Rectificación judicial

La Audiencia Nacional ha revocado la libertad concedida la semana pasada al etarra Antonio Troitiño y ordenado su búsqueda y captura para que cumpla los seis años de prisión que, según esa rectificación, le restarían para cumplir su condena. El expreso no había sido detenido a última hora de ayer. Las fuerzas de seguridad intentaban dar con su rastro en Francia. La rectificación, tras el recurso presentado por la fiscalía, fue formalizada por el mismo tribunal que había cometido el error de liberar antes de tiempo a Troitiño. Para ello, se atuvo al criterio aplicado por el Tribunal Supremo en un caso similar, cuyo contenido se ha conocido esta semana. Básicamente que, cuando la condena es por varios delitos, el tiempo de prisión provisional debe restarse sucesivamente de cada una de las penas incluidas en la condena y no del máximo de 30 años de cumplimiento establecido por el Código vigente en el momento en que se produjeron los delitos (entre ellos, 22 asesinatos en el caso de Troitiño).

Aunque el asunto tiene cierta complejidad, en parte motivada por alguna resolución confusa del Tribunal Constitucional, existía jurisprudencia suficiente sobre la llamada doctrina Parot como para que el tribunal hubiera evitado la excarcelación de Troitiño. Esa doctrina puso fin a la anormalidad de que los beneficios penitenciarios y otras medidas de reducción de la pena se aplicasen sobre el periodo máximo de cumplimiento y no sobre la condena real.

Fue por tanto un error grave de la Sección Tercera de la Audiencia. Extender la responsabilidad a las fuerzas de seguridad por no haber ordenado vigilar al expreso desde su puesta en libertad es más que discutible. Es defendible en cambio el criterio de que pudo establecerse algún mecanismo de control desde el momento en que el fiscal anunció recurso y se supo que no se resolvería antes del día 25 (otro error rectificado).

Lo que carece de sentido es el alarmismo con que ha sido tratado el hecho por sectores que llevan años diciendo que el Gobierno ha renunciado al objetivo de derrotar a ETA. Quienes ven en cualquier signo la prueba de sus obsesiones han vinculado la liberación de Troitiño con supuestas negociaciones con la banda, invocando el precedente de Iñaki de Juana; y han insinuado que los etarras disfrutan de impunidad: "Cada crimen le sale por 13 meses de cárcel"; pero el cumplimiento máximo previsto por la ley supondría 16 meses por cada asesinato, lo que resultaría igual de llamativo.

Derrotar a ETA es que haya en la cárcel 730 etarras presos, y menos de 100 en libertad; y que la política de deslegitimación de la violencia aplicada por el Gobierno de Patxi López con el apoyo del PP vasco haya empujado al entorno de ETA a una gradual desconexión de la banda. En ese contexto es doblemente irresponsable sembrar sospechas que comprometan la unidad democrática necesaria para culminar el fin del terrorismo.