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La desigualdad también está en el agua

Una investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona revela una “enorme brecha” entre países en cuanto a la regulación y el control de los niveles de químicos en el agua de consumo

desigualdad etiopia
Una mujer etíope lleva un bidón de agua mientras camina en el campamento de Umrakoba, en la frontera entre Sudán y Etiopía.MOHAMED NURELDIN ABDALLAH (Reuters)
Alejandra Agudo

El acto de abrir un grifo en Botsuana y beber el agua tratada para su consumo no es garantía de salubridad. Un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) revela que en este país su regulación permite concentraciones de trihalometanos —un subproducto químico resultante de la interacción del cloro desinfectante con materia orgánica— 10 veces por encima de lo que permite la Unión Europea (100 microgramos por litro), en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

La investigación publicada en la revista Water Research muestra una “enorme brecha” entre países de ingresos altos y bajos respecto de la manera en que regulan y controlan la presencia de contaminantes químicos en el agua de consumo, en palabras de sus autores. Y advierten que la exposición prolongada a trihalometanos “está asociada consistentemente al cáncer de vejiga”.

“Encontramos que muchos países carecen de regulación; y los hay que sí tienen, pero no hacen controles”, desgrana Cristina Villanueva, investigadora de ISGlobal participante en el estudio. Según los datos analizados de 116 países, en 27 no existen normas relativas a la presencia de trihalometanos en el agua de consumo. Y entre los 89 países que disponen de una reglamentación al respecto, los niveles máximos permitidos oscilan entre los 25 microgramos por litro de Dinamarca y los 1.000 de Botsuana. Entre estos rangos, los países más restrictivos son Austria, Zambia e Italia —cuyas guías establecen un máximo de 30 microgramos por litro— frente a los más laxos, que son Ecuador (500), Australia (250), México y Colombia (200).

Tampoco disponer de una norma, sea cual sea la concentración permitida, asegura que las autoridades vigilen que se cumpla. Únicamente 47 países realizan controles rutinarios, según los hallazgos del equipo investigador, y no siempre sobre el agua que consume la mayoría de su población. En 14, incluidos China, India, Rusia y Nigeria, —que aglutinan al 40% de la población mundial—, registran datos sobre los niveles de trihalometanos en determinadas ciudades o territorios delimitados, por lo que sus resultados son parciales. En cinco —Albania, Nigeria, Uganda, Vietnam y Zambia— ni siquiera eso. De otros 33 no se puede saber si hacen algún tipo de control o no porque no hay datos al respecto.

Es preferible clorar el agua y prevenir diarreas que evitar el riesgo químico
Cristina Villanueva, investigadora de ISGlobal

La presencia de trihalometanos es signo de que esta ha sido clorada, lo que es indispensable para eliminar patógenos causantes de enfermedades como la diarrea, la primera causa de mortalidad infantil de menores de cinco años en el mundo, según la OMS. Cada año, fallece más de medio millón por esta dolencia prevenible y tratable.

“Es preferible clorar el agua y prevenir diarreas que evitar el riesgo químico”. Villanueva aclara que su estudio no pone en cuestión el uso del cloro como desinfectante, sino la falta de regulación y controles respecto a los efectos adversos que su utilización provoca: la generación de contaminantes como los trihalometanos en cantidades elevadas.

Para mejorar la calidad del agua no hay una única solución, pero las que hay son complejas y fuera del alcance en economías desfavorecidas. “Añadir etapas de tratamiento y otros procesos complejos se los pueden permitir los países de renta alta. Para los menos desarrollados, las opciones son limitadas”, explica Villanueva. “Algunos optan por usar otros desinfectantes distintos del cloro, como Italia, o reducir la materia orgánica en el agua antes de tratarla”, expone la experta. También reduce el riesgo de que se generen trihalometanos extraer agua subterránea que está suficientemente limpia, con menor cantidad de materia orgánica que interaccione con el cloro. “Pero no siempre está disponible”.

En los países en desarrollo, Villanueva sugiere “buscar otras soluciones a su medida” como el tratamiento en el punto de consumo, el uso de filtros cerámicos o sistemas solares. “La falta de datos en estos países se debe, en buena medida, a que no hay un suministro centralizado de agua y el consumo está demasiado atomizado, lo que dificulta las labores de control”, detalla.

El sexto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible urge a garantizar el acceso universal a agua segura, libre de contaminación, para 2030. Lo que justifica, en opinión de los investigadores, la necesidad de profundizar en el estudio sobre qué legislación existe al respecto y cómo se aplica. Pero todavía hay una “falta de conocimiento sobre la presencia de químicos en el agua de consumo, especialmente en los países de ingresos bajos y medios”, lamentan. El problema, rematan, es creciente; sin embargo, la atención que se le presta es “limitada” en comparación con la que recibe la extensión del suministro.

Reconocen los autores que la escasez del agua es una crisis que va a ir a peor. Más de 2.000 millones viven en países con estrés hídrico, una situación agravada en algunas regiones como consecuencia del cambio climático y el crecimiento demográfico, anota la OMS. Esa misma cantidad de personas utilizan una fuente de agua potable contaminada con heces, lo que representa “el mayor riesgo para la seguridad del agua de consumo”, según este organismo. En 2020, de acuerdo con sus datos, el 74% de la población mundial (5.800 millones de personas) utilizaba un servicio de agua potable gestionado de forma segura, disponible cuando se necesita y libre de contaminación. Los hallazgos de ISGlobal constatan que la presencia de químicos, desconocida y descontrolada, impiden corroborar tajantemente tal afirmación.

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Sobre la firma

Alejandra Agudo
Reportera de EL PAÍS especializada en desarrollo sostenible (derechos de las mujeres y pobreza extrema), ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Miembro de la Junta Directiva de Reporteros Sin Fronteras. Antes trabajó en la radio, revistas de información local, económica y el Tercer Sector. Licenciada en periodismo por la UCM

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