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“Los terroristas pararon un coche y mataron a todos”: el miedo en Burkina Faso, la crisis de desplazados más ignorada del mundo

El Consejo Noruego para los Refugiados llama la atención sobre el país africano, en el que dos millones de personas han abandonado sus hogares huyendo de la violencia yihadista, sin recibir atención mediática ni financiación

Burkina Faso
Awa, una mujer desplazada, con su hija, en la Court de la Solidarité de Bobo-Dioulasso, un espacio para personas vulnerables en el oeste de Burkina Faso.Èlia Borràs

Awa, de 40 años, recibió una llamada el 6 de junio desde Pandianga, un pueblo al este de Burkina Faso. “Me llamaron para decirme que los terroristas pararon un coche, hicieron bajar a todos los hombres, incluso al chófer, y los mataron”, explica esta mujer, cuyo nombre es ficticio para preservar su identidad. Entre las víctimas de los “hombres del bosque”, como se conoce a los terroristas, estaba su hermano.

“Si tuviera 10.000 francos (15,26 euros), volvería a mi pueblo para estar con mi madre”, afirma. Habla desde Bobo-Dioulasso, la segunda ciudad más importante del país, a más de 600 kilómetros al oeste, donde vive junto con sus dos hijas desde hace un par de años. “Llegué a la estación de autobuses, no conocía a nadie, dormimos allí durante dos días hasta que un señor nos trajo hasta aquí”, recuerda. Ahora duerme en la Court de la Solidarité de Colma (un espacio para personas en situación de extrema vulnerabilidad) y está registrada como “desplazada interna”, el nombre que se les da a los más de dos millones de personas que han tenido que huir de sus casas debido a la violencia yihadista que azota el país desde 2015, acrecentada por la pobreza extrema y el cambio climático. Casi la mitad del territorio del país está actualmente fuera del control del Estado. El pasado 11 de junio, un ataque yihadista de un grupo vinculado a Al Qaeda contra la base militar de Mansila, en la frontera con Níger, terminó con un pueblo arrasado y un centenar de militares y decenas de civiles asesinados.

Si tuviera 10.000 francos (15,26 euros), volvería a mi pueblo
Awa, desplazada interna de Burkina Faso

Desde que empezó la insurgencia yihadista en Burkina Faso, Awa ha perdido a su marido, que se fue y de quien no tiene noticias ni número de teléfono; a su padre, a cuyo funeral no pudo enviar ni 100 francos (0,15 céntimos); y ahora a su hermano, de quien tampoco va a poder despedirse.

Por segundo año consecutivo, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, en sus siglas en inglés) ha calificado la de Burkina Faso como “la crisis de desplazados más ignorada del mundo”, con 707.000 nuevos desplazamientos este 2023 y miles de personas excluidas de la ayuda humanitaria. El NRC analiza los desplazamientos forzosos de todo el mundo que afectan a un mínimo de 200.000 personas, y después elabora la clasificación de los 10 que menos titulares ocupan, que menos ayuda humanitaria reciben y que menos atención tienen en las discusiones internacionales y diplomáticas. A Burkina Faso le siguen Camerún (1,1 millones de desplazados), República Democrática del Congo (6,9 millones de desplazados), Malí (340.000 desplazados) y Níger (335.000 desplazados).

36 ciudades aisladas del mundo

Uno de los principales retos de las operaciones humanitarias en Burkina Faso es el acceso a las zonas que viven bajo bloqueo yihadista, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Ayuda Humanitaria (OCHA, en sus siglas en inglés). Solo es posible llegar a ellas con los helicópteros del Servicio Humanitario de Aire de las Naciones Unidas (UNHAS, por sus siglas en inglés) que salen desde el aeropuerto de la capital, Uagadugú, o en convoyes militares organizados por el ejército, con una logística estricta y secreta para evitar ataques, como el producido en septiembre de 2022, que dejó 11 muertos.

Se trata de 36 ciudades que suman unos dos millones de personas que han quedado aisladas del mundo, ya que los grupos yihadistas han aplicado un bloqueo en las carreteras que prohíbe la llegada de camiones con comida, así como medicamentos o gasolina. Según el NRC, al menos 500.000 personas han quedado atrapadas en una “zona de ángulo muerto”, privadas de cualquier ayuda humanitaria.

