La UNESCO debe hacer frente a las violaciones de los derechos humanos en los sitios Patrimonio de la Humanidad

El 30 de octubre, la UNESCO inaugurará su 43ª Conferencia General en Samarcanda, Uzbekistán, una ciudad famosa por su majestuoso patrimonio arquitectónico: la plaza de Registán, el mausoleo de Amir Temur, el conjunto Shah-i-Zinda y otros innumerables monumentos que atraen a los visitantes desde hace siglos.

La arquitectura de Samarcanda es un tesoro mundial, pero ese patrimonio no debe protegerse en detrimento de los derechos humanos. La protección de la ciudad y la dignidad de sus habitantes tienen que ir de la mano.

A pocos kilómetros del lugar donde se reunirán los delegados de la UNESCO, dos barrios situados en la zona patrimonial protegida de Samarcanda han quedado reducidos a escombros. A principios de este año, alrededor de 200 viviendas, en las que vivían unos 1.200 residentes —muchos de ellos pertenecientes a una comunidad romaní marginada—, se derribaron para construir un nuevo centro de peregrinación, un parque e infraestructuras turísticas. Se presionó a los residentes para que firmaran unos acuerdos de indemnización “voluntarios” que no les daban dinero suficiente para comprar una vivienda equiparable. Muchos han tenido que trasladarse a las afueras de la ciudad.

No hubo ninguna valoración previa de las repercusiones sociales ni plan alguno de reubicación. Solo se presentó una evaluación de los efectos sobre el patrimonio después de que las excavadoras ya hubieran arrasado las viviendas. A algunos residentes que se resistieron se les cortó la electricidad y el gas, unas medidas que las leyes actuales de Uzbekistán prohíben, pero que siguen utilizándose como medida de presión. A los abogados que intentaron defender a los residentes los apercibieron o incluso los detuvieron brevemente.

Lo que hace que este episodio sea aún más inquietante es que ocurrió solo meses después de mi vista oficial en nombre de Naciones Unidas, durante la que advertí a Uzbekistán sobre los desalojos forzosos sin el debido proceso, tanto en Samarcanda como en otros lugares. También fue una actuación contraria a la misión consultiva de la UNESCO que había instado a las autoridades locales a detener la demolición de los barrios históricos de la ciudad. Todas esas recomendaciones cayeron en el vacío.

En lugares de todo el mundo, las comunidades pobres y marginadas que viven en sitios que son Patrimonio de la Humanidad son víctimas de desalojos forzosos

En junio de 2025, tres relatores especiales de la ONU, entre los que me encontraba yo, volvimos a plantear la cuestión, pero los funcionarios uzbecos insistieron en que todas las medidas respetaban la legislación nacional. Mientras tanto, la mayoría de las mahallas [comunidades locales] históricas han desaparecido y los desplazados tienen difícil el acceso a la justicia. Las autoridades nunca se plantearon si el centro de peregrinación previsto podía construirse sin destruir toda una zona residencial ni desintegrar una comunidad de toda la vida. Como pasa tantas veces, las denuncias de que las viviendas eran inseguras se convirtieron en una excusa para la demolición, en vez de ser una razón para invertir en mejorar las casas.

Samarcanda no es un caso aislado. En lugares de todo el mundo —Camboya y Tanzania, entre otros—, las comunidades pobres y marginadas que viven en sitios que son Patrimonio de la Humanidad o cerca de ellos son víctimas de desalojos forzosos y ven violados sus derechos, en general para favorecer el turismo. Esta tendencia tan preocupante es bien conocida entre los académicos y los activistas, pero la propia UNESCO está tardando en tomarla en serio. En demasiadas ocasiones, el turismo y una concepción estrecha y excluyente de la “conservación” del patrimonio prevalecen sobre los derechos de las personas. En algunos casos, se expulsa a las familias con el pretexto de proteger el legado que precisamente ellas han ayudado a mantener durante generaciones.

A pesar de las repetidas advertencias, la UNESCO sigue sin aprobar todavía unas directrices claras que prohíban los desahucios forzosos y garanticen el reasentamiento de las personas en o alrededor de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. Por el contrario, varias instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial disponen desde hace tiempo de salvaguardias para reducir o mitigar los desplazamientos y garantizar un reasentamiento conforme a los requisitos básicos de derechos humanos. Algunas incluso han creado mecanismos independientes de denuncia, que son imperfectos, pero que, por lo menos, son un paso hacia la rendición de cuentas.

Es necesario proteger a las comunidades frente a los desalojos, garantizarles la permanencia en el lugar, e incluirlas en las decisiones sobre conservación y desarrollo.

En cambio, la UNESCO permanece en silencio cuando los Estados miembros ignoran las recomendaciones de sus propios expertos. Hoy en día, hay más probabilidades de que un país pierda su condición de Patrimonio de la Humanidad por construir un puente que estropea el valor cultural que por arrasar barrios enteros y desplazar a cientos de personas. Eso debe cambiar.

El legado cultural y los derechos humanos no son valores incompatibles. Las comunidades que viven en los sitios Patrimonio de la Humanidad suelen ser quienes los cuidan con más entrega. Es necesario protegerlas frente a los desalojos, garantizarles la permanencia en el lugar e incluirlas en las decisiones sobre conservación y desarrollo. Las autoridades locales deben asegurarse de que siga habiendo viviendas asequibles, en vez de convertir barrios enteros en alojamientos turísticos de corta duración.

Ahora que la UNESCO se va a reunir en Samarcanda, tiene la oportunidad —y el deber— de predicar con el ejemplo. Debe adoptar unas medidas explícitas de protección de los derechos humanos a la hora de gestionar el Patrimonio de la Humanidad y dejar claro que las infracciones tendrán consecuencias.

Preservar los tesoros de la humanidad no debe significar nunca borrar a las personas que viven entre ellos. El patrimonio debe protegerse con las comunidades, no en contra de ellas.