“Tenemos un sistema educativo igual de estandarizado, patriarcal y homogeneizador que hace 300 años”

“La vida se nutre de energías distintas, de materiales nuevos y antiguos, de millones de voces, de luces y sombras que conforman realidades también múltiples, en las que participan todos los seres”. Así arranca el documento Educar es incluir, un camino que garantiza derechos que, presentado el pasado miércoles por la ONG jesuita Entreculturas, confirma que los sistemas educativos han aplicado métodos uniformes de enseñanza y evaluación a un universo de personas (con y sin discapacidades) caracterizado por tener distintas formas y estilos de aprendizaje. El efecto inmediato de tales premisas, reza la memoria, ha sido la exclusión y la segregación de quienes no logran adaptarse a sus métodos. ¿Las más afectadas? Las personas con discapacidad. Vernor Muñoz Villalobos (Costa Rica, 1960), que fue Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación entre 2004 y 2010, es el autor de este informe.

Pregunta. Lleva más de tres décadas dedicado al tema de la educación. ¿Cómo empezó?

Respuesta. Me vino la locura cuando trabajé en el Ministerio de Educación de mi país, Costa Rica, entre 1986 y 1990. Cuando tuve la oportunidad de vincularme a programas de educación en derechos humanos. Desde entonces, siempre he estado unido a esa lucha.

P. El pasado lunes se cerró la Cumbre sobre la Transformación de la Educación de Naciones Unidas, celebrada en Nueva York. Un encuentro internacional donde se reunieron más de 130 países para reiniciar sus sistemas educativos y poner fin a la crisis del aprendizaje tras la pandemia de la covid-19. ¿En qué consiste esta crisis del aprendizaje?

R. Detrás de esa crisis, que la hay, hay una mayor: la de desigualdad y violencia, que se manifiesta mediante un sistema educativo que es el mismo –estandarizado, patriarcal, homogeneizador– que teníamos en la modernidad industrial, hace 300 años. Que en lugar de aprender de las diferencias, las castiga. Al final, este sistema deriva en maestros sin formación enseñando a niños sin motivación.

P. Frente a esta crisis, ¿qué propone?

R. La educación inclusiva. Pero todavía está en plena construcción, porque empezó, más o menos, a finales de la década de los años noventa. Para mí, lo más importante es que no se refiere únicamente al derecho a la educación de las personas con discapacidad, sino que se refiere a que la educación, en todo su conjunto, debe entenderse desde una visión de derechos humanos. No se trata de desarrollar una modalidad destinada a atender exclusivamente a las personas con discapacidad. Es, más bien, un enfoque y un proceso que abarca a toda la educación (como sistema, teoría, política pública y práctica). Es una orientación de todo el sistema que permite a todas las personas aprender juntas y obtener respuestas del sistema consistentes con sus necesidades y sus características. Es un poco como un traje a medida.

P. ¿Qué diferencia hay entre la educación inclusiva y la especial?

R. La especial se refiere a un sistema segregado, es decir, separa estudiantes que tienen determinadas características físicas o cognitivas del resto de la población estudiantil. Si bien está enfocada a crear capacidades en la población con discapacidad, puede tener consecuencias nefastas para la dignidad de estas personas. Hay como un sin sentido de fondo ahí, porque mientras que en la vida cotidiana convivimos todas las personas juntas, en los sistemas educativos estamos separadas. Con la inclusiva, la escuela debe convertirse en un lugar en el que todas las personas –con o sin discapacidad– puedan aprender juntas.

Este sistema educativo deriva en maestros sin formación enseñando a niños sin motivación

P. ¿Cómo debe cambiar, en su opinión, el sistema educativo?

R. Debe cambiar muchísimo. No podemos esperar que un sistema que ha venido exprimiendo, segregando y expulsando sea el mismo que incluya. No es lógico suponer que la educación inclusiva pueda existir al margen de un sistema social y político que no lo es. Debe darse un cambio estructural, que evidentemente, no se produce de la noche a la mañana. Tiene que haber una transición, que requiere de la voluntad política y de la comunidad. Yo creo que lo más urgente en este momento es que se adopten planes de transición, que estén a cargo de los ministerios de Educación y tengan como referente el marco de los derechos humanos. Por otro lado, hay que dotar de la financiación necesaria al sector, y esta debe venir de fondos nacionales, no de la cooperación.

P. ¿Saldría muy cara la educación inclusiva?

R. Hay un informe de Unicef que demuestra que es incluso más barato pensar en sistemas de educación inclusivos, que reúnan a niños con y sin discapacidad. Sin embargo, todo esto requiere de un rediseño de los mecanismos de financiación. Porque una escuela que ha sido destinada a segregar no puede ser la misma que incluye. Hay que invertir en los medios de apoyo y los ajustes razonables para que los chicos con discapacidad puedan convivir con los chicos sin discapacidad, y para que los maestros regulares puedan convivir con los especialistas. Pienso también en reducir el tamaño de las aulas, en una línea didáctica distinta que atienda a las características personales diversas… Al final, es un traje a medida mucho más efectivo que la educación especial.

