de las penas que se encuentra en discusión. Ha preferido, en cambio, criticarlo por la decisión de la Audiencia Nacional, sin importarle que, para fingir que mantiene un pacto antiterrorista, su actitud reclame un implícito regreso al derecho penal de autor.

Sostener que existe pacto cuando, a todas luces, no aparece en ninguna de las ocasiones en las que debería haberlo hecho quizá ofrezca réditos electorales al Partido Popular, pero a costa de desacreditar a la justicia al mismo tiempo que al Gobierno. Si, una vez en el poder, según parecen vaticinar las encuestas, se sintiera comprometido por lo que está diciendo y haciendo estos días, no es la eficacia de la lucha antiterrorista lo que avanzaría, sino el deterioro del Estado de derecho. Pero si no se sintiera comprometido, el castigo de los electores cuyas pasiones está contribuyendo a encender se volvería seguramente contra él. El Partido Popular se encontraría entonces ante una encrucijada en la que no podría mantenerse en la indefinición como hasta ahora, declarando que hay pacto y actuando como si no lo hubiera. Y, vista su trayectoria en materia antiterrorista, sería una radical innovación estratégica que los populares se decantaran abiertamente por sacrificar apoyos electorales para defender el Estado de derecho.