De la voluntad al compromiso para consolidar los derechos de la infancia

Este es un día clave para la Cooperación Española; está previsto que el Consejo de Ministros apruebe hoy, en segunda lectura, el Anteproyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Con ello se da un paso más en la necesaria reforma del sistema, cuya ley actual data de más de dos décadas. Dos décadas en las que, evidentemente, han sucedido múltiples y muy profundos cambios que han reconfigurado la situación mundial y la relación entre los países.

La magnitud y severidad de los retos que enfrentamos en la actualidad, como la pandemia de la covid-19, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, la persistencia de conflictos armados y los grandes movimientos de personas que huyen de la pobreza, de la violencia o de otras crisis de naturaleza diversa, requieren soluciones globales. Estas deben ser canalizadas a través de un sistema de cooperación y solidaridad renovado, fortalecido y estructurado que debe estar alineado con los principales marcos internacionales y contar con los instrumentos, capacidades y recursos necesarios para estar a la altura de los retos que enfrenta. Son, tal y como afirma la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, tiempos de apostar por la cooperación, por una transformadora, en un marco de coherencia de políticas.

La infancia es, sin duda, un colectivo especialmente afectado por estos retos: supone la mitad de la población en situación de pobreza extrema en el mundo; representa el 42% de las personas obligadas a abandonar sus hogares; el número de niñas y niños en situación de trabajo infantil ha aumentado a 160 millones, así como también ha aumentado el número de matrimonios infantiles. Por si fuera poco, más de 1.000 millones de menores de edad siguen padeciendo violencia cada año y el 90% de ellos vio paralizada su educación en 2020, con consecuencias que aún perduran y lo seguirán haciendo, especialmente para aquellos en situación más vulnerable.

Estos datos ponen de relieve la necesidad y urgencia de que la infancia represente un colectivo prioritario para la Cooperación Española. El proceso de reforma, que incluye la nueva Ley, así como un conjunto de reglamentos esenciales, ofrecen una oportunidad inigualable para priorizar a este grupo de población.

Es imprescindible apostar por una participación más protagónica de la sociedad civil e incluir la participación de la infancia en ella

No obstante, la infancia es mucho más que un colectivo vulnerable. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son ciudadanos de pleno derecho y, por supuesto, también agentes de desarrollo. Es imprescindible apostar por una participación más protagónica de la sociedad civil e incluir la participación de la infancia en ella. Esto implica un cambio de mirada que debe repercutir en todo el proceso de reforma y en los instrumentos que deriven de la misma.

El Anteproyecto de Ley supone importantes progresos en este sentido. Entre ellos se encuentran el reconocimiento e inclusión de los derechos de infancia, adolescencia y juventud como principio rector y su promoción como objetivo pleno y como elemento transversal de la Cooperación Española en sus distintas esferas de actuación.

La defensa y promoción de los derechos de la infancia siempre han reunido una voluntad unánime y sin apenas fisuras; sin embargo, su conversión en compromisos reales y concretos ha resultado más compleja. La Cooperación Española ha ido dando algunos pasos relevantes en este tránsito que va de la expresión de la voluntad a la formalización de compromisos claros, como lo fue la Estrategia de Infancia o lo es hoy esta Ley. La fase de tramitación parlamentaria que se abre ahora ofrece una buena ocasión para apuntalar estos compromisos.

Desde el Grupo de Infancia y Cooperación sabemos que este tránsito únicamente puede realizarse a través de hechos. Hay que asegurar una política de cooperación sólida y central dentro de la acción exterior española; priorizando la defensa y promoción de los derechos de infancia e incorporando un enfoque transversal en todos los instrumentos y acciones que desarrolle. Además, es necesario apostar decididamente por sectores clave para los niños como la educación, la salud, la protección y la reducción de la pobreza; y, por supuesto, reconocerles como sujetos de pleno derecho y actores de desarrollo, dándoles voz, participación y escucha.

Estamos en un punto de inflexión que permitirá dar una respuesta sostenible a la infancia y promover el disfrute de sus derechos ahora y en el futuro. Es responsabilidad de todos que no dejemos a nadie atrás.

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