P. ¿Qué ventajas traería?

R. El informe destaca que el apartheid educativo ha privado a la población sin discapacidad de conocer y disfrutar de un mundo de sensibilidades y de capacidades diferentes. Los ha condenado a no beneficiarse de una visión del mundo distinta a la suya y que podría enriquecerles. Por supuesto, favorecería el máximo desarrollo de la personalidad, capacidades y competencias del alumnado con discapacidad, respondiendo a sus necesidades individuales y expectativas sobre su futuro, superando el modelo asistencial y médico-rehabilitador.

P. Centrémonos en el informe Educar es incluir, un camino que garantiza derechos, del que es autor. ¿Cuáles son las cifras y datos que más le preocupan?

R. Me preocupan casi todas las cifras, pero no me sorprenden. Para empezar, la existencia de mil millones de personas con discapacidades, lo que supone el 15% de la población mundial. Y estas cifras son discutibles, a falta de estadísticas suficientemente confiables. Luego, uno de cada tres niños con discapacidad en edad de cursar Primaria no está escolarizado, en comparación con uno de cada siete niños sin discapacidad.

P. ¿Y las de violencia?

R. Me preocupan muchísimo. Los niños con discapacidad tienen más probabilidades de ser víctimas de cualquier tipo de maltrato en todos los entornos: en el hogar, en la comunidad y en la escuela. Cuando hablamos de violencia en las escuelas, no nos referimos solo a la física, sino también a la psicológica, en forma de bullying, y a la cognitiva, a través, por ejemplo, de parámetros de evaluación igual que los de los niños sin discapacidad. De hecho, la exclusión es la principal forma de violencia estructural.

P. ¿Quiénes son los más vulnerables frente a esta problemática? ¿Las niñas? ¿Los refugiados?

R. Es más importante saber dónde están, que quiénes son. Aquellos países donde los procesos de apoyo a las personas con discapacidad en sus procesos educativos son frágiles, las desventajas van a ser muchas. Y esto no pasa solamente en países de África subsahariana, del sur de Asia y América Latina, sino también en países desarrollados. Y España no es una excepción. Existen todavía entornos donde los chicos con discapacidad podrían estar aprendiendo de manera más significativa y, sin embargo, se les condena al entretenimiento, a los juegos.

La educación inclusiva es un traje a medida mucho más efectivo que la educación especial

P. ¿Qué países lo están haciendo bien y cuáles mal?

R. Bueno, es que cada país tiene sus características positivas y negativas. No podemos hacer una generalización porque, por ejemplo, los hay que tienen sistemas legales bastante progresistas y modernos, y tienen poblaciones específicas a las que esa legislación no llega. Es decir, hay que entender que los avances en la educación inclusiva operan al menos cuatro niveles. El primero es un marco jurídico que contemple los principios de la educación inclusiva y los establezca como derechos básicos. El segundo es que esas normas se conviertan en políticas públicas. El tercero es que esas políticas se conviertan en contenidos curriculares, en una pedagogía, en una didáctica. El último es la práctica concreta, el quehacer cotidiano, lo que realmente sucede. Así, tenemos en un extremo el caso de Finlandia, donde solo existe una escuela para todos, y en el otro países donde ni siquiera existe una ley de educación inclusiva.

P. Según el informe, la educación inclusiva requiere un amplio rango de servicios y medidas a cargo del Estado que den respuesta a las cuatro dimensiones del derecho: disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y adaptabilidad. ¿Podría explicarme en qué consiste cada una de ellas?

R. La disponibilidad es la obligación del Estado de hacer posible la educación, a través de la financiación, de la formación de maestros, de la construcción de escuelas donde y como se necesiten. La accesibilidad tiene que ver con el acceso de las personas a las oportunidades educativas, y tiene tres dimensiones: la física, la económica, y la de no discriminación. La aceptabilidad nos recuerda que no tenemos derecho a cualquier educación, sino a una que sirva para dignificar la vida. A una que sea pertinente, es decir, que esté acorde con los tiempos; y relevante, es decir, que sea significativa, que abra las puertas del mundo. La adaptabilidad es adaptar la oferta educativa a las características y necesidades de las personas.

P. Fue Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación entre 2004 y 2010. ¿En qué consiste ese cargo?

R. Básicamente, el trabajo consiste en analizar el estado de cumplimiento del derecho a la educación y emitir recomendaciones específicas tanto a la comunidad de Estados como a los países concernidos, y presentar esos informes ante el Consejo de Derechos Humanos y ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y también ofrecer un puente entre las organizaciones de la sociedad civil y la ONU.

P. Ahora, ¿a qué se dedica?

R. Soy el director de Incidencia Política de la Campaña Mundial por la Educación (CME), que reclama el derecho a una educación de calidad, equitativa, gratuita y universal para todas las personas del mundo, y que está presente en 124 países de África, Asia y Pacífico, Europa y Norteamérica, América Latina y Oriente Medio. Promovemos y defendemos la educación como derecho humano básico.

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