Awa, en la Court de la Solidarité de Bobo-Dioulasso.
Awa, en la Court de la Solidarité de Bobo-Dioulasso.Èlia Borràs

Adama, de 47 años, es un burkinés que trabaja en una organización humanitaria en la ciudad de Fada N’Gourma, la capital de la región Este de Burkina Faso y la última ciudad bajo control gubernamental de esta región. Está en contacto telefónico con la población que vive en las localidades bajo control yihadista, y destaca la importancia de que este tipo de contacto no se pierda porque es la “única conexión e intercambio comercial” de la zona con el mundo exterior. Así, por ejemplo, un comerciante de ovejas de Diapaga (ciudad bajo asedio de la región Este) puede hacer llegar un animal hasta la capital, y gracias a una transacción económica a través de Orange Money (sistema de envío de dinero con el móvil), ganar unos 100 euros. En estas zonas, el precio de la gasolina puede llegar a costar entre 5.000 francos (7,63 euros) y 7.500 francos (11,4 euros) el litro, según explica Adama.

La ayuda humanitaria, en el punto de mira

A medida que el conflicto se encrudece en Burkina Faso, también lo hacen las necesidades humanitarias, que se han convertido en una “crisis sin precedentes”, declaró el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, a finales de junio. Unos 6,3 millones de personas (de un total de 23,2 millones de habitantes) necesitan ayuda humanitaria, aseguró en una rueda de prensa. En 2023 solo se cubrió el 39,1% del financiamiento requerido para Burkina Faso, según datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA). “Las organizaciones humanitarias tiene que hacer frente a impedimentos impuestos por el Gobierno, como por ejemplo la prohibición de distribuir dinero en efectivo, de empezar un diálogo humanitario con los grupos armados, y de ir a las zonas que no están bajo control gubernamental”, explicaba el secretario general del NRC, Jan Egeland, en una entrevista reciente.

Las tensiones entre la junta militar liderada por el presidente, Ibrahim Traoré, en el poder desde el golpe de Estado de septiembre de 2022, y las organizaciones internacionales está dificultando el acceso y generando un clima de desconfianza y de sospecha hacia la actividad humanitaria. El 7 de junio, una manifestación convocada por la Coordinación Nacional de Asociaciones de la Veille Citoyenne, una organización afín al régimen de Traoré, se manifestó delante del edificio de Naciones Unidas en Uagadugú con carteles donde se podía leer “¡Fuera la ONU!” o “ONU = Hipocresía”, como respuesta a la publicación de un comunicado que denuncia las masacres de civiles por parte del ejército burkinés.

La falta de acceso sobre el terreno y la mala percepción de los actores humanitarios ha provocado que estos no puedan casi salir de la capital, limitando todo el desplazamiento y trabajando a distancia con sus socios locales que sí están presentes en las zonas más inseguras. El hecho de depender de los helicópteros de UNHAS ha limitado la disponibilidad de movimiento de los trabajadores humanitarios. Además, se trata de una alternativa mucho más costosa que moverse por carretera.

Escuela temporal para niños y niñas desplazadas en la ciudad de Ouahigouya capital de la región Norte de Burkina Faso.
Escuela temporal para niños y niñas desplazadas en la ciudad de Ouahigouya capital de la región Norte de Burkina Faso.Èlia Borràs

La situación afecta especialmente a los niños. Awa, desplazada en la ciudad de Bobo-Dioulasso, tiene dos hijas. La mayor, adolescente, tiene ganas de seguir los estudios, pero por ahora consigue ganar algo de dinero trabajando en un pequeño puesto de venta de caramelos, cacahuetes y huevos duros. La menor tiene 11 años y ha podido reengancharse a la escuela de Bobo-Dioulasso. En Burkina Faso, 6 de cada 10 desplazados son menores de edad y de estos, el 50% no se inscriben en la escuela. Además, un cuarto de los centros educativos del país están cerrados, lo que afecta a un millón de estudiantes, según Unicef.

Mientras, Adama, el trabajador humanitario en la región Este de Burkina Faso, espera un convoy militar que lo va a conducir hasta ciudades más al levante del país para poder seguir trabajando y desarrollando sus proyectos, además de visitar a sus amigos.Es un riesgo, ya que los grupos terroristas han empezado a introducir minas explosivas de fabricación propia en las principales carreteras. “Estamos acostumbrados”, dice Adama, sobre la convivencia con la amenaza yihadista. Él ha sido secuestrado varias veces, pero, pese al miedo presente en muchas ciudades, como la suya, ha organizado para este fin de curso la fiesta de las tradiciones en la escuela de Fada N’Gourma. “Es una alegría cuando veo a los niños contentos”, asegura.

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