Lo que ha unido el café que no lo separe la guerra

Denilson Oidor, de 38 años, sirve el almuerzo a su compañera y a su hija pequeña antes de irse a trabajar a la finca que tiene con sus padres y donde ha trabajado toda su vida como agricultor. Oidor y su familia viven principalmente de la producción de café, como la mayoría de moradores del departamento del Cauca. Esta es la cuarta región productora de café en Colombia y de donde sale el de mejor calidad, según dicen. También es la zona donde la guerra arreció durante años y donde la violencia aún persiste, pues quedan diversos grupos armados incluso después de la firma de los acuerdos de paz entre la organización guerrillera insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el Estado.

Aunque en agosto de este año los precios del café alcanzaron una cifra récord en el mercado internacional –2,58 euros por carga, que es la unidad de medida de peso, equivalente a 125 kilos– los caficultores de Inzá no han podido beneficiarse de esta bonanza. La razón es que la producción ha disminuido debido a que las fuertes lluvias y la bajada de temperaturas que golpean al país han afectado los cultivos del grano. Además, la comercialización también se ha visto dañada por las limitaciones del transporte: las vías sin asfalto, embarradas y muchas veces intransitables limitan el transporte del producto. Oidor ve con escepticismo la subida del valor. “Acá compran mucho café, pero los intermediarios son los que se lo llevan”, comenta.

Para Oidor y otras familias de la zona, los diferentes intermediarios hasta llegar al comprador final son los que se llevan la ganancia, dejando al productor en lo más bajo de la cadena comercial. Por eso están interesados en ser parte de la Mesa Nacional del Café, una iniciativa de los excombatientes de las FARC-EP y la Agencia de Reincorporación y Normalización que busca unificar a los productores en las regiones. Pero Oidor reconoce que su participación dependerá del precio que se proponga.

Parte del café que se produce en Inzá es de las variedades caturra, geisha y bourbon, de muy alta calidad, por lo que su coste es superior a la media. Identificar los tipos de grano que interesan para la exportación se logra mediante análisis y catas que se hacen en laboratorios. Por eso, Oidor considera importante tener uno en su comunidad para realizar las pruebas pertinentes a las cosechas.

Las familias esperaban con ilusión la reforma rural integral, nacida de los acuerdos de paz, que pretende fortalecer el campo con diferentes proyectos. La comunidad quería ser parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que darían acceso a recursos a los municipios más golpeados por la guerra y por la pobreza. Para los productores de Inzá, ser parte de los PDET les permitiría tener un laboratorio de café. Pero muchos de estos fondos, más de 115 millones de euros, fueron apropiados a través de sobornos por funcionarios del anterior Gobierno, como descubrió una reciente investigación de un medio local.

Por medio de la recién formada Mesa Nacional del Café y empresas del sector, Manuel Guachetá, de 35 años, estuvo en España recibiendo una formación sobre la cadena de valor del producto, así como análisis sensorial, cata y en barismo (preparación de la bebida). Aunque actualmente trabaja en una cooperativa en otro municipio, su meta es implementar en su pueblo, Inzá, todo lo que aprendió, y así agrupar tanto a los reincorporados de las FARC-EP como a las familias cafeteras de la zona.

La articulación de proyectos productivos entre la comunidad y los excombatientes de las FARC-EP es una parte importante en las políticas de reincorporación acordadas para facilitar la inserción de los excombatientes en las comunidades. En Caldono, un municipio del norte del Cauca, ya están en marcha estas alianzas para el desarrollo de distintas iniciativas en el campo. Robert (alias con el que se presenta y que es como se le conocía en las FARC), es el encargado del plan de porcicultura. Después de pasar por diferentes unidades de la guerrilla, se convirtió en guardia del máximo comandante de la época, Alfonso Cano, que fue abatido en 2011 en una operación del ejército colombiano.

Los excombatientes de esta zona del norte del Cauca prevén que la granja porcina llegue a convertirse en una de las más avanzadas de la región y se suma a otros proyectos de piscicultura, ganadería, horticultura y de cultivos de aguacate hass. La iniciativa se encuentra en tierras del cabildo indígena de Caldono y la alianza aquí entre indígenas y excombatientes que se han establecido en la zona todavía es objeto de debate porque aún tiene que resolverse la cuestión de la tenencia de las tierras y el futuro de los procesos agrícolas que comienzan.

Robert cuenta que también se presentan otras dificultades: “No llegamos aprendidos acá en el tema técnico, hubo algunos errores en el planteamiento y ahora se va a reformular”. Actualmente, la iniciativa cuenta con 435 excombatientes, la mayoría de la región, que se concentraron en Carlos Perdomo, un espacio territorial de capacitación y concentración (ETCR), como se llama a los lugares donde se establecieron los excombatientes cuando dejaron las armas.

Un tema crítico en Inzá es el incremento de la violencia. Grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y otros disidentes de las FARC como Dagoberto Ramos y la Segunda Marquetalia, que no se desmovilizaron en 2016, siguen batallando por el control de territorial en esta zona del norte del Cauca. También es este distrito en donde más de 50 excombatientes han sido asesinados, según un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se suman a los más de 300 excombatientes ejecutados en Colombia desde la firma del acuerdo de paz.

Esto lo sabe bien Marcela, veterana de las FARC-EP, quien solo quiere dar su antiguo nombre de guerra. El pasado 9 de junio, unos hombres en moto dispararon a su compañero y a ella cuando transitaban la vía Panamericana. Marcela vive junto a 30 personas más en el campamento de Santa Rosa, en el ETCR Carlos Perdomo.

El cabildo de Caldono de la comunidad Nasa donó esta tierra a los excombatientes. Allí, William Muriel, de 34 años, dirige el proyecto residencial por el que se construían 145 viviendas de interés social. Para ello, se empleará, durante 13 meses, a 50 excombatientes y 30 personas de la comunidad. Muriel explica que no solo se levantará un conjunto de casas, al que llamarán Ciudadela, sino que además comenzarán las obras de un acueducto, así como del alcantarillado. De todo ello se beneficiará toda la comunidad.

Antes de dirigir el proyecto de vivienda, Muriel coordinó el de porcicultura. Este tipo de cargos son rotativos. “No me puedo atornillar a porcicultura, porque eso no es lo mío, es de una militancia muy amplia”, explica él.

Muriel conoce la guerra desde pequeño. Supo de las FARC-EP a los nueve años, cuando fue desplazado de los llanos orientales por los paramilitares y estuvo más de dos décadas combatiendo en el Cauca. Hoy, está convencido de los beneficios de los proyectos comunales. “En este momento estamos rodeados de grupos armados, pero no vamos a correr”, zanja.

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