“Seguiremos existiendo, pero en el ámbito privado”: la comunidad LGTBIQ de Burkina Faso reacciona ante la nueva ley homófoba

“Esta semana nos vamos a quedar en casa y mantendremos un perfil bajo en la calle”. La joven que pronuncia esta frase, una burkinesa de 30 años residente en Uagadugú y miembro de la comunidad LGTBIQ, lo hace bajo condición de anonimato, después de que el pasado lunes la Asamblea Legislativa de Transición (ALT) de Burkina Faso aprobara por una unanimidad (71 votos a favor) una ley que penaliza la homosexualidad con prisión y multas. El órgano, que ejerce las funciones de parlamento pero cuyos miembros fueron designados directamente por el presidente, Ibrahim Traoré, ha dado así luz verde al proyecto de enmienda para reformar el Código de la Familia y las Personas, presentado en julio de 2024 por la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de hace tres años.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Edasso Rodrigue Bayala, dio a conocer la noticia el pasado lunes durante la emisión vespertina del telediario de la televisión pública burkinesa (RTB), donde describió la homosexualidad como un “comportamiento bizarro”. Hasta ahora no se han hecho públicos los detalles de la ley y el ministro solo ha afirmado que cualquier persona con “prácticas asimiladas” será denunciada y llevada “ante un juzgado”.

Sin embargo, según un borrador de la reforma del código de la familia al que ha tenido acceso EL PAÍS, se sancionarán con penas de prisión de entre dos y cinco años y multas de entre dos y 10 millones de francos (entre 3.000 y 15.000 euros) “todos los comportamientos que puedan promover las prácticas homosexuales y similares”. El texto también recoge que en caso de reincidencia “las penas se duplicarán” y que, si la persona condenada es extranjera, “podrá ser expulsada del territorio nacional”. “Los vamos a acompañar hasta la frontera”, dijo el ministro al respecto.

Las penas se duplicarán en caso de reincidencia y los extranjeros condenados podrán ser expulsados

Burkina Faso se une a la lista de países africanos que penalizan la homosexualidad (33 de 54, según ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales). Algunos de ellos, con prisión e incluso la pena de muerte, como es el caso de Mauritania, Somalia, Uganda y 12 regiones del norte de Nigeria. Sudáfrica es el único país del continente que reconoce el matrimonio, la adopción y la unión civil entre personas LGTBIQ. En los últimos años, Botsuana, Gabón y Angola también han modificado su código penal para despenalizar la homosexualidad.

“Ahora mismo estamos en shock”, continúa la mujer que prefiere preservar su identidad. “Todavía no entendemos muy bien cómo se va a aplicar la ley porque parece que lo que quieren penalizar es la promoción pública de la homosexualidad y no el hecho de serlo”, por lo que será necesario esperar a la publicación íntegra de la norma, continúa. Sin embargo, le inquieta que el texto legitime la homofobia. “De momento vamos a evitar ir a algunos sitios que ahora mismo están siendo atacados en las redes sociales”, explica la joven.

Una “familia burkinesa”

La decisión llega en un momento político particular en Burkina Faso, en el que las autoridades militares han lanzado una campaña cultural contra lo que consideran una imposición de valores extranjeros, sin tener en cuenta que grupos de ultraderecha europeos y estadounidenses, como el Congreso Mundial de las Familias o CitizenGo, impulsan desde hace años la homofobia en países africanos. “Este nuevo código respeta los valores culturales y la voluntad de construir una familia burkinesa”, declaró Bayala.

Todavía no entendemos muy bien cómo se va a aplicar la ley porque parece que lo que quieren penalizar es la promoción pública de la homosexualidad y no el hecho de serlo

Joven burkinesa que prefiere mantener el anonimato

El nuevo texto incluye otras reformas en sintonía con la supuesta recuperación de las tradiciones del país, como el reconocimiento por parte del Estado Civil de los matrimonios tradicionales celebrados en las zonas rurales, la imposibilidad de obtener la nacionalidad de forma inmediata después del matrimonio y la reducción de la edad legal para contraer matrimonio de 20 a 18 años.

Sophia (nombre ficticio para preservar su identidad), una mujer lesbiana de 34 años, ya no responde a las llamadas ni a los mensajes desde la aprobación de la ley. Esta joven extranjera encontró hace casi una década en Burkina Faso un país de acogida, pero ahora ya está pensando en cómo irse después de que recibiera amenazas en las redes sociales a finales de julio por su pertenencia a la comunidad LGTBIQ. Su periplo para encontrar un país seguro dónde vivir en África Occidental empezó cuando era menor de edad. Pero hace un año, cuando la junta militar amenazaba con aprobar la ley homófoba, ella ya había comenzado a sentir la hostilidad contra su comunidad: “Antes, en Burkina Faso lo mejor era pasar desapercibido, pero que en general nadie te decía nada si tu no molestabas”, recuerda. Sin embargo, en los últimos tiempos, la comunidad LGTBIQ se ha visto obligada a protegerse de ataques homófobos y se ha organizado para hacer encuentros privados en los que no están permitidos los teléfonos o por ejemplo no se dice la ubicación del encuentro hasta el último momento.

“Los homosexuales seguiremos existiendo, pero ahora nos obligarán a permanecer en el ámbito privado”, señala un miembro del colectivo. Y clama: “Cuando veo tantas noticias y que la prensa habla pienso que quizá sería mejor mantener la discreción. Nos escondemos, pero ¡seguimos viviendo!”.